Luz verde a un nuevo decreto de apoyo a autónomos para agilizar los trámites y reducir el impacto social de la crisis

La Asamblea de Extremadura ha aprobado este martes el sexto decreto-ley con medidas extraordinarias y urgentes para afrontar la crisis del COVID-19. Dispone de tres artículos en materia de subvenciones, contratos administrativos y selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo.

Busca el apoyo a autónomos y pymes y agiliza la tramitación para disfrutar de una ayuda. El objetivo es paliar, en la medida de lo posible, la difícil situación que atraviesan autónomos, pymes y empresas, e impulsar la recuperación de la actividad de I+D+i en la región.

Se trata de un texto que ha sido aprobado con las críticas de la oposición, por ‘colar’ en la norma las ayudas a la patronal y los sindicatos. Así se ha aprobado con el voto a favor del PSOE, el ‘no’ del PP y la abstención de Ciudadanos (Cs) y Unidas por Extremadura (UPE).

La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio por los fallecidos a causa del coronavirus.

Minimizar el impacto de la pandemia

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha explicado que esta norma pretende minimizar el impacto de la pandemia y facilitar que la actividad se recupere tan pronto como la situación sanitaria lo permita y evitar que se convierta en estructural.

En primer lugar, el decreto-ley agiliza la tramitación de nuevos programas de ayudas y subvenciones destinados a autónomos, pymes y empresas, e impulsar la recuperación de la actividad de los proyectos de I+D+i.

Para ello, y durante este ejercicio, la tramitación de las bases reguladoras de subvenciones y ayudas podrán prescindir de trámites de presentación de sugerencias, consulta pública previa, audiencia e información pública, y de los informes de impacto de género, de diversidad de género y de impacto sobre el empleo.

Este mismo proceder se aplicará a las ayudas destinadas a empresas, autónomos, agentes económicos y sociales y entidades públicas que desarrollan actividades de I+D+i. En todo caso, sí que será necesaria la emisión de los informes de Abogacía General e Intervención General, ha precisado el consejero.

En segundo lugar, se arbitran medidas excepcionales en la ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y se prioriza el trabajo a distancia.

La ejecución de contratos públicos dirigidos a programas formativos, de asesoramiento o consultoría, dirigidos a emprendedores, autónomos o empresas, podrá llevarse a cabo a distancia o mediante teleformación.

La tercera medida pretende facilitar los recursos humanos necesarias para hacer frente a las necesidades sanitarias de la crisis, especialmente en los centros sociosanitarios.

Para ello, se suspende la aplicación de determinados preceptos normativos que pudieran llegar a disuadir a potenciales trabajadores de aceptar la oferta de trabajo pública porque su incorporación durante el estado de alarma les perjudicara en el futuro.

En concreto, se elimina la vigencia del apartado 7 del artículo 29 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Así se garantiza que los trabajadores contratados a través de bolsas de trabajo se reincorporen a las listas en la posición que les corresponda en función de su puntuación, aunque la duración del contrato o nombramiento exceda de tres meses, en lugar de hacerlo al final como establecía ese reglamento.

Críticas de la oposición

Los tres grupos de la oposición han coincido en que esta norma incluye aspectos inconexos que deberían haberse incluido en los decreto-leyes anteriores y han estado de acuerdo con ellos, salvo con el intento de “colar” como urgentes las ayudas a la patronal y los sindicatos.

El diputado del PP Laureano León ha considerado que la inclusión de estas ayudas “es una pantalla para garantizar la paz social”, al facilitarles que puedan tener el “dinero rápido”.

León, que los ha calificado de “colaboradores necesarios de la Junta de Extremadura”, ha subrayado que con la excusa de la pandemia se ha hecho una “cacicada” para saltarse dos leyes.

Los diputados José María Casares (Cs) y Lorena Rodríguez (UPE) han criticado tanto el borrador como el texto final relativo a los sindicatos y la patronal, ya que inicialmente se acotaban las ayudas a los agentes más representativos.

En este sentido, Rodríguez ha recordado que el informe de la Abogacía General advertía de que este punto violaba el principio de “no discriminación”, por lo que fue modificado. A su juicio, las ayudas para los sindicatos y la patronal son necesarias, pero no es el momento oportuno.

El diputado socialista Jorge Amado ha defendido el decreto-ley porque sigue en la línea de la Junta de dar todas las facilidades para ayudar a la recuperación económica y que nadie se quede atrás.

Ha destacado que facilita la liquidez a autónomos, pymes, empresas y “como no, y lo decimos sin ningún tipo de pudor, para la actividad de los agentes y económicos”. A su juicio están siendo muy necesario estos días para empresarios y trabajadores, a pesar de los “bulos y fake news” que algunos siguen extendiendo sobre ellos y la concertación social.