4.800 extremeños han perdido el bono social de electricidad en dos años
La incapacidad económica de las familias para pagar la calefacción no ha dejado de crecer en los dos últimos años, y sin embargo la tarifa social cada vez llega a menos. Esta gran contradicción, con unos inviernos en los que el frío se lleva prematuramente a la tumba a 200 extremeños, es posible porque siguen cayendo las rentas económicas, a la vez que algunas compañías eléctricas hacen a los clientes ofertas que eliminan el bono social.
Entre diciembre de 2011 y el mismo mes de 2013, el número de beneficiarios de la tarifa social, que conlleva un descuento del 25% en el recibo de la luz, ha disminuido en Extremadura en 4.794 familias, según datos oficiales dados por el Gobierno en el Congreso de los Diputados, a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista.
En la provincia de Badajoz los beneficiarios han caído en 1.820, y en Cáceres ha sido aún peor, 2.974, lo cual es llamativo dado que hay menos abonados; al final, el número de usuarios con esa ventaja queda en 90.761, de los que 53.776 viven en Badajoz y los otros 36.985 en Cáceres.
El bono social está reservado para necesidades como las de quienes cobran pensiones mínimas, las familias con todos sus miembros en paro, las numerosas, o los hogares que tienen contratada la potencia eléctrica más baja, inferior a 3,3 kW
Es en ese último colectivo, quienes tienen contrato de potencia menor, donde más ha retrocedido el número de beneficiarios. Además de la persecución del fraude, y de la implantación de interruptores de potencia, que cortan la luz a quienes tienen 3,3KW pero demandan en algunos momentos consumos más altos, organizaciones de consumidores acusan como factor principal a la política comercial de las empresas distribuidoras eléctricas.
Según ese reproche, están haciendo ofertas en el mercado libre, con las que sacan fundamentalmente a personas mayores de la tarifa regulada (PVPC), y, por tanto del bono social ya que solo tienen derecho al mismo quienes se mantienen en dicha tarifa; al final esos abonados pasarían a pagar más a pesar de los descuentos ofrecidos.
Reforma cuestionada
El Gobierno prepara además una reforma del bono social, publicada pero sin aplicar por falta de reglamento, que haría depender la tarifa social de la renta familiar, y que según sus críticos reduciría aún más el número de beneficiarios.
La modificación, aprobada en el marco de la reforma eléctrica de julio de 2013, además de esas circunstancias personales para tener derecho al bono, establece que no se pueden superar ciertos niveles de renta per cápita (por ejemplo, 10.800 euros anuales para una primera persona de la familia).
El máximo de ingresos se ha establecido ahora en el 120% del salario mínimo interprofesional (10.841 euros). Si en el hogar vive más de una persona, para la segunda persona el tope está en el 70% del salario mínimo (7.588 euros), y para la tercera y siguientes el 50% (5.420 euros).
Así, una familia con dos personas que reciben una pensión y alcanza o supera el 70% del salario mínimo quedaría fuera de poder solicitar la ayuda.
