La Junta, tras una sentencia judicial adversa, acusa al Gobex de haber paralizado el nuevo hospital de Cáceres
La nueva Administración autonómica atribuye al anterior ejecutivo del Gobex toda la responsabilidad de haber paralizado la construcción del nuevo hospital de Cáceres, al no haber sabido negociar con las tres empresas adjudicatarias a las que ahora una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Mérida da la razón.
Según una información de El Periódico Extremadura ese tribunal ha anulado la resolución del Servicio Extremeño de Salud que daba por finalizado el contrato con la unión (UTE) de FCC, Placonsa y Joca para levantar la primera fase del nuevo centro hospitalario cacereño; resolución de septiembre de 2013 tomada por el Gobierno regional del PP que presidía José Antonio Monago.
La sentencia, que es recurrible en segunda instancia al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero que la Junta ya ha dicho que no lo va a hacer, anula esa resolución del contrato por entender que el retraso en la obra no era achacable a las empresas sino a errores en el proyecto inicial y a decisiones de la propia Administración autonómica.
Condena a la Junta a devolver las garantías y avales incautados a la UTE y pagar los intereses legales de las cantidades ejecutadas. Además deja sin efecto la liquidación derivada de la resolución del contrato que arrojó un saldo a favor de la Administración de 5.028.436 euros y en la que se acordó la incautación de los avales de acopios hasta 1.152.008 euros.
La portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, ha anunciado este miércoles tras el Consejo de Gobierno semanal de la Junta que no van a recurrir la sentencia. ¿Por qué? El gerente del Servicio de Salud, Ceciliano Franco, explica que “porque es mucho dinero”, y la Administración regional opta por dialogar amistosamente con las empresas cara a la ejecución de esa sentencia.
Unas empresas que “también han sido perjudicadas” según él porque a raíz de la resolución del contrato el Gobex les sancionó, y el Gobierno extremeño posterior “tuvimos que abrir expediente para no licitar con nosotros en un año, y todavía lo están cumpliendo”.
Una negociación económica amistosa con unas firmas que “con nosotros, con la institución, están bastante cabreadas, cuando la relación antes era tensa pero magnífica”.
La sentencia confirma según Franco “lo que desde la oposición dijimos; si se hubieran hecho las cosas bien Cáceres tendría ya un hospital funcionando, pero el Gobex no supo negociar con una empresa, no tuvo interés en acabar la obra que estaba al noventa por cien ejecutada y certificada. Lo paró, con argumentos de cambiar el sentido del proyecto, luego concertar con una empresa privada, y finalmente lo paró, y el problema es que ahora Cáceres tiene ciudad pero no hospital, y a ese problema se añade otro como es pagar cinco millones de euros que es mucho”.
Un dinero que habrá que sacar de los Presupuestos generales de la Junta, o los del SES, “e indudablemente va a perjudicar las inversiones” no solo en Cáceres, sino en Don Benito, Plasencia, Coria y en Badajoz, añade Ceciliano Franco.
El revés judicial, por el contrario, no pone en peligro según él la actual obra en ejecución , adjudicada a otras empresas, pese a que es “una obra difícil, es como arreglar un arreglo, como cuando viene el fontanero a casa y te dice, ‘quién os ha hecho esta chapuza’. Errores de medición, disparidades, sobre todo unas instalaciones que llevan seis años hechas y nunca han funcionado, el diseño anterior no tiene porqué coincidir con este… Pero lo importante es que está haciéndose y los cuatro años anteriores se paró; nos alegra que a la alcaldesa de Cáceres le preocupe ahora el hospital, bienvenida”.
El PP justifica aquella decisión
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Asamblea de Extremadura ha calificado por su parte de irresponsable la decisión de no recurrir la sentencia.
El diputado coordinador de Sanidad y Política Social, José Ángel Sánchez Juliá, señala que “una vez más” la Junta demuestra su “estilo discrecional” a la hora de tomar decisiones que afectan a todos los extremeños. Para él, el Gobierno de Fernández Vara se abraza sistemáticamente al criterio político, obviando tanto el interés público que debe prevalecer en la Administración, como la prudencia mínima que exige analizar los pormenores de una sentencia antes de hacer valoraciones.
Pese a que la sentencia no es firme y cabe recurso la Junta ha desechado “a las primeras de cambio defender los intereses de la sociedad extremeña”. Esta manera de actuar está “muy ensayada por el gobierno del señor Vara, y concretamente en la Consejería de Sanidad, que ha usado esta misma estrategia en el caso de la ubicación del hospital de Don Benito-Villanueva o las oposiciones a las que concurrió con éxito la consejera Mejuto”.
La decisión de rescindir el contrato con la UTE que realizaba las obras de la primera fase del hospital cacereño se tomó, defiende Sánchez Juliá, en base a un criterio técnico, respaldado por los informes favorables de los servicios jurídicos del SES y de la propia Junta. Por tanto es “inaudito” que se hable con “tanta alegría” de algo que “va a costar millones de euros” a todos los extremeños.
Esta “práctica habitual” del Ejecutivo extremeño, “eludiendo su legítimo derecho de defensa”, no sólo tiene consecuencias económicas sobre las arcas públicas de la región, sino que también lanza un mensaje “muy pernicioso” al ámbito de la contratación pública, en el que cualquier acuerdo con la Administración regional puede ser interpretado como susceptible de una continua renegociación en términos de costes y tiempos de ejecución.
