La crisis del coronavirus ha obligado a reajustar más de 120 millones en la región para combatir la pandemia

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco- Morales, ha comparecido este martes en el pleno de la Asamblea, donde ha hecho un balance provisional de las repercusiones económicas de la pandemia. Hasta el momento la crisis del coronavirus ha obligado a reajustar más de 120 millones de las cuentas regionales.

Ha argumentado que cualquier análisis que se pueda presentar es provisional, pues sería ‘imprudente’ cuantificar los recursos para hacer frente a una crisis cuyos efectos aún no han cesado. Lo que está claro, ha añadido, es que “ninguna hacienda pública del mundo va a ingresar lo que tenía previsto ni como lo tenía previsto”.

Blanco- Morales, que ha comparecido a petición propia en la Cámara, ha puesto de manifiesto que las cifras de gasto generadas por la crisis dan una idea de la magnitud del reajuste que la pandemia provoca en los presupuestos para 2020. Ha mencionado los más de 20 millones de euros en costes de personal sanitario, sociosanitario y de emergencia, con 2.481 profesionales incorporados al SES, y 690 al SEPAD y la Dirección General de Servicios Sociales.

A ello suma más de 8 millones de euros de rentas garantizadas. Se han destinado 16 millones a gasto sanitario y otros 64 a las ayudas al mantenimiento y recuperación del empleo incluidos.

Los pagos ordenados a fecha 11 de mayo se elevan a 2.512 millones de euros, ha apuntado.

Peticiones al Gobierno

En cuanto a las peticiones realizadas al Gobierno de la nación, Extremadura mantiene la reclamación de que se financie el déficit exigido en 2019, la previsión de déficit del actual ejercicio, que se adapten las reglas fiscales que dependen de la Unión Europea y que se asignen recursos extraordinarios a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica.

Desde el ámbito europeo, según ha explicado Blanco-Morales, la Comisión Europea ha flexibilizado la gestión de los fondos programados y agilizado su pago, lo que permitirá aumentar los recursos con los que proveer las nuevas necesidades.

También ha recordado que el presidente de la Junta de Extremadura ya avanzó que la renovación de las cuentas regionales centrará el próximo debate del estado de la región, con una voluntad máxima de consenso para afrontar esta crisis sanitaria, social y económica.

Preservar la salud y minimizar el impacto

La consejera ha comenzado su intervención destacando que los principales fines de la Junta de Extremadura son preservar la vida y la salud de los extremeños y minimizar el impacto social y económico de la pandemia en la región.

En el apartado de las medidas, la vicepresidenta primera ha afirmado que todas las decisiones adoptadas se basan en tres aspectos esenciales: el respeto a las pautas marcadas por las autoridades sanitarias, la coherencia con las decisiones tomadas por el Gobierno de España y el deseo de complementarlas para potenciar su eficacia en la región.

Para este fin, el Ejecutivo extremeño ha impulsado medidas excepcionales en recursos humanos para compatibilizar la salud de los trabajadores y la adecuada prestación de los servicios y para dotar de los profesionales necesarios para hacer frente a la crisis, especialmente en el ámbito sociosanitario.

Asimismo se ha priorizado el teletrabajo y la asistencia telefónica, la celebración telemática de reuniones de los órganos representativos y de gobierno, entre ellos del Consejo de Gobierno, y se ha asegurado que ningún trabajador contratado durante el estado de alarma se viera perjudicado en sus expectativas laborales presentes ni futuras.

En el ámbito administrativo, se ha acordado la suspensión de plazos para la tramitación de procedimientos y, en materia de tributos, la ampliación y prórroga de los plazos de presentación y pago de impuestos y la elevación de la cuantía mínima para la exención en garantías de aplazamientos y fraccionamientos para favorecer la liquidez de familias, pymes y autónomos.

En cuanto a los gastos, se han arbitrado mecanismos que garanticen que los fondos públicos lleguen a su destino con celeridad, sin desvirtuar los controles que garantizan su buen uso; se ha agilizado el cumplimiento y acreditación de los requisitos en las subvenciones, que se podrán conceder de forma directa si están dirigidas a la gestión de la COVID-19, y se han reducido los trámites para los convenios.