La Junta deroga las obligaciones sociales que debían cumplir los parques eólicos
La Junta ha decidido liberalizar la instalación de parques eólicos y ha suprimido de un plumazo las prestaciones sociales que debían cumplir los parques eólicos si deseaban disponer de la licencia pertinente. Esta liberación implica aceptar las tesis de las empresas que desde los primeros tiempos de su instalación trataron de zafarse de esas contraprestaciones a la comunidad en la que se asientan.
La primera ley del gobierno socialista de 2008 autorizó la instalación de 23 parques eólicos, correspondientes a 11 promotores; pero puso una condición: las empresas debían crear 3 puestos de trabajo, directos o indirectos, para cada megavatio generado. La potencia estimada de producción se cifraba en torno a 500 megavatios y por tanto las cuentas del empleo deberían triplicar esa cifra.
De más a menos
La noticia de energía por empleo fue acogida con enorme satisfacción en las pequeñas localidades a las que fueron llegando esas peticiones para parques eólicos, generalmente núcleos rurales de la Siberia, norte de Cáceres, sur de Badajoz…
Dos años después, en 2010, la Junta da un paso atrás y tras las negociaciones con el sector acepta eliminar la clausula del empleo pero introduciendo otra contraprestación para la comunidad: un 8% de su producción energética debía ir al ayuntamiento. Ese cambio en la contraprestación debía ser aceptado por los ayuntamientos afectados y fue aceptado porque la mayor parte de esos ayuntamientos vieron con muy buenos ojos esa ayuda para su factura energética.
Rajoy corta las primas
Sin embargo, los recortes a las renovables dictados por el Gobierno de Rajoy lastró el crecimiento del sector y frenó en gran medida la incipiente instalación en la región.
Del centenar de peticiones de parques eólicos en la región, se estiman que están aprobados una decena y hay más de medio centenar en trámites.
La nueva medida que ahora adopta el Gobierno regional derogando el decreto de 2010 implica la supresión de cualquier tipo de compensación social por parte de las empresas.
En la reseña posterior al Consejo de Gobierno de este martes, la Junta justifica la derogación el decreto 160/2010, de 16 de julio, en el hecho de que las condiciones a las que obligaba a los promotores suponían un “marcado lastre” para el desarrollo de este tipo de instalaciones. A su juicio, obligaba a los inversores a realizar un esfuerzo económico mayor en Extremadura que en otras regiones. El nuevo decreto da la posibilidad de que los promotores de parques eólicos que cuenten con autorización administrativa continúen su tramitación bajo las estipulaciones del citado decreto o bien renunciar a su tramitación y presentar, si así lo consideran, una nueva solicitud de autorización para la instalación de un parque eólico al amparo de la normativa estatal vigente, con unos requisitos más favorables para las empresas, y más perjudiciales para la comunidad.
