La Junta compra 51 viviendas con un precio tope de 45.000 euros para ponerlas en alquiler social
El Gobierno regional ha empezado a comprar viviendas, en este caso en manos de una empresa pública o de entidades financieras, para ampliar la oferta de alquileres a precio social que demandan las familias, ya que pese a que el parque público es de 13.969, el mayor de España en términos relativos, sigue habiendo necesidad por las dificultades económicas y de renta en la región.
El consejero de Sanidad y Política Social, José María Vergeles, ha anunciado este lunes la adquisición de 51 viviendas, ninguna de las cuales ha costado más de 45.000 euros, y su próxima puesta a disposición en alquiler público social en seis localidades: Almendralejo, Don Benito, Aliseda, Hervás, Santa Marta de Magasca y Palomas.
El gasto ha sido de 2,5 millones de euros y además de ampliar la oferta pública se consiguen dos cosas según el consejero Vergeles: ayudar a mantener vivos los cascos urbanos, ya que “la mayor oferta se concentra en el extrarradio de las poblaciones”, y aliviar la sostenibilidad económica de las entidades propietarias.
El mayor contingente son 20 viviendas en bloque, de 90 metros cuadrados de superficie, en Don Benito, seguido de 13 unifamiliares con la misma amplitud en Aliseda. Otras ocho hay en Almendralejo, seis en Hervás (en un bloque), tres unifamiliares en Santa Marta de Magasca y una del mismo tipo en Palomas. Para todas esas localidades hay demandas de alquiler social, “si no no lo haríamos, estamos manejando dinero público”, sostiene el consejero Vergeles.
El responsable político de vivienda destaca que sale más barato que hacerlas nuevas, y que no descartan comprar más para seguir intentando que “no haya gente sin casas, ni casas sin gente”.
Es en la línea de conseguir un parque público de vivienda social que se alquile a precio asequible, en la que la Junta trabaja ya en tres cosas. El Observatorio de la Vivienda para localizar pisos y casas de propiedad pública pero desocupadas, y rescatarlas; la futura Ley de Emergencia Social de la Vivienda, en trámite parlamentario y que si se llega a aplicar –normativas similares de otras autonomías han sido paralizadas por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno Rajoy- contempla sanciones y expropiaciones de uso a pisos de los bancos, y esta tercer línea de compra para ofrecer luego en alquiler social.
Las ahora adquiridas permiten un “uso inmediato” y este programa proporciona al sector de la construcción según Vergeles una actividad de rehabilitación “que es más sostenible que la de obra nueva”.
Quitar el suelo
Por otro lado el consejero ha firmado con el director de Instituciones de la Dirección Territorial Extremadura-Castilla La Mancha de Caixabank, José Luis Escaso, un convenio para eliminar las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios que se concedieron a las viviendas protegidas acogidas al Plan Especial de Vivienda de Extremadura.
En 2006 la Junta creó ese plan de viviendas protegidas en propiedad, y firmó con la Caixa un acuerdo para que concediera a los compradores hipotecas a 30 años, préstamos que tenían en los intereses un techo del 8% y un suelo del 3%.
Como el Tribunal Supremo, y luego el Europeo, declararon en 2013 ilegales las cláusulas suelo, ahora se eliminan “como es de justicia”, afirma el consejero Vergeles. Incluso con efecto retroactivo –devolución de intereses de más- desde 2013 previo estudio de la Caixa y acuerdo con los propietarios.
