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Los funcionarios corruptos no serán defendidos por los abogados de la Junta

La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, en rueda de prensa

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Defensa, Asistencia Jurídica y Comparecencia en Juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, entre cuyas novedades está el que no se defenderá a los funcionarios corruptos.

Al dotarse de un sistema más ágil, se facilitará que haya más acuerdos previos a la sentencia, al mismo tiempo que se avanza en materia de transparencia.

La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha destacado que todas las sentencias de las que forme parte la Administración regional serán colgadas en el Portal de Transparencia. Además, se reordenan a los letrados de la Junta.

La nueva norma

Esta norma deroga la ley 8/85, de 26 de noviembre, de comparecencia en juicio. Hasta que se aprueba la nueva ley, se mantiene la vigencia del reglamento de funcionamiento de la Abogacía General de la Junta y de la Comisión Jurídica.

Este nuevo pretende mejorar la estructura y el funcionamiento de la Abogacía General, con el fin último de asegurar la mayor eficacia en las labores de asesoramiento jurídico y de representación y defensa en juicio que le corresponde realizar, así como garantizar el sometimiento pleno de la Administración al Derecho y el adecuado control jurisdiccional de su actuación.

Ayudas a la investigación

Por otro lado el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se regulan las ayudas las ayudas para la realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico, de divulgación y de transferencia de conocimiento por los grupos de investigación de Extremadura.

Para el período de 2018-20, la Junta de Extremadura contempla una dotación económica de 7, 2 millones de euros para estas ayudas, a razón de 2,4 millones por anualidad. La cuantía máxima de la ayuda por cada grupo de investigación subvencionado será de 200.000 euros en tres anualidades, a razón de 66.000 euros por cada anualidad, cuando el máximo en la normativa anterior (del año 2014) era de 40.000 euros por anualidad.

En la convocatoria anterior, del año 2015, se concedieron un total de 189 ayudas (de las 194 solicitudes presentadas) por importe de 7.384.454 euros (de un crédito previsto de 7.519.890 euros). El período de ejecución fue de tres ejercicios (2015, 2016 y 2017).

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