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El futuro acuerdo neoliberal entre la Unión Europea y el Mercosur no es bueno ‘per se’

La agricultura y ganadería familiar del Estado español se verán muy afectadas: la COAG ya advirtió que el acuerdo tendría un impacto muy negativo sobre el 20% de la producción final ganadera española y equivaldría a pérdidas de 2.700 millones de euros al año

Las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) han entrado en una fase caliente. Tras un mes de Diciembre en el que no alcanzaron un acuerdo político aprovechando la reunión de la OMC en Buenos Aires la situación parecía bloqueada. El Mercosur se negaba a aceptar la última propuesta de la UE (600.000 toneladas de etanol y 70.000 toneladas de carne bovina) por considerarla insuficiente

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Cumbre de Mercosur en 2015 EFE

Las élites europeas se llevaban las manos a la cabeza. En el Parlamento Europeo se veía y oía las intervenciones nerviosas de aquellos cargos públicos que más bien parecen representar los intereses de la industria exigiendo a la Comisión Europea responsabilidades: el acuerdo entre la UE y el Mercosur es bueno per se y punto en boca. Sin embargo, la cantinela de que más comercio neoliberal es bueno en cualquier caso está muy en entredicho. 

Desde Podemos nos preocupa, en primer lugar, el secretismo de estas reuniones y la falta de transparencia y participación. Esto viene siendo una práctica habitual en todas las negociaciones de tratados de comercio e inversión. De las reuniones secretas de la comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström, el comisario de agricultura, Phil Hogan y los ministros de relaciones exteriores e industria de los países del Mercosur, ha trascendido que Bruselas ha aumentado la cuota de importación de ternera libre de aranceles a 99.000 toneladas por año. Aunque la UE lo niega de cara a la prensa por miedo a las respuestas del sector agro-ganadero. 

En marzo de 2017 hubo un escándalo en torno a la carne podrida de Brasil. Varias empresas brasileñas, entre ellas JBS y BRF, sobornaron a fiscales sanitarios para que autorizaran la venta de carnes manipuladas con productos químicos que estaban en mal estado y no cumplían con los requerimientos para poder ser destinadas al consumo en el exterior. 

Una de las mayores compañías de carne del mundo -la brasileña JBS- admitió haber sobornado a inspectores y políticos de alto rango durante años. Los altos ejecutivos de JBS están siendo juzgados por un masivo esquema de corrupción que involucra a 1.893 políticos en Brasil. 

Además, la industria cárnica y la producción insostenible de piensos son los grandes responsables de la deforestación en áreas como la selva tropical del Amazonas. La agroindustria causa asimismo el desplazamiento forzado y otras violaciones de derechos humanos a las comunidades indígenas y campesinas. Y en las mega-granjas prevalecen a menudo las condiciones de trabajo similares a la esclavitud. 

Más del 75% de las importaciones de carne bovina a la UE -246.000 toneladas- ya provienen de los países del Mercosur. Sin embargo, el acuerdo comercial con el Mercosur aumentaría esta producción insostenible e injusta al importar más carne sin aranceles y reduciría los controles de importación. 

La política comercial neoliberal de la UE se realiza a expensas de los derechos humanos, el medio ambiente y la protección del consumidor. De nada vale que se ponga en riesgo el desarrollo endógeno de los sectores industriales del Mercosur. El acuerdo hace saltar por los aires los acuerdos previos dentro del Mercosur sobre productos industriales como automóviles: este tratado tiene también como objetivo dinamitar las dinámicas de integración latinoamericanas. Según un estudio del Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior (ODEP), organismo dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), 186.000 empleos industriales podrían perderse sólo en Argentina. 

También la agricultura y ganadería familiar del Estado español se verán muy afectadas por las importaciones de carne barata. El sindicato agrario COAG ya advirtió que el acuerdo comercial UE-Mercosur tendría un impacto muy negativo sobre el 20% de la producción final ganadera española y equivaldría a pérdidas de 2.700 millones de euros al año. Si el sector primario y la población rural ya están muy abandonados por los poderes públicos europeos y españoles con una PAC cada día con menos fondos y orientada a la agroindustria de la exportación, esto es una puñalada mortal más. 

Igualmente una mayor importación de azúcar, pollo o etanol afectaría negativamente a  la agricultura familiar. Desde Podemos nos sumamos a las declaraciones de las organizaciones agrarias que valoran como inaceptable que la UE haya incrementado su oferta a cambio de concesiones en otros sectores como el automovilístico. 

¿Con quién se negocia?

Por último, cabe destacar que varios miembros del gobierno de Brasil y Argentina aparecen en la última filtración mundial sobre paraísos fiscales, los “Paradise papers”. El actual ministro brasileño de Agricultura, Blairo Maggi, es accionista de una empresa que procesa alimentos, con su sede "oficial" en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Por si fuera poco, el ministro de Finanzas de Argentina, Nicolás Caputo, es el administrador de una compañía de inversiones ubicada en las islas Caimán, cuyos fondos de cobertura casi causaron la bancarrota del estado argentino. 

Para Podemos, el hecho de que Bruselas negocie con gobiernos comprometidos con el saqueo de dinero público y la evasión de impuestos es también un apoyo a estas prácticas. Al igual que aceptar como interlocutor a un gobierno golpista como el de Temer en Brasil es legitimar el grave atropello democrático que la población brasileña lleva sufriendo ya un año. Cuando pregunté al representante de la Comisión Europea sobre las medidas contra la evasión fiscal que se barajan contestó este que era natural que aumentaran si aumentaban los intercambios comerciales. 

Tanto la Unión Europea como los gobiernos del Mercosur están obligados por el derecho internacional a una evaluación de impacto rigurosa e independiente y a un control transparente de las normas ambientales, sociales, laborales y de derechos humanos. 

Pero como sabemos que esto no va a suceder, nos movilizaremos contra este tratado. Además defenderemos un comercio alternativo que represente el interés general y beneficie a las mayorías sociales.

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