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La Junta aprueba su plan de reactivación económica con el respaldo de Cs

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, en el pleno de la Asamblea de Extremadura

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El pleno de la Asamblea ha aprobado la convalidación del decreto de medidas extraordinarias para impulsar la recuperación del tejido productivo, el empleo y la actividad económica frente a la crisis del COVID-19.

Se trata de un decreto que suma 64,8 millones de euros y que ha contado con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, mientras que PP y Unidas Por Extremadura se han abstenido.

Fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 24 de abril, y contempla seis programas de subvenciones por importe de 58 millones de euros y una previsión de más de 65.000 beneficiarios, a los que se suman dos programas específicos en materia de turismo y agricultura, con un importe total de 6,8 millones.

En el seno del Parlamento regional también se ha aprobado un decreto que incluye una serie de procedimientos necesarios para la puesta en marcha del curso escolar 2020/2021, además de articular mecanismos de tramitación telemática. Este segundo decreto ha sido rechazado por toda la oposición.

“Respuestas contundentes”

Esther Gutiérrez ha defendido que “ante una situación contundente, solo caben respuestas contundentes”, y ha recordado que la paralización de la actividad económica le llegó a Extremadura “en un momento de expansión de su mercado laboral, de crecimiento del empleo”.

Según ha dicho el decreto económico pretende complementar las medidas del Gobierno central, al mismo tiempo que ha incidido en que es un instrumento “hecho a medida para la ocasión”, pero cuyo diseño “puede marcar la línea a seguir en el futuro en las tramitaciones”.

Ha contado con el apoyo de Ciudadanos, cuyo portavoz, David Salazar, lo ha justificado en que ‘es bueno’ para Extremadura, ya que las medidas están en el camino que la región necesita, y ha señalado que le importa el calificativo de “partido bisagra” que algunos le achacan a su formación, ya que su postura se basa en la coherencia.

Sí ha mostrado su preocupación por la manera en la que esta crisis puede afectar a la convergencia de la región con España o la repercusión de acuerdos suscritos a nivel nacional para derogar la reforma laboral.

Sin embargo, para el portavoz del PP, Hipólito Pacheco, este decreto no da respuesta a las necesidades de empresarios y autónomos, con medidas que son claramente insuficientes o incluyendo partidas como las destinadas al sector agrario que nada tienen que ver con la crisis de la Covid-19.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Lorena Rodríguez, ha señalado que el decreto no tiene en cuenta la emergencia de las ayudas, ya que para ello se deberían hacer más contrataciones para agilizar los trámites, que se acorten los plazos o que se rebaje de 5 a 1 año el período de funcionamiento de un establecimiento turístico para poder recibirlas.

Lorena Rodríguez ha considerado que tampoco se presta demasiada atención al medio rural o que se exija a las empresas beneficiarias que las contrataciones sean por períodos más amplios.

Decreto de educación

El segundo de los decretos, referido a la materia educativa, afecta a los procedimientos de admisión del alumnado, los conciertos educativos y a las subvenciones a ayuntamientos para las escuelas infantiles del primer ciclo de la Educación Infantil (0-3 años), ha explicado la consejera del ramo, Esther Gutiérrez.

Asimismo regula la adjudicación de destino a los integrantes de las listas ordinarias de los cuerpos no universitarios.

La diputada del PP Pilar Pérez y la de UPE Irene de Miguel han criticado que se haya usado el decreto para poder nombrar a Carlos Pérez Vidarte, exalcalde del PSOE en Valdesalor, como director general del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC).

Ambas han invitado a la consejera a marcharse, en el caso de la segunda por la gestión “chapucera” de los comedores escolares.

David Salazar, de Ciudadanos, ha planteado que la crisis ha puesto sobre la mesa las carencias del sistema educativo a la hora de la tramitación telemática, la falta de equipos para los docentes y en las plataformas digitales.

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