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Cuando la entrevista terminó, el elefante todavía estaba allí

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Puede que en un mundo anterior, el de la tele en blanco y negro y la cadena única de televisión, una no-entrevista como la que ha emitido TVE con el rey hubiera funcionado. Hoy ya no: el efecto es justo el contrario. Las ausencias son más clamorosas que las propias preguntas. Por mucho que Jesús Hermida omita a Urdangarin, o a Bostwana, o a Corinna, los puntos oscuros que han deteriorado la imagen de la monarquía en el último año no desaparecen. Ignorar estos temas, que ni siquiera se tocaron de refilón, hace de estos episodios una mancha aún más grande.

Si la Casa Real quiere acercar al rey a sus ciudadanos –que ya no súbditos–, ésta no es la forma. La imagen transmitida es justo la contraria de la pretendida: la de un rey cansado frente a un periodista cortesano. Un regalo de cumpleaños, más que una entrevista digna de tal nombre; un espacio para la publicidad en una televisión sin anuncios.

La mayor parte de las intervenciones del programa posterior, esa loa a la transición y a la “política con mayúsculas” –el nuevo lema de la casa– no puede estar más lejos de la realidad de la España de los cinco millones de parados. Entre líneas, se pide un imposible: un consenso de los dos grandes partidos en su momento más débil, dejando fuera al resto de los ciudadanos que ya no se ven representados por ellos; que el establishment que lleva cuarenta años viviendo como reyes convenza al resto de los ciudadanos de las bondades del sacrificio y el esfuerzo colectivo.

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Presidente de la Diputación: el puesto ideal para un político corrupto

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Palabra de Manuel Fraga, 7 de marzo de 1998: "Los hijos de buena familia son más listos y cuando concursan en una oposición tienen más posibilidades de alcanzar el éxito. En una casa de personas prominentes, los hijos salen con más posibilidades". Fiel a esta doctrina del patriarca, José Luis Baltar llenó la Diputación de Ourense de hijos de buena familia, listos y prominentes. Y del PP, casualmente.

El escándalo es mayúsculo, pero lo que más sorprende no es que el Baltar enchufase a la familia y amigos, lo que ha tardado la justicia en actuar ante este flagrante caso y la impunidad con la que el cacique ha obrado durante tantísimo tiempo. Baltar se jubiló hace un año dejando en herencia el puesto a su hijo, como un señor feudal. Estuvo más de dos décadas en el despacho y convirtió a su Diputación, su pazo particular, en la segunda mayor empresa de la provincia en número de empleados (los "liberales" del centro derecha español son así). La justicia ha sido extremadamente lenta, además de ciega.

Baltar sigue fiel a esa figura tan española, la del cacique, que intercambia favores a cambio de votos (o viceversa: gracias a su particular partido, Fraga logró sus más amplias mayorías absolutas). No es muy distinto a Carlos Fabra, el metabarón de Castellón; o a Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación de Alicante e imputado en el Caso Brugal; o a Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León y once cargos más; o a los imputados en el caso Bankia Agustín González, presidente de la Diputación de Ávila entre otros trece puestos, y Atilano Soto, expresidente de la Diputación de Segovia y otra decena de cargos.

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Venezuela y Hugo Chávez en veinte gráficos

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Las trampas en la declaración de la pluriempleada De Cospedal

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Como imagino ya sabrán, María Dolores de Cospedal ha declarado ganar 158.388 euros en 2011. Es falso o, al menos, una media verdad. En realidad cobró bastante más: por encima de los 200.000 euros en solo un año. ¿La razón? Que De Cospedal ha cambiado el modelo de la declaración de ingresos de los diputados de Castilla-La Mancha para tapar sus vergüenzas. Hasta hace un año, se declaraban los ingresos íntegros. Ahora son solo los “ingresos netos”, descontando los impuestos. Por eso a los 158.388 euros hay que sumar las retenciones para hacerse una idea más real de la demagogia de esta política que tanto reivindica la austeridad. La de los demás.

La trampa de los ingresos netos permite camuflar algunos datos. El más llamativo: que el año pasado, en plena crisis, el PP pagó a De Cospedal un 65% más. Como lo oyen. Según sus propios datos, De Cospedal cobró en 2010 como secretaria general del PP 153.271 euros brutos, 107.289 euros netos. Si dividimos el sueldo en doce pagas, salen 8.940 euros limpios al mes. Al año siguiente, en 2011, De Cospedal se llevó 88.897 euros netos del PP por medio año, “hasta junio de 2011”. Es decir, 14.817 euros limpios al mes.

A bote pronto hay dos opciones para explicar esta enorme diferencia: o bien le subieron el sueldo –y no poco: salen 5.877 euros más por cada mes–, o bien el PP le pagó algún tipo de indemnización extraordinaria cuando dejó de cobrar. Ambas son igualmente cuestionables y merecerían alguna explicación porque el dinero de los partidos, aunque se gestione de forma opaca y arbitraria, sigue siendo dinero público.

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La burbuja del AVE en siete claves

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1.- España es el primer país de Europa en trenes de alta velocidad y el segundo del mundo: solo nos gana China. Tenemos casi 2.900 kilómetros de vías funcionando, 1.700 kilómetros más en construcción y otros 3.700 kilómetros en proyecto o estudio. Francia tiene 2.037 kilómetros de alta velocidad y Alemania, donde compramos la tecnología para el AVE a Sevilla, apenas ha construido 1.000 kilómetros: casi la tercera parte que España.

2.- El desarrollo del AVE en relación a la población española es aún más disparatado. España tiene ya construidos 61 kilómetros de alta velocidad por cada millón de habitantes, es el récord mundial. Francia, el segundo país en esta clasificación, apenas llega a 31 kilómetros por millón.

3.- Esta colosal infraestructura no ha salido barata. Sin contar las obras pendientes, España ya se ha gastado 34.000 millones de euros del dinero público en el AVE, el 3,4% del PIB. Es el equivalente a toda la inversión en I+D de tres años o 15 veces más de lo que ahorró la Seguridad Social con la última congelación de las pensiones.

4.- La inversión es mareante. Los resultados, frustrantes. La ocupación media de los trenes en servicio apenas alcanza el 55%: casi la mitad de los asientos van vacíos. El porcentaje es aún más ridículo si se tiene en cuenta que solo se está utilizando un 10% de la capacidad de la carísima red desplegada.

5.- El AVE vendió el año pasado 22 millones de billetes. Es una cifra mediocre: solo Ryanair movió en España 30 millones de viajeros en el 2011, ocho millones más que nuestros carísimos trenes. La alta velocidad francesa, el TGV, vende al año más de 110 millones de billetes: cinco veces más que España con una red un 30% más pequeña. Los billetes del AVE son caros la comercialización de los viajes --sin subastas a la baja-- es anticuada y la red arrastra errores de bulto, como no estar conectada con los grandes aeropuertos. El único con estación del AVE es el ruinoso aeropuerto de Ciudad Real, todo un símbolo.

6.- Invertimos cantidades disparatadas en estos trenes de lujo, pero falta dinero para otras líneas. Este año, Fomento va a cerrar una veintena de rutas de trenes de media distancia. ¿El ahorro? 51 millones de euros que dejará a muchas pequeñas ciudades sin tren.

7.- También van a subir un 3% las tarifas para los Cercanías, esos trenes que usan las clases trabajadoras. Este servicio mueve al año 412 millones de pasajeros: 18 veces más que el elitista AVE. Sin embargo, las inversiones son mínimas en comparación, especialmente en Catalunya. ¿La razón? La misma por la que el AVE tiene un control de equipajes con rayos X y el Cercanías no: que rara vez verán a un ministro viajando en el Cercanías.

Artículo publicado en El Periódico de Catalunya

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Los riesgos de la desigualdad salarial

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Les propongo una adivinanza. Aquí van unas recientes declaraciones de un político, a ver si aciertan quién es el autor: "Hay que reducir las retribuciones de los consejos de administración y de los altos ejecutivos de las grandes empresas del Ibex 35". "La solidaridad es imprescindible y empieza fundamentalmente por los que más tienen". "Estamos pidiendo esfuerzos al español medio y los que están en una situación privilegiada tienen que dar ejemplo en estos momentos". "Hay que vigilar muy estrechamente todos los excesos en las grandes empresas".

No lo dijo Cayo Lara, ni Sánchez Gordillo, ni Alfredo Pérez Rubalcaba, ni Alfonso Guerra, ni Cándido Méndez, ni Ignacio Fernández Toxo, ni nadie del 15M. Las frases no salen de la izquierda política: son todas de Luis de Guindos, ministro de Economía del Gobierno conservador de Mariano Rajoy. No son siquiera unas declaraciones off the record. Lo dijo públicamente, durante una entrevista en septiembre en la emisora de radio Onda Cero. Pasaron relativamente desapercibidas pero son muy sintomáticas: demuestran que algo está pasando en la sociedad y en la política, en la percepción de los ciudadanos frente a la desigualdad salarial. ¿Alguien se imagina hace unos años que un ministro de Economía de un Gobierno de centro derecha cuestionase las retribuciones o los amplios beneficios de empresas privadas e hiciese un llamamiento público a la "solidaridad" de sus ejecutivos? ¿Qué ha cambiado en esta crisis para provocar un mensaje así?

Las declaraciones de Luis de Guindos no son tampoco un fenómeno español. En toda Europa, desde hace ya algunos años, los gobiernos de uno y otro signo político han empezado a cuestionar las retribuciones de los altos ejecutivos, especialmente en el sector financiero, donde muchos de los platos rotos los ha acabado pagando el contribuyente. La propia Eurocámara aprobó en 2008, en el inicio de la crisis, una resolución por casi unanimidad criticando los sueldos de los altos ejecutivos "que tienden a crecer de manera desproporcionada con los salarios ordinarios, lo que desmotiva el apoyo a una política salarial responsable". El presidente del Eurogrupo, el conservador Jean-Claude Juncker, también lo dejó claro: "Continuamente pedimos a los interlocutores sociales la moderación salarial, pero los trabajadores ven que mientras a ellos les proponemos que sean moderados otros actores en la economía están disfrutando de aumentos ilimitados".

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La gran reforma que jamás hará Rajoy

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Para crear una empresa en España hace falta valor y bastantes cosas más: diez trámites burocráticos, 28 días de plazo y 1.068 euros en papeleos de media. Los números son del Banco Mundial y salen de un informe que sitúa a España en el terrible puesto 136 (de 185) entre los países donde más fácil es poner en marcha una empresa. Por delante están potencias como Afganistán, Irán, Kenia, Marruecos, Tanzania, Yemen, Ruanda o Senegal. «España no es Uganda», como dijo Rajoy, porque incluso en Uganda (puesto 120) es más sencillo y barato crear una empresa. ¿La razón de este desastre? Entre otras cosas, una privilegiada burocracia privatizada: los notarios y registradores de la propiedad a los que ningún Gobierno en 150 años se ha atrevido a tocar.

Lo de 150 años es literal: la ley del notariado es del 28 de mayo de 1862, lleva la firma de Isabel II y, con leves cambios, aún está en vigor. Regula a un cuerpo de funcionarios peculiar, unos privilegiados que disfrutan de lo mejor de ambos mundos: la tranquilidad del puesto de trabajo asegurado y los mejores sueldos del sector privado. Ejercen en régimen de oligopolio una plaza pública cuyos beneficios no solo son privados, sino que suelen ser estratosféricos. Pese al pinchazo de la burbuja, ganan de media bastante más que un presidente del Gobierno, un ministro o incluso un controlador aéreo. Sus elevados salarios son un impuesto privado obligatorio que pagan todas las empresas del país. Son esos costes que lastran nuestra competitividad.

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El bulo del Arguiñano despedido

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En las últimas semanas, un viejo post ha vuelto a cobrar vida y se ha situado entre los más visitados de este blog. Se trata de este vídeo del cocinero Karlos Arguiñano. Las imágenes son de la primavera de 2012, pero la novedad que las ha puesto de actualidad es una mentira, un bulo de Internet: que Arguiñano ha sido despedido de Antena 3, precisamente por culpa de estas declaraciones.


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La mala imagen

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Se queja el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, de que viajar en el AVE en clase turista " no es la mejor imagen" para su institución. ¿En qué mundo vive? Se lo voy a contar. El señor Moliner –132.152 euros al año, secretaria, asesores, escoltas, coche oficial– preside la máxima autoridad judicial de un Estado con el 25% de paro, con más del 50% de desempleo juvenil; una sociedad que es capaz de compaginar decenas de miles de pisos vacíos, rescatados por el dinero público, y decenas de miles de familias desahuciadas de su hogar; una España donde la imagen de la justicia está en mínimos históricos, donde los políticos son señalados como el tercer mayor problema del país.

¿Tienen mala imagen las instituciones españolas? Me temo que sí, basta repasar las encuestas nacionales o la prensa internacional. Desde fuera nos señalan por nuestra ruinosa economía, arrasada por la burbuja del ladrillo, por nuestros altos niveles de corrupción; por habernos gastado toneladas de dinero público en infraestructuras inútiles, en aeropuertos peatonales y autopistas vacías que ahora tenemos que rescatar; por tener una ministra de Empleo que prefiere los cócteles en el Senado a discutir con la UE las ayudas contra el paro; por tener una alcaldesa, la de Madrid, que en plena crisis del Madrid Arena se recoge a meditar en un spa de lujo en Portugal y cuyo despacho, dotado de mayordomo personal, es más grande que el del presidente de EEUU.

¿Mala imagen, dice el presidente del Supremo? También la de su antecesor, al que durante meses Gonzalo Moliner apoyó: un juez, Carlos Dívar, que convirtió la "institución" en su marquesado particular y dedicó el dinero público a comer marisco en Marbella, viajar por los mejores hoteles del país y trabajar en la "semana caribeña", de martes a jueves, siempre bien acompañado por su asistente personal. Moliner, como todo el CGPJ, conocía desde hace tiempo esta impresentable situación. Solo fue un problema para la institución cuando afectó a la imagen, al verbo "parecer" y no al "ser".

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La ignorancia no es un punto de vista razonable

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Hay un señor neozelandés –un tal Robert Bast, experto en marketing, de profesión sus apocalipsis mayas– que lleva más de dos años dedicado a vender libros y explotar una web sobre el fin del mundo que, como ya conocerán, será este viernes (no está claro si por la tarde o por la mañana). Ésta es su semana grande y Bast está encerrado en un refugio en la montaña, en Australia, “a salvo de volcanes, terremotos y tsunamis”. Desde allí, mientras acumula conservas y agua potable, ha contestado a una entrevista que publica este blog de El País. En una de sus respuestas más hilarantes, Bast da en el clavo sin darse cuenta, de la misma manera que un reloj parado da la hora correcta dos veces al día. “Me hubiera gustado que me hicieran más caso”, se queja Bast desde su refugio. “La gente que no cree en el Apocalipsis recibe más atención que yo (el vídeo de la NASA de la semana pasada, los científicos...). Me gustaría que se explicara mi lado de la historia. Es bastante irritante”.

Un aplauso para Bast. Se lo ha ganado. Sin ser consciente, nuestro profeta del fin del mundo ha puesto el mejor ejemplo para explicar por qué el periodismo no debe ejercer de mero notario. La prensa no puede ser un simple receptor acrítico que después repite una versión y la contraria, sin preguntarse cuál de los dos partes miente. ¿Debe tomar partido un periodista? Sin duda: por la verdad. Es un trabajo difícil, pero a veces no tanto. No es necesario un entrenamiento altamente especializado para distinguir entre un lunático y la NASA.

¿Es la ignorancia un punto de vista razonable? ¿Todas las opiniones son legítimas? Y, lo más importante, si Bast cree sinceramente que el mundo se acaba este viernes, ¿qué coño hace perdiendo sus últimos días respondiendo entrevistas?

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