¿Actuará el Gobierno vasco contra la planta de purines tras perder 3,2 millones?

Planta de tratamiento de purines.

Un “conflicto de intereses” ha forzado al Gobierno vasco a personarse como “perjudicado” en la investigación penal abierta por un juzgado de Balmaseda (Bizkaia) en torno al fallido proyecto de construcción de una planta de purines en el valle de Carranza, que se ha tragado del orden de 10 millones de euros en ayudas públicas, 3,2 de ellos procedentes de la propia Administración autonómica. Los servicios jurídicos del Ejecutivo ejercían hasta hace unas semanas la defensa del funcionario Valentín Terés pero, tras haber sido imputado formalmente por la presunta falsificación de los documentos oficiales que posibilitaron que la planta de purines lograra esas subvenciones públicas, los letrados del Gobierno han pasado a ser parte acusadora, aunque eso no presupone que vayan a reclamar formalmente responsabilidades penales como sí hacen muy activamente la Fiscalía, el Ayuntamiento de Carranza y la Abogacía del Estado. ¿Qué papel jugará?

El exdirector de Agricultura del Gobierno vasco, imputado por apropiación indebida

El exdirector de Agricultura del Gobierno vasco, imputado por apropiación indebida

La causa abierta en un juzgado de Balmaseda en torno a la fallida planta de tratamiento de purines, que ha tomado impulso con la imputación de once personas, tiene su origen en una querella de EH Bildu, a la que luego se le unió una denuncia de la Fiscalía de Bizkaia cuando la dirigía la actual fiscal superior, Carmen Adán. El proyecto, que se gestó en 2003, recibió cuantiosas subvenciones públicas con una inversión privada mínima (3.000 euros) y ha puesto en tela de juicio el papel de exdirector del Departamento de Agricultura, Martín Ascacibar (PNV).

Fue la oficina de Ascacibar la que libró las subvenciones autonómicas a Karrantzako Minda, la entidad que gestionaba el proyecto. Además, este alto cargo era el representante “exclusivo” del Ejecutivo en la comisión de seguimiento del proyecto. Se da la circunstancia de que Ascacibar se convirtió en el portavoz de Karrantzako Minda a los pocos días de abandonar su puesto en el Gobierno (eso fue en 2009) y que desde dos años antes (2007) era partícipe de Ade Biotec, la sociedad mercantil a la que había encomendado Karrantzako Minda la construcción de la planta y que cobró por servicios no prestados.

La planta de purines obtuvo también financiación del Gobierno central, entonces en manos de José Luis Rodríguez Zapatero. Las ayudas estatales llegaron en el marco de los acuerdos del PSOE y el PNV que permitieron impulsar también los proyectos automovilísticos Epsilon e Hiriko, ambos igualmente fracasados y bajo la lupa de los tribunales.

Según ha puesto de manifiesto la investigación y auditoría del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Karrantzako Minda obtuvo fondos autonómicos con solicitudes en blanco o con justificaciones de obras que no se habían realizado. La juez instructora, Patricia Navas, imputó como cooperador necesario de estas irregularidades a un funcionario de la oficina de Ascacibar, Valentín Terés.

Por norma, los servicios jurídicos autonómicos defienden a los funcionarios imputados por razón de su cargo. No obstante, la acusación directa de que pudo contribuir a desviar fondos públicos ha puesto al Ejecutivo en un “conflicto de intereses”. Así las cosas, la letrada gubernamental solicitó a la juez pasar de defensa a acusación en calidad de “perjudicado”.

Para ello, el Gobierno vasco ha adjuntado dos informes en los que cifra en 3,2 millones de euros el dinero aparentemente perdido en Karrantzako Minda. Son, sin embargo, documentos elaborados hace años, cuando el Ejecutivo de Patxi López detectó las irregularidades. Concretamente, son informes de 2011 firmados por Amaia Barrena, sustituta de Ascacibar en el cargo y ahora testigo en la investigación. Indican que Karrantzako Minda adeuda a las arcas autonómicas 750.000 euros por unas ayudas del programa Ikerketa de 2006 y otros 800.000 de la convocatoria de 2008, así como 1,7 millones de otra línea de subvenciones.

Fuentes del Gobierno explican que esta personación y estos informes no prejuzgan su papel como acusación en el proceso ya que “no está claro” a estas alturas de la investigación ni el papel del funcionario ni el del propio Ejecutivo. El paso de actuar como “perjudicado” se realiza “por si acaso” para preservar el interés general en caso de que la juez dé credibilidad a las irregularidades. Estas fuentes insisten en que los letrados actuarán en todo momento “siguiendo criterios técnicos y jurídicos fundamentados”.

En este sentido, los servicios jurídicos de Lakua han actuado de manera similar en otros dos casos vinculados a irregularidades económicas y corrupción. En el ‘caso De Miguel’, el mayor sumario de corrupción política en Euskadi y que incluye acusaciones de contratos fraudulentos en el Departamento de Cultura para beneficiar a la trama mercantil que lideró el principal imputado, Alfredo de Miguel, el Ejecutivo no ha solicitado las penas de cárcel que sí demanda la Fiscalía para esos mismos hechos. Lo mismo ha ocurrido en el ‘caso Margüello’, en el que la Fiscalía ha constatado un importante quebranto económico en externalizaciones de Sanidad para beneficiar a las empresas del doctor José Carlos Margüello. En ambos procedimientos, eso sí, el Gobierno reclama el reintegro de las cantidades irregulares en caso de que los jueces acrediten los hechos señalados por el ministerio fiscal.

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