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IU-Mérida propone la creación de un servicio de asistencia jurídica para las familias afectadas por desahucios

Álvaro Vázquez y Amparo Guerra, cabezas de lista de IU Mérida, visitan el mercadillo de la ciudad / IU

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Izquierda Unida-Mérida propone la creación de un servicio de asistencia jurídica para las familias afectadas por procedimientos de desahucio. El objetivo es garantizar la protección efectiva de sus derechos e intereses legítimos frente a los bancos, cajas, y en su caso, administraciones públicas que promuevan este tipo de procedimientos.

La asistencia jurídica a estas familias debería completarse con el desarrollo de las funciones de mediación por parte de la administración municipal, entre los afectados y las entidades y cajas que pretendan hacer valer sus derechos de cobo mediante la ejecución del procedimiento de desahucio, y esto con el propósito de buscar alternativas negociadas a este tipo de conflictos que ponderen el conjuntos de los intereses implicados.

Según explica el concejal de IU Mérída, y candidato a la alcaldía, las declaraciones formales como aquellas que pretenden convertir Mérida zona libre de desahucios, si bien nos parece oportunas y necesarias, lo cierto es que no resuelven el problema al limitarse a una mera declaración de intenciones, con todas las ventajas y limitaciones que eso comporta, sin que finalmente tengas efectos relevantes, salvo en momentos puntuales y muy concretos.

“Asimismo, debemos señalar que la legislación que regula esta materia es objeto de reserva ley y competencia del Estado, por lo que únicamente podría modificarse el régimen jurídico que lo regula a través de una iniciativa legislativa en el marco del Congreso de los Diputados”.

Por todo ello, desde IU Mérida indica que, vistas las limitaciones de atribuciones y de competencias que sufren los Ayuntamientos en esta materia, “consideramos que más allá de las declaraciones formales sobre el rechazo que nos producen este tipo de circunstancias, es necesario adoptar medidas concretas que permitan garantizar el ejercicio efectivo para la tutela y protección de sus derechos”.

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