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El proyecto de ley de Igualdad Sexual recoge la financiación del cambio de sexo

Presentación del proyecto de igualdad sexual: de izquierda a derecha María González, de Extremadura Entiende; María Muñoz, consejera, y José Núñez, de Fundación Triángulo

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La consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María Ángeles Muñoz, ha anunciado este jueves que la Junta de Extremadura financiará por ley el cambio de sexo a las personas transexuales, un punto que se recoge en un proyecto de ley que acaba de registrarse en el Parlamento regional para su discusión y aprobación.

Se trata de una regulación de Igualdad entre Heterosexuales, Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) de Extremadura, un texto que además establece el acceso a las técnicas de reproducción asistida de las mujeres lesbianas y bisexuales.

Entre otras medidas se contempla la asistencia jurídica, sanitaria y social a víctimas de violencia homofóbica y transfóbica; los programas especiales de protección a lesbianas y mujeres bisexuales por parte del IMEX, y a los colectivos más vulnerables.

La consejera tacha a este proyecto legal como el más avanzado de España, por delante incluso de la legislación catalana, aprobada en el pasado mes de octubre. “Hoy ponemos fin a más de veinte años de demandas de los hombres y mujeres extremeños que, por su condición sexual han sido tratados de manera diferente por las administraciones y por la sociedad y que insistentemente han venido reclamando a las instituciones un soporte legal que reconozca y consagre sus derechos”.

El responsable de la Fundación Triángulo, José María Núñez, ha calificado este proyecto de “histórico, y su satisfacción porque recoge el 99% de las demandas del colectivo.”Es un homenaje a todas las personas que tuvieron que irse de esta tierra por ser gais y también a todos aquellos que viven sufriendo la homofobia y la transfobia“.

María Luisa González, representante de Extremadura Entiende, está también conforme con el contenido pero estarán pendientes de que se cumpla.

Para Núñez, cuando se apruebe va a consolidar muchas de las cuestiones que antes se dejaban en manos del criterio propio de una Administración, y que ahora se convierten en un derecho fundamental.

Hay que demostrar la inocencia

Entre los puntos que destaca está el reconocimiento de las víctimas  de cualquier tipo de agresión homófoba como un delito de odio, refuerzo de la cobertura psicológica, sanitaria y jurídica.

Por ejemplo, Fundación Triángulo analiza en la actualidad el caso de un joven que ha sido agredido por un grupo de personas en un pueblo de Extremadura por su orientación sexual. Si la ley ya estuviera en vigor el joven habría sido tratado igual que una víctima de la violencia de género, se le habría ofrecido, en teoría, asistencia jurídica, psicológica y social. De manera que la atención a las agresiones hacia las personas no heterosexuales, por su orientación sexual, se convierten en un derecho ciudadano.

Además establece la inversión de la prueba, lo que significa que aquella persona que sea víctima de una agresión no tendrá que demostrar que le han agredido; será el presunto agresor el que deberá demostrar que no ha agredido, como ocurre en los casos de violencia de género.

No solo considera la atención de las víctimas, sino también la prevención de la homofobia en los centros escolares

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