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Por qué privatizar hospitales es una mala idea: siete claves

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1. Conviene solucionar los problemas reales, no los imaginarios. Y la sanidad pública en España, frente al extendido tópico, no es insostenible, ineficaz ni cara. Al contrario, es de las más baratas y eficientes del mundo. Somos uno de los países que menos porcentaje de renta destina a su sistema público de salud: el 6,25% del PIB, unos 1.500 euros al año por persona. Con ese presupuesto, el Estado da una cobertura casi universal, muy superior a la de la mayoría de países de nuestro entorno. Gastamos menos que el resto de Europa, pero muchos europeos se vienen a España a operar. Por algo será.

2. El modelo privatizador que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid consiste en subcontratar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud públicos a empresas privadas. Estas compañías se ocuparán del servicio y, a cambio, la Comunidad de Madrid pagará todas las facturas con un canon anual. La sanidad, al menos por ahora, seguirá siendo gratuita para el ciudadano, pero el hospital quedará en manos privadas con contratos a los que después será difícil dar marcha atrás.

3. Por descontado, estas empresas no son ONGs. Pretenden ganar dinero, así que al coste del hospital habrá que sumar su margen comercial, su beneficio. Una de ellas, la más grande de las que operan en España, se llama Capio y pertenece a un fondo de inversión estadounidense, CVC, que presume de "multiplicar por 2,7 el retorno de las cantidades invertidas". Ese negocio, obviamente, va a salir de tu salud.

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Por qué fallaron las encuestas de las catalanas

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Los gráficos son bastante claros: ni una sola de las encuestas que se publicaron durante la campaña electoral catalanas fue capaz de predecir el mal resultado de CiU. Hubo incluso un sondeo –el de CEO, un CIS de la Generalitat– que pronosticó una mayoría absoluta para Artur Mas que ahora, tras las urnas, casi parece un chiste. ¿Qué sucedió para que las encuestas fallasen tanto? Cinco claves que explican el error.

1. La semana sin encuestas. En España está prohibido publicar encuestas durante los últimos siete días de campaña y parece obvio que esos días CiU perdió bastante fuerza. La encuesta que más se aproximó al resultado final fue, precisamente, la que publicó The Guardian el viernes pasado. No es que los expertos electorales ingleses sean mejores que los españoles: esa encuesta en realidad la pagó El Mundo y la elaboró la empresa española Sigma Dos para sortear así el veto legal a la publicación de sondeos durante la campaña.

2. Los "tracking" también registraron la caída de CiU. La encuesta de Sigma Dos no fue la única que constató el retroceso de Artur Mas. El PP en esta campaña –como hacen también durante otras elecciones para ajustar su estrategia sobre la marcha– encargó un sondeo diario al sociólogo Narciso Michavila donde también se veía venir este desplome. El último tracking del viernes, según los datos de Michavila, ya daban a CiU una caída notable: hasta los 54 escaños.

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Artur Mas repite la jugada Álvarez Cascos (con parecido éxito)

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El president de la Generalitat iba a por la mayoría absoluta y ha salido trasquilado. El ridículo es épico, como esa campaña mesiánica donde pidió "una mayoría excepcional" que se ha quedado en un excepcional ridículo: pierde doce escaños y ocho puntos. Se queda a 18 diputados de la absoluta y en una posición de complicadas alianzas. Podrá gobernar con el apoyo de ERC, PSC o el PP –igual que antes de convocar elecciones–, pero su margen real de maniobra es hoy más escaso. O baja del monte soberanista, o solo tiene un posible aliado: ERC, que es el gran triunfador de la jornada.

Para Esquerra estaban dedicadas las primeras palabras de Artur Mas tras las urnas. De ellos hablaba, aunque no les señalase con el dedo, cuando pidió un socio que sea "corresponsable" en la Generalitat para seguir con "el proceso" soberanista porque "CiU no puede liderar ambas cosas". Traducido: si ERC quiere patria, tendrá que hacerse también cargo de los recortes del Gobierno que con más saña ha aplicado la tijera. Todo un papelón para un partido que, además de catalán, también se define de izquierdas.

Las elecciones demuestran otras tres cosas. La primera: que el 11 de septiembre llenó las calles pero no han supuesto un vuelco determinante en el número de escaños independentistas. Los soberanistas (CIU+ERC+CUP) suman 74 diputados, dos menos que lo que sumaban hace dos años con Laporta. Sin embargo, aquella CiU de 2010 no se presentó a las eleciones con un programa soberanista y ahora sí lo ha hecho.

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El indulto: un abuso de poder cotidiano

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Se supone que el indulto en un Estado democrático es una medida de gracia ocasional y puntual. Será en el extranjero, porque en España hay más indultos que días. Literalmente. En lo que va de año, el Gobierno de Rajoy ya ha aprobado 444 indultos. No es una excepción, es la norma: somos uno de los países occidentales donde el Gobierno más abusa de esta prerrogativa arbitraria. Desde 1977 ya llevamos 17.620 indultos, siempre según los datos del BOE. Entre los perdonados está lo mejor de cada casa: golpistas del 23-F, terroristas de los GAL, políticos corruptos, jueces prevaricadores, grandes empresarios y banqueros defraudadores, narcotraficantes... Es una media de 480 al año.

Zapatero concedió 3.226 durante sus dos legislaturas mientras que Aznar -plusmarquista nacional- casi dobló este número, con 5.916 indultos. Por comparar, George W. Bush aprobó en ocho años solo 200 indultos en EEUU, un país casi siete veces más grande que España (aunque hay algunos delitos que pueden indultar los gobernadores de cada estado). Hay democracias, como Reino Unido, donde el indulto es aún más inusual y solo se concede cuando el condenado ya ha cumplido una parte de su sentencia.

Los últimos indultados han sido cuatro torturadores. El Gobierno, tan magnánimo en estos casos, les ha cambiado la cárcel por una multa de 7.300 euros, en cómodos plazos de 10 euros al día. Es la pena -por llamarla de alguna manera- que pagarán los cuatro mossos condenados por torturar a un ciudadano al que confundieron con un atracador: asaltaron su casa, le detuvieron ilegalmente, le apalearon y le pusieron una pistola en la boca amenazando con disparar.

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Por qué el informe policial sobre CiU viene bien a las dos derechas

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El famoso borrador fantasma de la policía sobre los Pujol, los Mas y los paraísos fiscales –ese documento que no se sabe quién elaboró o si lo copiaron de Internet, del Rincón del Vago– empuja en dos direcciones en estas elecciones catalanas. O bien te crees las acusaciones, y una enorme fuerza interior te impele a votar al PP. O bien no te lo crees, y si eres catalán es probable que te lo tomes como un ataque frontal a la patria, al president, al himno y la bandera, y le entregues tu voto al moisés redentor Artur Mas.

La conclusión es clara: más allá del objetivo fundamental de esta "exclusiva" de Pedro J –que siempre es vender periódicos– el mayor efecto colateral que va a producir en la campaña es el habitual centrifugado: esa polarización que tanto gusta a los extremos. Va a servir para concentrar el voto: es bueno para el PP, es bueno para CiU. De ahí que ambos partidos de la derecha lleven toda la semana chapoteando en ese asunto. Mucho mejor para los dos hablar de la patria o de los paraísos fiscales que de los recortes, la sanidad, la educación, el rescate o los copagos.

El PP de la Gürtel y de Jaume Matas acusa de corrupción a la CiU que tiene embargada su sede por el caso Palau. La CiU que se envuelve en la bandera se queja de que el PP usa los mecanismos del Estado en su contra. Ambos tienen razón, como esa sartén que le decía al cazo.

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Madrid Arena Corrupta

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Cómo será de mayúsculo el escándalo para que hayan caído tres altos cargos del PP en cuestión de tres semanas; con lo que cuesta dimitir en España, especialmente en la derecha. A cada paso que da la investigación sobre las cuatro muertes del Madrid Arena, más feo parece todo. Más siniestro. Más irregular y sospechoso.

A la larga lista de negligencias se suma un asunto más para nada irrelevante: el trato de favor que el Ayuntamiento de Madrid otorgaba a la empresa Diviertt, que organizó la fiesta de Halloweeen en el Madrid Arena. Su dueño, Miguel Ángel Flores, es un hombre muy bien relacionado con el PP.

La clave está en el contrato que desveló el martes Alicia Gutiérrez en eldiario.es: aquí está el documento. En él hay una cláusula que impedía a otras empresas celebrar fiestas y conciertos en los recintos de la Casa de Campo un mes antes y un mes después de los que organizaba Diviertt. En la práctica, esto suponía que Miguel Ángel Flores tenía firmado el monopolio del recinto durante el 2012 y el 2013, a pesar de que solo lo alquilaba unas pocas veces cada año: nadie más podía organizar allí otros eventos similares porque cada fecha que Diviertt montaba algo dejaba por dos meses el recinto cerrado a la competencia. ¿Se imaginan a un empresario privado aceptando un contrato tan leonino como el que firmó el Ayuntamiento? ¿A cambio de qué obtenía Diviertt esta tremenda ventaja sobre el resto de sus competidores?

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El Congreso amurallado

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El urbanismo es la representación de la estructura social sobre el mapa. Cambiando la ciudad, cambiamos la sociedad, y viceversa. Si analizamos los edificios, las calles, los arrabales y las plazas, es fácil deducir los equilibrios de poder y sus mutaciones a lo largo de la historia. Las grandes avenidas de París, por ejemplo, fueron una doble reforma de Napoleón III: modernizó la ciudad al tiempo que la vacunaba contra una nueva revolución al derribar el laberinto de callejuelas estrechas, fecundas en barricadas y protestas. La Ciudad Prohibida de Pekín es a la China Imperial lo mismo que el Palacio de Versalles al Rey Sol; lo mismo que la Sudáfrica de las urbanizaciones de lujo rodeadas de alambradas electrificadas al apartheid, o el Muro de Berlín a la Guerra Fría. Desde lo alto de las pirámides de Egipto, lo que nos contempla es el legado bello y terrible de una autocracia corrupta y caprichosa, capaz de gastarse un inmenso porcentaje del PIB del país en algo tan inútil como una tumba.

La evolución del urbanismo y la arquitectura es también la evolución de las clases sociales; por eso hay que fijarse en las señales sobre el mapa: apuntan las líneas del futuro y en ellas el aumento en la desigualdad y la ruptura social ya se nota. No es casual, por ejemplo, que el PP de Madrid quiera abrir en la Puerta del Sol una terraza de copas, a ver si así evita las manifestaciones y acampadas. O que el Congreso de los Diputados lleve varios meses blindado, constantemente rodeado por vallas y rejas que no se sabe si pronto crecerán hasta convertirse en murallas. Su altura es directamente proporcional al descrédito de los políticos en las encuestas.

No es tampoco casual que sea este año, justo este año, cuando el PP decida aparcar la jornada de puertas abiertas usando como excusa unas obras. Tampoco que ese circo se traslade al Senado, más fácil de proteger y poco simbólico. Bastante menos rodeable.

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Se vende ciudadanía

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Una ecuación sencillita: amnistía fiscal para el dinero negro + permiso de residencia para extranjeros que compren pisos = una gran oportunidad de negocio para las mafias. A las claras: dice el Gobierno que esta ideaca que ha parido la FAES está diseñada para "el mercado chino y ruso". Como ninguno de esos dos países queda precisamente a mano, cabe preguntarse por qué se piensa en ellos. Es una pregunta retórica. Tenemos que ser competitivos y, siguiendo el precedente de Eurovegas –toda ley está en venta y todo BOE sumergido en dinero experimenta un empuje hacia arriba equivalente a la pasta que desaloje–, el Gobierno ha decidido subastar también la ciudadanía. Es coherente, a su manera.

La primera cifra que barajó la FAES fue de 250.000 euros por un piso y los papeles. Ahora son 160.000, tal vez porque la detención del muy honorable emprendedor Gao Ping ha afectado a los cálculos previstos. Más allá de la indecencia moral de ligar el permiso de residencia a la compra de una vivienda, cabe preguntarse también su utilidad práctica y a quién beneficia la medida. Ahora que los pisos están bajando de precio, ¿debe el Gobierno actuar para que tal catástrofe no se produzca? ¿Qué parte del artículo 47 de la Constitución –ese que dice que la vivienda digna es un derecho y que el Gobierno debe impedir la especulación– no he entendido? ¿No vale con el rescate público al ladrillo a través del banco malo que además hay que ayudar concediendo los papeles para mejorar la oferta inmobiliaria? Si compras un piso de medio millón de euros, ¿te dan dos pasaportes y un tercero envuelto para regalo?

La gran pregunta, aún por contestar, es qué modelo de país tiene el Gobierno en mente: cuál es su apuesta estratégica para recuperar la economía; cuál es su diseño de país para los próximos años. ¿La respuesta? No lo dicen en voz alta, pero basta con enumerar algunas de sus medidas. 1. Amnistía fiscal para el dinero negro. 2. Promocionar la inversión exterior en España vendiendo que nuestros impuestos ni se notan. 3. Abaratar el despido y los salarios. 4. Recortar en I+D y en educación superior. 5. Poner una alfombra roja a Eurovegas. Y por último: vender el permiso de residencia por 160.000 euros. ¿El futuro de España? Queda claro: la apuesta estratégica no parece estar en las energías renovables –un sector donde somos punteros y que el Gobierno está podando con motosierra–, ni en la industria ni la ciencia ni en las nuevas tecnologías.... El modelo económico de futuro está claro: vamos a ser un paraíso fiscal de saldo.

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Por pelotas

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Los hechos. Hay un chaval de 13 años con el cráneo sangrando tras una carga policial. Hay también una mujer que ha perdido la visión en un ojo, víctima de un pelotazo de goma. Y hay un conseller de Seguridad de la Generalitat catalana, señor Felip Puig, que ni dimite ni investiga ni abre expediente alguno. “A los malos les seguirán persiguiendo los Mossos d´Esquadra”, dice el señor de las porras con el lenguaje chulesco de cualquier matón de barrio. Los malos: una mujer tuerta y un crío con el cráneo sangrando.

Las explicaciones. Para Puig, lo del chaval fue un hecho “fortuito”, cuestión de “mala suerte”. Más indignante es lo que cuenta sobre esa bola de goma que le dejará a Ester Quintana sin un ojo de por vida. Según Puig, tal cosa no sucedió, a pesar de lo que vieron varios testigos. “Durante todo el día no se dispararon pelotas de goma”, dice el conseller; será que la mujer se destrozó el ojo ella sola.

Las consecuencias. ¿Qué tiene que pasar para que alguien tome medidas contra estos abusos policiales?, se preguntaba Isaac Rosa hace unos días. La respuesta es obvia: da igual lo que suceda porque nunca pasa nada. No es ni el primer cráneo roto ni el primer ojo perdido: desde 1990, ya van 24 tuertos en toda España por obra y gracia de las pelotas de goma, un armamento antidisturbios que está prohibido en muchos países más civilizados que éste. Ni siquiera basta con que haya un muerto: ya lo hemos tenido, hace unos meses en Bilbao por uno de estos pelotazos. Algunos políticos aprovecharon aquella noticia para “plantear un debate” sobre este tipo de armas, tan dañinas. El debate quedó en nada. ¿Hace falta otro muerto para que se reabra?

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La letra pequeña del plan antidesahucios

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Algunos datos para explicar qué entiende el Gobierno por «extrema necesidad» y cuántas «familias de buena fe» se pueden beneficiar del nuevo plan de urgencia contra los desahucios. De todos los hogares españoles, solo el 3,7% son familias numerosas -tres hijos o más- y alrededor del 4% están formadas por un adulto con al menos dos hijos a su cargo. Apenas el 1,1% de los españoles menores de 65 años padecen una discapacidad total que les impide trabajar y poco más del 2% de la población tiene 3 años o menos. Cerca del 3% de las mujeres -el 1,5% de la población- han denunciado en alguna ocasión violencia machista y no hay datos sobre el último requisito: que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro y sin prestación alguna. Además de ingresar menos de 19.200 euros al año entre toda la familia, hace falta pertenecer al menos a una de estas minorías estadísticas para beneficiarse de la prórroga de dos años para los desahucios que ha aprobado el Gobierno. La conclusión es obvia: el decreto de urgencia solo soluciona una pequeña parte del problema, una mínima fracción de la catástrofe. Pero el porcentaje más desolador es otro: ni uno solo de los tres suicidas que en las últimas semanas han colocado este debate sobre la mesa del Consejo de Ministros cumplía con estos requisitos. El 100% de ellos habría quedado fuera de la solución tomada. Es un 0% de eficacia, un auténtico logro.

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