Los presos de ETA, obligados a mover ficha tras las advertencias de la izquierda abertzale

La advertencia de la izquierda abertzale a los presos de ETA obliga a este colectivo a aclarar cuál será su estrategia en los próximos años. La respuesta de los internos de la banda, incluso el tiempo que dure su debate interno, servirá de termómetro para calibrar el grado de aceptación de la propuesta de su brazo político. La resolución de esta nueva reflexión también medirá la sintonía entre las cárceles y el exterior, dos mundos en los que asoma una corriente crítica antaño inexistente.

El histórico dirigente abertzale Rufino Exteberria, actualmente en Sortu, fue el primero en introducir la discusión el pasado martes durante una conferencia en Pamplona. Para ello, más que una hoja de ruta sobre qué hacer, emitió un diagnóstico: “La caracterización actual de EPPK corresponde a otra época política”. Es decir, la estrategia del “frente de cárceles” ya está “superada” y los presos deben asumir que son una “consecuencia del conflicto”.

Hace tan sólo cuatro años las promesas que les llegaban a los presos del exterior eran muy diferentes. Se les dijo que el cese de la violencia de ETA abriría una negociación sobre su situación. El propio Rufino Etxeberria se justificó el martes diciendo que esa era su creencia porque, según desveló, fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quien se comprometió en 2011 a un acercamiento de los presos a las cárceles del País Vasco y Navarra.

En cambio el mensaje que les transmite ahora Sortu a los reclusos es distinto: “la salida de los presos no va a venir de la mano de un acuerdo alcanzado en torno a una mesa”. Por ello se les pide aportaciones con “audacia” y se aboga por una “reintegración por medio de cauces legales y con una aplicación individualizada”. Además Etxeberria introdujo exigencias a Madrid como la transferencia de las competencias penitenciarias al País Vasco y Navarra o un plan de “excarcelación condicional anticipada” para los presos.

Comunicados de 2013

No sería la primera vez que el Colectivo de Presos de ETA (EPPK por sus siglas en euskera) admitiese la legalidad. Ya en diciembre de 2013 anunciaron por primera vez su disposición a aceptar la legislación penitenciaria a cambio de beneficios y reconocían el “sufrimiento y daño multilateral generados”.

No obstante, aquel anuncio nunca se transformó en medidas concretas. Para acceder a beneficios penitenciarios, la Ley les exige cuatro requisitos: romper con la banda, pedir perdón a sus víctimas, colaborar con la Justicia y pagar la responsabilidad civil de sus atentados en caso de haberlos cometido.

Por ello el margen de maniobra para los presos no es muy amplio, sobre todo si se tiene en cuenta que el propio Etxeberria se mantuvo firme en el rechazo al “arrepentimiento y la delación”, que es su forma de referirse a la colaboración con las autoridades. Sortu trata así de marcar distancias con los presos de la 'Vía Nanclares' que, de manera individual, rompieron con ETA y a cambio fueron acercados al País Vasco o se suavizó su régimen penitenciario.

Acuerdo con la Fiscalía

Ante la debilidad sin precedentes de ETA, la izquierda abertzale ha vuelto a marcar el paso al Colectivo de Presos como ya hizo en aquel 2013. Seis meses antes del comunicado del EPPK se había celebrado el Foro Social. Aquella iniciativa tuvo lugar entre junio y julio y sirvió a varios dirigentes de peso de la histórica Batasuna para instar a los presos a que aceptasen la legalidad penitenciaria.

Esta vez el mensaje de Sortu no llega sólo. Al día siguiente de la conferencia ofrecida por Rufino Etxeberria, 35 miembros de Batasuna, PCTV y ANV llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones por el que aceptaban sus condenas que no superaban los dos años de cárcel y evitaban la cárcel.

En ese acuerdo se comprometieron a firmar un texto en el que reconocían “su participación en los hechos asumiendo que su conducta fue contraria a la legalidad vigente”. Es decir, admitían que actuaron siguiendo las órdenes de la banda, un hecho sin precedentes en el discurso histórico de la izquierda abertzale, siempre contraria a la tésis de “todo es ETA” por la que se ilegalizó a Batasuna.

Además renunciaban “a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado”. Tampoco es habitual que desde la izquierda abertzale usen la palabra “terrorismo” para definir los crímenes de ETA.

El portavoz de Sortu Pernando Barrena, uno de los firmantes de ese texto, fue el encargado de marcar el camino: “el acuerdo alcanzado plantea una nueva manera de actuar en la que todas las partes hacen un esfuerzo para buscar soluciones y consideramos que puede ser útil para comenzar a dar por finalizada la aplicación de las legislaciones y políticas de excepción”.

Este mensaje se puede leer en clave en interna como una invitación a los presos a tomar nota. También como un mensaje al futuro Gobierno que surja de las negociaciones después del 20D. Asimismo en 2016 se celebrarán elecciones autonómicas en el País Vasco, una cita a la que la izquierda abertzale llegará con el deseo de recuperar protagonismo tras haber cosechado un mal resultado en las generales.

400 presos

Actualmente el EPPK lo componen cerca de 400 reclusos, muy lejos de los 677 que había repartidos entre España y Francia cuando la banda decretó el final de la violencia en 2011. Atrás dejan una legislatura en la que han sido relegados del debate político, se hallan en una situación de bloqueo y con una división en su seno que se agrava cada vez más.

En los últimos meses han adquirido una mayor presencia grupos minoritarios como Amnistia Ta Askatasuna (ATA) con un discurso muy crítico contra la izquierda abertzale oficial representada en Sortu y la antigua Batasuna. Les acusan de haberse acomodado y haber renunciado a reivindicaciones históricas como la amnistía de los presos.

Según informaron a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista, un 79,8 por ciento de los internos de ETA en cárceles españolas ejercieron su derecho al voto por correo desde prisión en las últimas elecciones generales del pasado 20 de diciembre, una cifra alta, pero muy alejada del 91,3 por ciento de participación registrado en los comicios de 2011, apenas un mes después del cese definitivo de la violencia y el año que su brazo político volvía a las instituciones.

Estrategias fallidas

Todas las estrategias del EPPK en los últimos años han seguido encaminadas a lograr una solución colectiva y no individualizada chocando siempre por ello con el rechazo de la Administración o los tribunales. A finales del año pasado optaron por solicitar su acercamiento al País Vasco por la vía judicial, meses antes habían hecho lo propio ante las juntas de tratamiento de las prisiones, también pidieron de forma colectiva la excarcelación de los presos considerados enfermos y los mayores de 70 años... Ninguna iniciativa obtuvo respuesta positiva.

También en los sucesivos golpes policiales sufridos estos cuatro años, especialmente en las operaciones 'Jaque' y 'Mate', la Guardia Civil logró desarticular el entramado de abogados de ETA. Servían de nexo entre la banda y las prisiones, transmitían consignas de una prisión a otra y mantenían la unión del colectivo. Ahora esa figura no está tan presente, especialmente tras la detención de la abogada Arantza Zulueta a quien Etxeberria recordó en su conferencia de Pamplona.

Fruto de todos estos acontecimientos, el EPPK ni siquiera mantiene el ritmo de otras épocas a la hora de expresar sus opiniones a través de comunicados, un tónica que podría cambiar ahora que su brazo político les ha interpelado de forma directa. Les toca mover ficha.