ELA cree que la gestión vasca de las Prisiones “agrava” el modelo anterior del Estado

El sindicato ELA ha denunciado la situación “frustrante, inasumible e indigna” de las prisiones vascas un año después de la transferencia de su competencia al Gobierno vasco, y ha resaltado la reducción de personal, el “caos organizativo” y el riesgo de privatización, entre otras “carencias” que “se han agravado” en los últimos meses.

El miembro de la Secretaría de ELA, Josu Simal, y representantes de la central sindical en las tres cárceles vascas --Fernando Gómez (Zaballa), Melchor Ibarburu (Martutene), y Julian Maruri y Aitor Igarzabal (Basauri)--, han ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián en la que han realizado un análisis de la actuación del Ejecutivo vasco desde que obtuviera la transferencia de las prisiones de Euskadi.

En esa línea, han criticado que, en un “ejercicio de indefinición calculada”, el Gobierno vasco no ha dado a conocer aún cuál es su proyecto, y se “limita a enmascarar la situación con una campaña de publicidad y autobombo que oculta deliberadamente numerosas carencias”. Así, Simal ha señalado que, a fecha de hoy, se desconoce el plan de infraestructuras y “no se sabe si se van a construir Centros de Inserción Social para el cumplimiento de penas en régimen de semilibertad, como se anunció en su día”. Además, ha apuntado que tampoco se conocen los planes para “la plena utilización del Centro Penitenciario de Araba, para el nuevo Centro de Gipuzkoa (Zubieta), o sobre la eventual construcción de otro centro en Bizkaia”, al tiempo que ha incidido en que estos equipamientos son “básicos para implantar un modelo penitenciario u otro”.

“Caos organizativo”

En cuanto a la plantilla, han denunciado la “falta de previsión” que “afecta directamente a la estructura de plantilla y a su dimensionamiento”. Gómez ha explicado que la plantilla es “muy deficitaria” en Zaballa. Se trata de un centro “casi gemelo del de Villena (Alicante), pero cuenta con un 20% menos de plantilla”. De este modo, ha detallado que al producirse el traslado de Nanclares a Zaballa “se mantuvo la plantilla, a pesar de que el nuevo centro es más grande y cuenta con más personas internas y ha aumentado el número de reclusos de 600 a 800”.

“La transferencia se realizó sin cerrar la plantilla y sin delimitar con el Estado la plantilla necesaria y esta imprevisión ha supuesto un auténtico caos”, han sostenido, al tiempo que han cifrado en 16 los puestos sin cubrir en Martutene -en cuyas oficinas se pasó de los diez efectivos necesarios a solamente dos- y en 34 las vacantes en Basauri, donde en el último periodo se han jubilado ocho funcionarios.

Los representantes de ELA tambien han explicado que se suman “más carencias” como pueden ser “la falta de una aplicación informática propia y uniforme propio” porque “se sigue utilizando el del Estado” y se producen fallos en proveedores de productos básicos para el economato de la población interna, como puede ser la leche, o se ofrecen “marcas blancas de calidad ínfima”.

“Los reclusos han visto que bajaba su cobertura en una gama de atenciones muy diversa y los trabajadores también han visto mermadas sus condiciones”, ha afirmado Gómez, quien ha lamentado que hace un año había “optimismo” ante un modelo vasco “novedoso e innovador” y actualmente la situación “ha empeorado hasta ser frustrante, decepcionante, inasumible e indigna”. Asimismo, han denunciado que “hay falta de planificación” en la reforma de las cocinas del centro de Araba, lo que ha traído consigo “una situación intolerable y los internos han tenido que comer bocadillos durante una semana”.

Los representantes de ELA han señalado que en la plantilla se dan diferentes condiciones laborales en cuanto a jornada y retribuciones, y “se ha implantado la temporalidad”. De este modo, han censurado que el Gobierno vasco “no ha negociado con los sindicatos ni la Relación de Puestos de Trabajo, ni las condiciones laborales definitivas ni la realización de las OPE”.

“Todo esto aboca a un caos organizativo absoluto, cubierto mediante el uso masivo de horas extras, las llamadas 'peonadas' que han sido denunciadas ante Inspección de Trabajo en el caso de Zaballa, la acumulación de turnos (hay personas que realizan jornadas de 40 horas seguidas sin descanso) y el no disfrute de libranzas. La gestión de la transferencia ha traído precariedad, desigualdad, inseguridad”, han subrayado.

Para ELA, es “inadmisible” que un avance parcial en el ámbito competencial haya supuesto “semejante retroceso social y laboral por la nefasta gestión del Gobierno vasco”. Asimismo, han resaltado que el nuevo personal de bolsas de trabajo que se incorporará “ni está preparado ni tiene la formación mínima”. “Trabajar en una cárcel no es hacerlo en una fábrica, es muy complicado, y cualquier día va a suceder un hecho grave”, ha advertido Gómez. Por su parte, Igarzabal ha afirmado que la consejera Beatriz Artolazabal “menosprecia a los trabajadores de los centros penitenciarios desde que fuimos transferidos”.

ELA, además, ha recordado que el Gobierno vasco ha convocado ayudas para empresas y fundaciones (6,2 millones de euros ampliables para 2022-2023), lo que, a su juicio, conlleva que “una serie de labores en el ámbito de la reinserción, realizadas hasta ahora por personal propio, podrán ser subcontratadas y llevadas a cabo por personal externo en un proceso de privatización y externalización, creando un nuevo nicho de precariedad”.

Tras considerar “inconcebible la abdicación del Gobierno vasco en política lingüística”, el sindicato ha valorado positivamente el “traslado a cárceles vascas de los presos políticos”, y ha denunciado que “algunos tribunales estén revisando cuestiones como la progresión de grado de algunos reclusos”, para añadir que, en relación con otros reclusos “que tienen arraigo en la CAPV pero están en cárceles distantes, hay cierta inacción para acercarlos a los centros vascos”.

Finalmente, han señalado que la mayoría del personal penitenciario ha optado por iniciar movilizaciones, que aún no están definidas, y han reivindicado un modelo de ejecución penal “más humano y centrado en la reeducación y la reinserción de las personas internas, que exige igualmente respeto y mejoras laborales para los trabajadores”.