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Rementeria: promesas que no valen nada

Israel Escalante Mesón

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En 2021 en Bizkaia fallecieron en su puesto de trabajo 13 personas, año en el que según Osalan se produjeron 17.333 accidentes laborales. A este registro hay que sumar quienes no pueden o se atreven a coger la baja, quienes sufren mobbing o no disfrutan de los descansos legales entre jornadas. La precariedad laboral no sólo está normalizada en la forma de contratación sino también en las condiciones de los puestos, hasta el punto de que 13 currelas fallecidos en un año parecen un sacrificio normal para el mercado. ¿Qué pasaría si fallecieran 13 Sánchez Galán-es en un año?

Es sabido además que las condiciones laborales dejan mucho que desear en ciertos sectores como la hostelería y el comercio. La conocida empresa La Gilda del Norte llevó la explotación hasta el despido de una empleada que no quiso abortar; el cocinero Eneko Atxa fue denunciado en 2018 por prácticas de semi-esclavitud; Last Tour es una gestora de eventos como el BBK Live con denuncias de jornadas abusivas sin garantías de descansos; IMQ despidió a 76 trabajadoras por ejercer el Derecho a la Huelga… ¿Qué comparten estas empresas? Que se han financiado con dinero de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Hace ya tres años el Diputado general de Bizkaia firmó como compromiso prioritario de Legislatura “el impulso del empleo estable y de calidad”. La pregunta es ¿Cómo se materializa ese compromiso? La primera vez que lo preguntamos, nos contestaron con las cláusulas sociales a la contratación. El problema es que el Gobierno de Bizkaia participa de o financia proyectos que se desarrollan sin contrato, sino por medio de Convenio de Colaboración o simplemente por subvención, y este es el caso de los ejemplos dados. En estos casos, consideramos que, dado el orgullo de Diputación por las innumerables cláusulas ya firmadas hasta ahora, lo lógico sería que lo adaptaran a estos casos exentos, ¿no? Pues no quieren. Recuerdo la campaña “Ayudas sí, control también” con la cual, imitando al PP de Maroto, presuponían que quienes llegan a fin de mes por medio de recursos públicos suelen cometer fraudes: ¿Por qué no se acepta al menos un control similar para empresas como Petronor, BBVA o LastTour? Como digo, son empresas que ya han demostrado vulnerar derechos de los y las trabajadoras. La respuesta oficial es que no es necesario, pero salvo que nos demuestren el error, da que pensar que el gobierno de Bizkaia es clasista. 

¿No será que, desde su baja del sindicato, al Diputado General le importa más no incomodar a la patronal que cuidar a las y los trabajadores?

Por coherencia con su compromiso, la Diputación debería adaptar la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2026 del Gobierno vasco, que mejoraría los controles sobre la salud laboral en personal foral y en puestos dependientes de DFB (por ejemplo, personal de mantenimiento del BEC o de restauración en el Euskalduna) pero es una propuesta que nos han rechazado.

Todo esto nos sirve para constatar que el compromiso de Diputación de mejora del empleo y su calidad es mero humo. ¿No será que, desde su baja del sindicato, al Diputado General le importa más no incomodar a la patronal que cuidar a las y los trabajadores? 

En 2021 en Bizkaia fallecieron en su puesto de trabajo 13 personas, año en el que según Osalan se produjeron 17.333 accidentes laborales. A este registro hay que sumar quienes no pueden o se atreven a coger la baja, quienes sufren mobbing o no disfrutan de los descansos legales entre jornadas. La precariedad laboral no sólo está normalizada en la forma de contratación sino también en las condiciones de los puestos, hasta el punto de que 13 currelas fallecidos en un año parecen un sacrificio normal para el mercado. ¿Qué pasaría si fallecieran 13 Sánchez Galán-es en un año?

Es sabido además que las condiciones laborales dejan mucho que desear en ciertos sectores como la hostelería y el comercio. La conocida empresa La Gilda del Norte llevó la explotación hasta el despido de una empleada que no quiso abortar; el cocinero Eneko Atxa fue denunciado en 2018 por prácticas de semi-esclavitud; Last Tour es una gestora de eventos como el BBK Live con denuncias de jornadas abusivas sin garantías de descansos; IMQ despidió a 76 trabajadoras por ejercer el Derecho a la Huelga… ¿Qué comparten estas empresas? Que se han financiado con dinero de la Diputación Foral de Bizkaia.