La Junta contabiliza 300 viviendas públicas vacías que serán adjudicadas a familias sin recursos
El objetivo es que no haya viviendas vacías, “ni por parte de las entidades financieras, ni por parte del parque público de viviendas, ni por parte de nadie”. También que aquellas que no se utilizan se pongan a disposición de alquileres sociales o alquileres asequibles.
La Junta ya trabaja en un recuento detallado que permita conocer el parque de viviendas disponible para las familias en riesgo de exclusión social. Lo hace a través del Observatorio de la Vivienda, que ha iniciado un censo que ha permitido detectar que el 2,61 por ciento de las 12.776 revisiones de viviendas de promoción pública hechas hasta ahora corresponden a inmuebles vacíos.
Lo que significa que hasta 300 inmuebles de promoción pública están infrautilizados y ahora serán puestos de nuevo a disposición de las familias con más necesidades.
Así lo explicó el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, que apuntó a la necesidad de conocer el parque residencial tanto público como privado para que no haya ‘gente sin casas, y casas sin gente’.
Junto al censo de los inmuebles se busca hacer un estudio sociológico de los destinatarios de las viviendas, de modo que se recoge información fiable y actualizada que permitirá conocer la realidad social que atraviesan gran parte de los extremeños.
Censo real
La Junta ya trabaja en el análisis del parque de viviendas de la mano de diversos datos y fuentes, tales como el Instituto de Estadística y el Ministerio de Fomento, junto con encuestas a ayuntamientos y mancomunidades. También visitas presenciales a diferentes domicilios.
Según datos del año 2015, en la región extremeña hay un total de 660.012 viviendas, lo que supone un 2,6 por ciento del total de las viviendas españolas. De ese total, el 65,5 por ciento son viviendas principales y el 34,5 por ciento no principales.
Las intervenciones no solo están previstas en el parque de promoción pública, ya que el borrador de ley de emergencia social de la Junta recoge precisamente la expropiación temporal forzosa de viviendas a los bancos por un periodo de hasta tres años. El texto se justifica en la necesidad de asegurar el derecho habitacional a familias en riesgos especiales de emergencia social, en procedimientos de desahucio por impago de la hipoteca y sin capacidad de hacer frente al pago.
Algunas fuentes hablan de que Extremadura dispone de 100.000 viviendas vacías que podrían ayudar a solucionar el problema habitacional, y el observatorio busca justamente eso, cifrar el parque público y privado que no se utiliza.
Perfil de usuarios de viviendas públicas
En cuanto a las viviendas sociales, el censo hecho hasta ahora determina que el 71 por ciento de los casos se ha entrevistado al adjudicatario de la vivienda y en el 35 por ciento a otro residente de la misma.
El consejero Vergeles ha informado de que la tipología del usuario de la vivienda pública tiene una edad que oscila entre los 18 y los 65 años; la media de personas que habitan estas casas es de 3,4; sus ingresos son por contratos temporales; y suelen ser viviendas de una media de 16 años en la construcción.
La mayoría de las viviendas tienen el contratos de alquiler renovado suelen hacer frente a las cuotas de alquiler; menos de un 24 por ciento de las mismas necesitan reformas; y el 73 por ciento de los inquilinos están interesados en adquirirlas y comprar su vivienda.
