Cristóbal Montoro ha amagado con publicar las listas de los mayores defraudadores y morosos con Hacienda, los que no pagan al fisco o tienen grandes deudas con la Seguridad Social. El ministro tiene razón con esta iniciativa, que espero que lleve a cabo. Esa deuda se contrae con un ente que percibimos como algo abstracto, el Estado, pero en realidad estamos hablando de un dinero que se nos debe a todos los ciudadanos. Nosotros, los contribuyentes, tenemos el derecho a saber quién no paga, del mismo modo que es irrenunciable conocer el detalle de cómo se gastan nuestros impuestos. En una democracia, el dinero público debe ser siempre el más transparente de todos.
Difundir las grandes deudas con Hacienda tiene un valor ejemplarizante y sin duda ayudaría a reducir el fraude. Para muchas empresas, evitar esta publicidad negativa seguro que sería un gran incentivo para estar al corriente con sus pagos. Además, lo que plantea el ministro no es muy distinto de lo que ya hacen otros países europeos, como Irlanda. Ni el ministro pretende una excentricidad ni está inventando la rueda.
Sin embargo, las palabras de Montoro entran en radical contradicción con sus actos más recientes. ¿Es coherente que el ministro de la amnistía fiscal enarbole ahora la transparencia ejemplarizante contra morosos y defraudadores? Hablamos del mismo Montoro que perdonó a 30.000 defraudadores y garantizó su anonimato a cambio de un mísero 10%.
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