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Espacio para la reflexión y el análisis a cargo de parlamentarios europeos españoles.

Una última oportunidad para regular el sector financiero

Philippe Lamberts / Ernest Urtasun

Queremos dar la voz de alarma. Seis años después del inicio de la crisis financiera en Europa, una amplia mayoría de los diputados y de los gobiernos europeos está a punto de enterrar la que podría haber sido la mayor reforma bancaria de la historia de la Unión, en particular, la separación de las actividades bancarias. Tras este enunciado contundente se esconde, en realidad, una idea sencilla, realista y, sobre todo, innegablemente eficaz para evitar futuras crisis bancarias y proteger mejor a los contribuyentes europeos.

No obstante, antes de plantear la solución, hablemos primero de cuál es el problema. Actualmente el sector bancario europeo está dominado por un puñado de bancos denominados “sistémicos”, es decir, bancos de dimensiones tan enormes que la quiebra de tan solo uno de ellos podría poner en peligro al conjunto de la economía europea.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Durante los últimos 15 a 25 años, estos bancos han crecido de forma desproporcionada con respecto a la economía real, principalmente incrementando su volumen de actividades especulativas en los mercados financieros.

En la actualidad constituyen colosos bancarios “mixtos”, es decir, combinan las actividades de la banca minorista (el depósito de ahorros y la concesión de créditos a los hogares y a las empresas) con las de un banco de negocios (operaciones en el mercado, a menudo de carácter especulativo).

Esta confusión entre las categorías conlleva diversos efectos adversos. En particular, los grandes bancos utilizan los depósitos de sus clientes para financiar sus operaciones de especulación. Asimismo, corren riesgos excesivos porque saben que, si la apuesta les sale mal, los Estados no tendrán más remedio que rescatarles para evitar que sus depositarios sufran directamente las consecuencias. En pocas palabras, el hecho de permitir que los megabancos actúen como depositarios de los ahorros de los particulares mientras especulan en los mercados financieros es como permitir a un hipermercado que almacene, bajo un mismo techo, madera al lado de combustible.

Los efectos adversos no son sólo nocivos por el riesgo sistémico que genera en el sistema bancario. Las personas usuarias también se ven gravemente afectadas y en España hemos vivido el ejemplo más dramático: la estafa de las participaciones preferentes. Clientes de perfil evidente de ahorro minorista eran captados por las entidades financieras para sus actividades inversoras de riesgo. Y ante el colapso de las inversiones, han perdido total o parcialmente los ahorros de toda una vida.

Por este motivo, resulta necesaria una separación de las actividades bancarias. Este tipo de medida obligaría a los grandes bancos a fijar una separación inamovible entre sus actividades básicas para el público en general (depósito de ahorros y concesión de créditos) y sus actividades no básicas (operaciones en el mercado). Las primeras, que corresponderían a una entidad de «banca minorista», seguirían recibiendo apoyo público en caso de quiebra, mientras que las segundas, que corresponderían a una entidad de «banca de negocios», no disfrutarían de tal protección.

En enero de 2014, la Comisión Europea presentó un proyecto de Reglamento que constituía un paso en esa dirección. Sin duda, dejando a un lado cualquier automatización de la separación bancaria (la decisión final recaería exclusivamente en las autoridades supervisoras), el brazo ejecutivo de la Unión ha introducido  limitaciones importantes en su propuesta legislativa. No obstante, en lugar de optar por cubrir esas lagunas, una gran mayoría de diputados y de gobiernos europeos se está esforzando por agrandarlas. Incluso hasta el punto de rechazar la idea en sí de una separación de las actividades bancarias.

Los argumentos que emplean para justificar lo injustificable son de sobra conocidos: “Esta medida puede perjudicar a la competitividad de nuestros bancos”, “una regulación excesiva puede acabar con el crédito y, en consecuencia, perjudicar a la recuperación del crecimiento”, “la mayor parte de las operaciones que realizan los bancos en los mercados no son especulativas, sino que se centran en desarrollar productos financieros adaptados a las necesidades de las empresas”, etc.

Como cabía esperar, estos argumentos son idénticos a los empleados por los grupo de presión del sector bancario para luchar contra la idea de una separación bancaria.

El hecho de que la mayoría de los responsables políticos no tenga el menor problema en defender abiertamente los intereses de las grandes entidades bancarias se debe, en gran medida, a que actualmente ha disminuido notablemente la presión mediática y ciudadana que luchaba por una mayor regulación bancaria. Pocos de estos responsables se hubieran atrevido a oponerse a la separación bancaria si la medida se hubiera propuesto justo tras el inicio de la crisis financiera de 2008. Salvo que quisieran acabar de lleno con su carrera política.

Parece que el tiempo va en contra de la regulación bancaria. ¿Es necesario recordar que, desde 2008, los países europeos han destinado 1,6 billones de euros a ayudas estatales y garantías públicas para rescatar al sector bancario europeo? ¿O que el aumento de los déficits presupuestarios y de la deuda pública tras rescatar a la banca se han traducido luego en drásticos programas de austeridad cuyos efectos han afectado de forma desproporcionada a los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad?

Si el 99% de los ciudadanos europeos, indefensos en la actualidad por la falta de regulación financiera, se dieran súbitamente cuenta de la mala pasada que está a punto de jugarles la mayoría de sus representantes electos, se movilizarían para acabar con este escándalo político.

La buena noticia es todavía no está todo perdido. Quienes sean partidarios de la separación bancaria tenemos una última oportunidad para inclinar la balanza en el otro sentido. Esta semana se reúnen los eurodiputados y eurodiputadas en la Comisión parlamentaria de asuntos económicos y monetarios para decidir por votación si van a enterrar o no el proyecto de reforma bancaria presentado por la Comisión. Los diputados y diputadas conservadores y liberales parecen haber decidido matar el texto, mientras que el grupo socialista permanece dividido, lo que podría traducirse en la adopción de un reglamento muy diluido que no deje en la práctica ninguna posibilidad para una separación real de actividades.

Si los socialistas deciden finalmente juntarse con el Grupo Verde, la Izquierda Unitaria y el Movimiento 5 estrellas, podríamos burlar la estrategia conservadora de terminar con el proyecto. Nos jugamos evitar nuevas estafas bancarias.

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