La vicealcaldesa de Mérida declara ante la jueza como imputada por prevaricación y repite en las listas del PP
En plena campaña electoral, con las listas ya cerradas y publicadas en el Diario Oficial de la Provincia, al PP de Mérida le ha salido otro problema en Mérida: la vicealcaldesa Raquel Bravo ha declarado ante la jueza como imputada por un posible delito o falta por prevaricación administrativa.
Según ha podido conocer eldiarioex la declaración de Raquel Bravo se ha producido en estos últimos días y a raíz de su testimonio, están saliendo nuevas citaciones del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mérida. Esas nuevas citaciones van dirigidas a funcionarios y otros concejales del Ayuntamiento de Mérida.
La imputación de Raquel Bravo en esta causa tiene su origen en las diligencias previas que tiene abiertas el juzgado ante una posible pasividad del Ayuntamiento tras reiteradas denuncias vecinales por el ruido de bares y locales de copas, irregularidades en la concesión de licencias, mediciones de ruidos…. A pesar de que hay decenas de denuncias, por unas u otras causas, los locales siguieron funcionando durante años.
En este caso, la imputación procede de las denuncias que se vienen sustanciando en torno a un local ubicado en la Plaza de los Escritores. Se trata de la causa 0000124/2014. Pero hay más procesos judiciales abiertos contra la vicealcaldesa por idénticos motivos, aunque referentes a otros locales de copas de la ciudad, presentados por diversos grupos de vecinos afectados, en zonas diferentes de la ciudad y profesionalmente representados por diversos letrados.
Denuncias que no se tramitan
En algunos de esos casos hubo escritos de vecinos dirigidos personalmente a la vicealcaldesa Bravo explicando que determinado local que estaba abierto no tenía licencia o no cumplía los requisitos pertinentes. En otros, se han denunciado llamativas irregularidades y deficiencias en las mediciones de los ruidos.
Ahora en estos procesos judiciales que comienzan a ponerse en marcha, el juzgado quiere saber si mientras ocurrían esos hechos, responsables políticos como la vicealcaldesa Raquel Bravo y otros concejales y funcionarios municipales del área de Urbanismo y Medio Ambiente, actuaron conforme a derecho o por el contrario cometieron algún tipo de falta o delito de prevaricación.
Personal se desentiende
Estas primeras citaciones judiciales están provocando ya un terremoto en las filas del grupo municipal del PP y mucha inquietud en el departamento de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento.
Ese mismo juzgado, en otro de los procesos abiertos por causas similares, ya ha pedido al concejal de personal Fernando Molina un informe sobre el organigrama de la sección de Urbanismo y Medio Ambiente y le requiere para indique nombres y apellidos de los responsables de controlar los ruidos.
Fernando Molina ha querido poner tierra de por medio en este escándalo y ante la petición de información del Juzgado encargó a la jefa de sección un informe. En ese informe que Molina mandó a la jueza con fecha 2 de febrero de 2015, se relacionan a todos los funcionarios del departamento y su cometido. Al menos dos de ellos, ya tienen citación para comparecer como imputados en los próximos días.
Sin embargo, ante el requerimiento de la jueza en torno a quiénes han hecho las mediciones de ruidos en estos años, el concejal de Personal apunta directamente a su vicealcaldesa: “No existiendo datos de quienes realizaban las mediciones acústicas o quienes tramitaban las denuncias, ya que dichas funciones se encomiendan mediante nombramientos de instructores por la delegación de Medio Ambiente y Urbanismo”, indica Molina en el escrito a la jueza.
Ab pesar de su imputación y de los varios frentes judiciales abiertos, el alcalde Pedro Acedo ha decido mantener a Bravo en la candidatura del PP para las elecciones del 24 de mayo además en un puesto destacado, en el número 4.
En esta larga y compleja travesía judicial que ahora se inicia, empiezan a surgir otros detalles aleatorios y llamativos. Algunos de los locales de copas reiteradamente denunciados por los ruidos cuando finalmente llegaron a ser sancionados por el Ayuntamiento fueron defendidos en los tribunales por el letrado Pedro Acedo Cañamero, hijo del alcalde.
