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Los taxistas piden a Acedo que no siga adelante con las nuevas licencias

EFE

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Radio Taxi Mérida ha recordado al alcalde en funciones, Pedro Acedo, que la sentencia que desestima el recurso judicial contra la decisión de adjudicar licencias de taxi no es firme, pues está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, y considera que adjudicar nuevas licencias es una “verdadera locura”. En una nota de prensa, ha señalado que la interposición del mencionado recurso ante el TSJ “en tiempo y forma” se debe a que el Juzgado nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Mérida, “no es que no admitiera las pruebas presentadas por el colectivo de Radio Taxi, sino que ni tan siquiera las menciona en su sentencia”. Además, ha alertado de que si finalmente el gobierno en funciones adjudica esas seis nuevas licencias de taxi sin existir una sentencia en firme, es muy posible que cuando exista una resolución judicial “le cueste una importante suma de dinero al ayuntamiento”. “Seremos todos los ciudadanos y ciudadanas emeritenses quienes tendremos que hacer frente a los posibles costes de los caprichos de un gobierno en funciones”, ha aseverado. Radio Taxi Mérida ha asegurado haber presentado en varias ocasiones pruebas e informes avalados por “consultoras de prestigio nacional e internacional”, donde se demuestra “de manera objetiva que en estos momentos y con la actual crisis, no es que no sean necesarias más licencias de taxis, sino que sería una verdadera locura”. Así, ha indicado que “los taxistas que hay tienen que descansar obligatoriamente un día a la semana, porque ni tan siquiera hay suficiente trabajo para los que están”. Según esta entidad, la consultora a la que han recurrido ha trabajado para el Ministerio de Fomento y para la Junta, entre otras administraciones, pero “el ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, le da más credibilidad a las fotos de una parada vacía a horas intempestivas, realizadas por los señores que solicitan las licencias”. Ha reiterado su preocupación por que el equipo de Gobierno en funciones siga “queriendo imponer su criterio de manera arbitraria y dictatorial, sin atender al colectivo profesional y a las demandas de la oposición, y sin esperar una resolución judicial en firme”.

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