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Los grupos de la oposición en Mérida exigen a la Junta que se haga cargo de las viviendas de ‘Los Álamos’ y haga VPO

Reparto de alimentos del Campamento Dignidad en la Urbanización 'Los Álamos' de Mérida/ JCD

Jesús Conde

Gente sin casas y casas sin gente. Ese es el motivo que ha llevado a todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Mérida a unirse y exigir una solución ‘social’ para las 210 viviendas de la Urbanización 'Los Álamos' de Mérida.

PSOE, IU y SIEX han consensuado un escrito en el que piden a todos los grupos parlamentarios en la Asamblea de Extremadura que presenten enmiendan parciales a las cuentas regionales. Quieren que los presupuestos incorporen una partida adicional que permita a la Junta intervenir en 'Los Álamos' y comprar las casas.

El objetivo es paliar la “fuerte” demanda de ese tipo de vivienda pública existente en la ciudad, mediante la adquisición del inmueble. En la actualidad las viviendas se encuentran vacías y conforman una argamasa de hormigón, ladrillos y hierros que reciben con aires de decadencia a los visitantes que entran por la ciudad junto a la Academia de la Guardia Civil de Tráfico.

La empresa propietaria está en concurso de acreedores

Álvaro Vázquez, Antonio Vélez Sánchez y Estrella Gordillo, concejales de IU, SIEX y PSOE, ponen de manifiesto que en 2013 la promotora “Urbasevi Holding S.A” se declaró en concurso de Acreedores y la promoción que incluye a la “Urbanización Los Álamos” forma parte de la masa activa del procedimiento concursal citado.

A ello se suma que no se ha llevado a efecto la aprobación del Plan de Liquidación del procedimiento concursal, debido a la existencia de alegaciones a la propuesta presentada por el administrador del concurso.

“Esta situación nos sitúa en una posición óptima para facilitar la adquisición por parte del gobierno de nuestra Comunidad Autónoma”, según recoge el escrito consensuado por los tres grupos. Esto terminaría su posterior transformación en VPP, por medio de la terminación de las obras y puesta a disposición de los demandantes en orden a los baremos que pudiera establecer la administración autonómica junto con los servicios sociales municipales.

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