Las acusaciones plantean investigar quién autorizó un examen oral en las oposiciones de Neurocirugía de Osakidetza

Los últimos imputados en la causa judicial dirigida por la instructora de Vitoria Ana Jesús Zulueta en torno a las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018, los doctores José Antonio Elexpuru (de la categoría de Neurocirugía) y Eduvigis Álvarez (Neurofisiología), han comparecido este martes en el Palacio de Justicia y han negado que filtraran las preguntas de los exámenes que elaboraron para beneficiar a algunos aspirantes frente a otros. Pero, según fuentes judiciales, en el caso de Neurocirugía, hay algunos hilos de los que tirar para continuar la investigación, en la que los sindicatos ESK y LAB están personados y con voluntad de llegar hasta el final.

En el examen de la OPE correspondiente a Neurocirugía se ofertaban 4 plazas y aspiraban a ellas 23 personas. Como publicó este periódico en 2018, en los resultados se aprecia un grupo de cinco personas con notas muy altas y el resto con notas notablemente inferiores. “Entre el quinto y el sexto candidato hay 25 puntos”, explicaron los trabajadores de Osakidetza afectados. Es una diferencia “suficiente” y decisiva para que “no sirva de nada” el resto de méritos puntuables, como la experiencia, la formación o el euskara. Se da la circunstancia de que “todos los candidatos del hospital de Basurto se encuentran en este grupo” de cabeza, tres personas colegas del autor del examen, de Elexpuru, que es jefe de servicio en ese centro hospitalario. Es más, “no hay ningún candidato de este hospital que haya sacado menos de 90 puntos” sobre 100.

El investigado -asistido por el prestigioso penalista Jesús Urraza- ha negado que haya ninguna prueba de filtraciones y ha recordado que él actuó comisionado por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), que se encargó de la custodia de las pruebas hasta la realización efectiva del examen. Pero sí ha reconocido que en la prueba práctica los opositores expusieron sus casos clínicos ante el tribunal de manera oral. Se hizo así con la autorización de la dirección de Osakidetza, aunque en la declaración no ha quedado claro quién dio la luz verde en concreto. Ha indicado que era una práctica habitual en esta especialidad porque, por su contenido técnico y específico, puede requerir alguna matización.

No es el único caso, ya que ocurrió también en Urología, donde hay igualmente sospechas de irregularidades. “No tengo ninguna prueba pero tengo una sensación extraña. Había gente que lo sabía todo y gente que no sabía ni dónde le daba el aire. Había personas que entraban, leían y todo estaba bien. Me fui con una sensación horrorosa a mi casa. Me parecía realmente extraño”, explicaba una testigo. Los dos sindicatos personados en la causa como acusación, ESK y LAB, solicitarán que se ahonde en este caso, lo que incluye revisar el expediente para comprobar quién dio la orden y por qué. Remarcan que esta oralidad es contraria al manual operativo que regulaba la OPE de 2018, que exigía preservar el anonimato ante el tribunal en todo momento para eliminar elementos subjetivos de valoración.

En cuanto a Neurofisiología, es una categoría que se incorpora a la causa a instancias de ESK, que ha hallado patrones similares a los de otros exámenes: las mejores notas coinciden con los colegas de hospital del autor de las preguntas. Fuentes judiciales indican que la doctora Álvarez ha sido más vaga en las explicaciones que el otro imputado, aunque también ha atendido a todas las cuestiones.

Son las primeras comparecencias en más de un año y también las primeras desde que la juez Zulueta asumió la causa. Según las fuentes consultadas, ambos interrogatorios han sido muy breves, de no más de 20 minutos cada uno y eso que tiene derecho a preguntar la magistrada, la Fiscalía, las dos acusaciones y las defensas. Esta citación estaba prevista para principios de año pero se pospusieron las declaraciones por defectos de forma. Como ESK, LAB ya ha anunciado que exigirá nuevas diligencias e imputaciones, incluido el cargo de “asociación ilícita” contra el exconsejero Jon Darpón y su equipo por amparar presuntamente las irregularidades.