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Ryanair: una vida por las nubes en condiciones low cost

La UE no puede seguir integrando un mercado común del transporte sin que a la vez se integren por arriba los derechos de los empleados y empleadas

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Ryanair transportó 10,4 millones de pasajeros en septiembre, el 11 % más

Un avión de Ryanair EFE

Llevo unos meses haciéndome eco de un fenómeno preocupante en las políticas laborales de las compañías aéreas, y no sólo de las denominadas de bajo coste: las plantillas trabajan desde hace años en unas condiciones tan precarias que se le quitan a una las ganas de tomar un vuelo en Europa

Esta semana, de hecho, vamos a recibir en el Parlamento Europeo a una delegación de pilotos y de personal de tripulación de cabina de Ryanair para conocer de primera mano los motivos por los que siguen barruntándose huelgas en la empresa en las semanas clave de las próximas Navidades. Resulta paradigmático el caso concreto de esta empresa, Ryanair, con la que todos estamos familiarizados y que, de alguna manera, ha contribuido a que nos acostumbremos a ver más pequeño el mapa de Europa. 

Muchos de sus pilotos y personal de tripulación de cabina en todo el continente se quejan de que a veces se los contrata como falsos autónomos y se les niega los derechos de representación sindical. 

El Gobierno alemán ha tenido que aprobar un decreto hace pocas semanas para obligar a Ryanair a aceptar la constitución de comités de empresa en sus centros de trabajo en dicho país. 

Pero lo más sorprendente —y esto es algo que yo misma no he sabido hasta hace poco tiempo— es que muchas de los trabajadores de la compañía están contratados en Irlanda y cotizan y contribuyen al erario y la seguridad social de la República de Irlanda, aunque habiten o trabajen corrientemente en otros países de la Unión Europea. 

Volando voy, volando vengo, y por el camino derechos pierdo

Para hacernos una idea, los trabajadores que están contratados en estas condiciones, por ejemplo, en caso de incapacidad por accidente laboral, tienen que recurrir a los tribunales médicos de Irlanda. En ocasiones, no se les concede el derecho a reducción de jornada por guarda legal de un menor o familiar enfermo a cargo. En caso de presentar una reclamación judicial por un despido improcedente o una vulneración de derechos fundamentales u otros, por poner otro ejemplo, se está obligado a recurrir a los tribunales irlandeses, corriendo por cuenta propia el traslado, estancia y abogado. 

Los trabajadores se ven obligados a ir a Dublín para dar cuenta de algo tan privado como las enfermedades medicalizadas. Podría darse el caso —si es que no se ha dado ya— de que trabajadoras que, estando de baja por habérsele tenido que practicar una interrupción anticipada de la gestación, sean enviadas a dar explicaciones a la empresa. 

Por descontado, si se está dado de alta en Irlanda, pero la base de operaciones es el aeropuerto de Cracovia o Palermo, lo normal es encontrarse con muchos obstáculos a la hora de tener acceso a un médico de la seguridad social, ya que en los Estados continentales se les trata como trabajadores desplazados. 

Es más, tener la cuenta corriente en Irlanda —pero no residir allí— resulta un impedimento para solicitar tarjetas de crédito y créditos en sí, o contratar hipotecas, tanto en Irlanda como en España, Bélgica, Portugal o Italia. 

Para colmo, el mínimo anual de días de vacaciones remuneradas en Irlanda es 20, mientras que muchos otros Estados miembro llega a los 30. 

Mirar hacia otro lado no es una opción

Es una realidad que nos lleva a pensar que los consumidores europeos de viajes en avión somos también ciudadanos y no debemos conformarnos con que nuestras vacaciones o nuestros viajes de trabajo a precios muy competitivos sean a costa de las condiciones laborales de tanta gente. Sólo en el aeropuerto de Sevilla, Ryanair tiene pensado tener contratados en 2019 a un total de 2.400 personas. 

La UE no puede seguir integrando un mercado común del transporte sin que a la vez se integren por arriba los derechos de los empleados y empleadas. 

Es cierto que, como muy tarde en 2022, la legislación comunitaria prevé que cesen estas situaciones de cotización en un país en el que no se reside. Sin embargo, mientras tanto, seguirán siendo las mismas personas las que carguen en sus espaldas con el peso de los beneficios que disfrutan los accionistas de empresas que hacen un abuso de poder sin complejos.

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