76 ayuntamientos solicitan las ayudas a suministros vitales de luz, agua y gas para familias sin recursos
Hablar de ‘pobreza energética’ adquiere un significado práctico estos días, cuando la factura de la luz ha sobrepasado todas las barreras imaginables, con el precio más alto desde diciembre de 2013.
Los efectos de una factura eléctrica por encima de los 91 euros el megavatio hora (MWh) tiene sus efectos directos en los más vulnerables. En aquellas familias a las que les cuenta llegar a final de mes y que ahora además tienen que hacer frente a recibos más elevados.
Un total de 76 municipios extremeños se han inscrito en la nueva convocatoria de subvenciones de la Junta destinadas a garantizar el suministro de mínimos vitales, por valor de 1.448.554 euros para estas localidades. Una cantidad que se determina en función de su población y cuya convocatoria sigue abierta.
Electricidad, agua y gas
En la convocatoria de la Junta de 2017 se incorpora al consumo de electricidad y agua el de gas. Según el decreto firmado semanas atrás en el Consejo de Gobierno las ayudas totales alcanzan los 4,5 millones de euros, ampliables. Son los municipios los que se encargan de tramitar y gestionar estas ayudas, que se determinan en cada hogar en función de los ingresos que entran en casa y del número de personas.
Fuentes de la Consejería de Sanidad y Política Social aclaran que todavía no se ha podido resolver ninguna solicitud a los municipios, ni hay beneficiarios de estas ayudas para este año. A fecha de hoy se han presentado 76 solicitudes por los ayuntamientos, de las que 5 están pendientes de subsanación y el resto, 71, están para remitir a la Intervención Delegada para su fiscalización limitada previa cuando sea posible.
Los datos de pobreza energética en Extremadura se pueden obtener a través de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social EAPN, que señala que hasta el 2,4 por ciento de los habitantes de la región presenta riesgo de pobreza severa. Es decir, en torno a 15.000 extremeños y extreneñas no tienen capacidad para pagar las facturas que les llegan.
El decreto para garantizar el suministro de mínimos vitales establece ayudas máximas de hasta 600 euros en unidades de hasta dos miembros, de 700 euros cuando haya entre tres y cuatro miembros, y de 800 euros si son cinco o más. Unas cantidades que no se abonarán a las familias sino que lo harán directamente a las compañías distribuidoras, con las que “próximamente”.
Cortes de luz y agua
Con las compañías precisamente anunció el consejero de Política Social José María Vergeles un acuerdo de colaboración para evitar cortes de luz y agua.
A finales del pasado mes, a las puertas de la navidad, decenas de personas se echaron a las calles en Extremadura para denunciar las dificultades que tienen muchas personas para pagar los recibos y para exigir una nueva legislación que prohíba los cortes a las personas más desfavorecidas.
En la protesta de Mérida, ante la sede de Endesa, había familias que reconocían tener ‘pinchado’ el suministro porque no llegan a final de mes y tienen menores a su cargo. Uno de los ejemplos, el de una vecina de Merida que contaba a este diario que con un subsidio de 516 euros de renta básica y ocho personas en casa, las cuentas no salen.
Los Campamentos Dignidad han transmitido a este periódico que en muchas ocasiones, ante unos servicios sociales “desbordados”, indican a las familias que tienen que llevar antes de recibir las ayudas el aviso del corte de suministro para recibir la ayuda; “pero en muchos casos ya es demasiado tarde y se ven con la luz o el agua cortadas”.
Apuntan a que en otras, ante la urgencia de la situación, aconsejan a los hogares que adelanten el dinero, con el compromiso de los servicios sociales de abonarles esa cantidad más tarde. Una solución que descartan porque son hogares sin recursos, y por lo tanto sin capacidad.
Ante situaciones como esta reclaman que se cree una 'auténtica' tarifa social y se aplique el tipo de IVA superreducido a la electricidad, en un país donde hasta siete millones de personas tienen dificultades para pagar la luz, y más de cinco millones no tendrán calefacción este invierno, según los datos de la plataforma estatal ‘No más cortes de luz’.
