Hay 1.300 expedientes de desahucio de viviendas sociales en marcha
La Junta de Extremadura continúa echando familias a la calle por no pagar al alquiler. En estos momentos hay 1.300 expedientes de desahucio en marcha según Ramón Carbonell, de los Campamentos Dignidad. Existen dos acuerdos del Parlamento regional para que no se expulse a familias sólo por motivos económicos “pero no se cumple”.
En esos casos, una vez desalojados de su viviendas, y después que policías y funcionarios se dan la vuelta, “suelen darle una patada en la puerta y volver a entrar; no van a tener los niños en la calle”.
Los Campamentos siguen en trabajo permanente asesorando en esos casos de pisos sociales en alquiler, pero también con familias con hipotecas que son los bancos los que las desahucian por falta de pago de la mensualidad.
“Normalmente se intenta llegar a un acuerdo con el banco para la dación en pago, que se quede con la vivienda y la familia pase a estar sin casa pero libre de cargas”. No siempre se consigue, en incluso en algunos casos aunque la entidad financiera admite la dación en pago y renuncia a reclamaciones futuras, exige los atrasos impagados.
Renta básica
La renta básica es la otra línea principal de trabajo de los Campamentos, que este miércoles han detallado la labor que realizan. En este sentido están viendo cómo los servicios municipales de base de ciudades y pueblos, a los que la Junta ha “echado el muerto” de tramitar esa paga social, son incapaces de atender la demanda de miles de familias.
El 15 de enero acaba el plazo para acogerse a la convocatoria abierta el pasado mes de octubre, y se temen que no va a dar tiempo ni a solicitarla ya que los servicios sociales están colapsados. “Como lleguemos a eso entonces sí que se va a liar”, teme Jesús Olivas, uno de los voluntarios que ayuda a las familias.
Están convencidos de que el Ejecutivo regional quiere llegar a la anunciada “lista cero” a base de eliminar solicitantes. Como dato increíble, en algunos casos se pide a las familias que presenten hasta la ITV del coche, un requisito que no está contemplado en absoluto en la reglamentación.
