La Junta firma un convenio con el Estado sobre derecho de acceso a información pública
La Junta de Extremadura ha firmado con el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno del Estado un convenio para la resolución de las reclamaciones presentadas en materia del derecho de acceso a la información pública.
El convenio, rubricado por la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, y la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, tramitará las reclamaciones que, relacionadas con el derecho a saber, presenten en el territorio y contra resoluciones de sus administraciones autonómica o local los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Con la firma del convenio, sin renunciar a sus competencias, Extremadura transfiere al Consejo de Transparencia estatal la gestión, resolución y notificación de las reclamaciones que presenten sus ciudadanos, en los casos en los que el solicitante no encuentre satisfecha su demanda de información, bien porque se le deniegue o no se le responda a la petición formulada.
El objetivo perseguido por el Ejecutivo regional es avanzar en la consecución e implantación real de una administración abierta que promueva la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana, mediante la construcción de un sistema público responsable en su comportamiento y funcionamiento, que genere confianza en la ciudadanía y le anime a participar.
Con ello además, se pretende disponer de un sistema de control y vigilancia permanente sobre toda su actividad que impida las desviaciones de poder en las actuaciones públicas, ha informado hoy la Junta en una nota de prensa.
No obstante en el marco de Gobierno Abierto, cobra especial transcendencia el derecho de acceso a la información pública entendido como la obligación de la administración de facilitar a la ciudadanía cualquier información o documento de relevancia o influencia en las decisiones que afectan a la vida cotidiana de las personas.
Con este convenio los extremeños podrán presentar sus reclamaciones bien directamente al Consejo de Transparencia, a través de los cauces habituales (sede electrónica próximamente, correo electrónico o correo ordinario) o a través de cualquier registro público de las administraciones públicas.
