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EXTREMADURA

Cuatro detenidos por fraude a la Seguridad Social en prostíbulos de Extremadura y otras tres provincias

Lo acusados pretendían eludir el pago de 3,4 millones

Se han encontrado empresas pantalla que ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas

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Cuatro personas han sido detenidas, y otras dos investigadas, en una operación contra un fraude por valor de 3.449.660 euros a la Seguridad Social cometido en prostíbulos de las provincias de Badajoz, Cáceres, Salamanca, Toledo y Valencia.

Se trata de la operación "Venus", que ha sido desarrollada por agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y que se inició a principios de este año.

El estudio de la documentación permitió comprobar que las personas implicadas pretendían eludir el pago de las cantidades adeudadas, para lo que en algunos casos crearon sucesiones empresariales en las que las sociedades deudoras eran cerradas "sin los trámites legales oportunos". Estas sociedades eran sucedidas por otras que estaban latentes y listas para ser puestas en marcha "rápidamente" libres de cargas.

Además se han encontrado empresas pantalla que ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas.

Según la Policía, los seis responsables del delito resultaron ser los administradores de hecho de las empresas, pero también varios familiares que estaban desarrollando la función de administradores de las mercantiles como testaferros.

A ellos se les ha imputado delitos contra la Seguridad Social, en concreto, fraude de cotizaciones y frustración de la ejecución.

Entramado societario 

Todo el entramado societario investigado mantuvo siempre inalterado el nombre comercial de su producto y ofrecía una marca que resultaba inconfundible para sus clientes, a pesar de que sus mercantiles cambiaron de nombre en ‘multitud’ de ocasiones.

En esta sucesión empresarial opaca dedicada a la explotación de un club de alterne en Toledo participaron seis empresas principales ayudadas por, al menos, otras dos secundarias.

Un total de 86 trabajadores coincidían en más de una de las empresas implicadas y la deuda acumulada con la Seguridad Social ascendía a 1.339.062 euros.

Además, el uso del dinero en metálico era la norma en las empresas investigadas, pues no sólo utilizaban el sistema de caja conjunta entre las sociedades activas, sino que también pagaban a los trabajadores de esta forma y utilizaban este mismo método con sus proveedores.

Estos distribuidores servían a petición de su cliente semanalmente con el único fin de que sus facturas nunca superasen los 2.500 euros, consiguiendo de esta forma evitar tener que hacer transferencias tal y como marca la normativa.

Por su parte, las recepcionistas controlaban entre 1.500 y 4.000 euros por cada uno de los dos turnos del día durante toda la semana y funcionaban "como si de un cajero automático se tratara".

El jefe de una de las tramas era el apoderado de las empresas instrumentales, que controlaba a través de su mujer y su hijo, a quienes había puesto a su mando ficticio en calidad de testaferros en diferentes periodos temporales.

Una de estas sociedades, radicada en Salamanca, se dedicaba aparentemente al alquiler de equipos para cultivos, si bien los trabajadores dados de alta se dedicaban en su mayoría a cuidar animales.

Esa sociedad era la que alquilaba el edificio de Toledo, donde se desarrollaba la actividad de alterne por cuantías anuales que, en los últimos ocho periodos, oscilaron entre los 400.000 y el millón de euros, informa la Agencia Efe.

Este "autoalquiler" parecía cumplir una función fundamental, que era justificar el gasto de las sociedades explotadoras del edificio para, así, reducir impuestos, aumentando los costos de explotación de la sociedad gestora con el fin de declarar menos ingresos y, en este caso concreto, revertir este beneficio nuevamente en su persona a través de una sociedad limpia controlada por él como apoderado y su hijo como administrador.

Además, una trabajadora de una de las empresas instrumentales investigadas estuvo durante 15 años realizando labores de limpieza en las casas particulares del principal investigado y en las de sus familiares.

Desarrollaba su trabajo de lunes a domingo "de manera ininterrumpida y sin descanso alguno", una tarea que dista mucho de la supuesta labor de la sociedad, la cual figuraba como empresa explotadora de maquinaria del campo.

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