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Una comisión analizará la aplicación del protocolo sobre mutilación genital en la región

Las cuchillas con las que se practica la ablación/ Imagen cedida por World Vision

Extremadura cuenta con una comisión de seguimiento analizará la aplicación del Protocolo de Intervención en Mutilación Genital Femenina.

La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Elisa Barrientos, explica que es complicado realizar un seguimiento de estos casos al ser un problema muy oculto que no sale a la luz hasta aparecer las primeras enfermedades asociadas.

Ha recordado que es un tipo más de violencia contra las mujeres y que para luchar contra la misma hace un año se puso en marcha en la región un protocolo para prevenir e intervenir ante posibles casos.

Aumentar la coordinación

Esta práctica, que vulnera los derechos humanos, se ejerce en diversas culturas y religiones, especialmente en países de África del sur pero también en América Latina. Requiere una coordinación entre Fuerzas de Seguridad, Fiscalía, diversos departamentos de la Junta y entidades implicadas.

Elisa Barrientos ha abogado por aumentar la coordinación compartiendo los datos que maneja cada parte y estableciendo así estadísticas más completas, ya que entiende que son dos los ámbitos en los que se tiene que actuar para abordar este problema.

En primer lugar en el campo de la educación, que es el espacio de socialización de las posibles víctimas y en el que determinados patrones de comportamiento pueden dar señales sobre casos de mutilación, y en segundo lugar en el sanitario, alertando sobre posibles casos que sean detectados por los servicios de salud.

También se pretende evitar en Extremadura que en periodos de vacaciones se practique la mutilación genital a niñas que vuelven a sus países de origen en esa época.

La comisión

Forman parte de la comisión y han estado hoy presentes en Mérida la directora general de Políticas sociales, Infancia y Familia, Carmen Núñez; la directora general de Salud Pública, Pilar Guijarro; representantes de la Consejería de Educación y Empleo; de la Fiscalía Superior de Justicia de Extremadura; de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura; y de la Agencia Extremeña de Cooperación internacional para el desarrollo.

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