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“Los discapacitados tenemos derecho y aspiramos a llevar una vida independiente como cualquier otra persona”

Personas con movilidad reducida se manifiestan contra las barreras arquitectónicas en la Estación de Autobuses.

Natalia González de Uriarte

A pesar de que se han liberado de muchos obstáculos, las barreras que a diario aún han de superar las personas con diversidad funcional provocan que vivan a expensas de la buena voluntad del prójimo en cada una de sus andanzas cotidianas. “Así nunca vamos a alcanzar una vida plenamente independiente que merecemos disfrutar como el resto de los ciudadanos, a la que aspiramos y tenemos derecho”. Esa reflexión compartida por Silvia Apodaca, la presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Álava, Eginarez Eginez, y por Carlos Mújica, un joven de movilidad muy reducida, resume las reivindicaciones del colectivo de personas con diversidad funcional .

Ambos intervinientes acudieron en silla de ruedas al XX Aniversario del Centro de Autonomía Personal de Vitoria. Una hermosa rampa les facilita el acceso. Y a continuación una puerta de entrada de medidas adecuadas, más de 90 centímetros de ancho, les posibilita pasar al interior. Pero cuando creen haber alcanzado el objetivo, les sorprende un reto inesperado: el portón pesa una “tonelada” y además su pomo está una altura inalcanzable. Pueden atravesarla pero no pueden abrirla. Han de recurrir a la ayuda de un tercero para poder continuar su camino. La charla se celebraba en el flamante Museo Bibat, un inmueble público diseñado acorde a la normativa de accesibilidad pero no libre de obstáculos. Este es otro ejemplo más de las limitaciones que padecen y no se cansan de denunciar. “En cada salida que hacemos, allá donde vayamos, casi siempre alguien nos tiene que ayudar”, reclama Carlos Mújica. “Además, hay barreras insalvables aun contando con auxilio, como las escaleras de varios tramos de peldaños”, matiza Silvia.

Mientras llega esa equiparación en accesibilidad que les permita moverse con libertad reclaman a la vez programas de vida independiente a la Diputación alavesa que les garantice “libertad para poder elegir nuestro proyecto de vida”. La prestación que se ofrece desde la institución foral es la ayuda domiciliaria, que es, según sus beneficiarios, meramente asistencial. Y los apoyos técnicos no solventan ciertos problemas. “El asistente personal de los programas de vida independiente refuerza otros ámbitos. Si quieres estudiar, esa persona será tu acompañante en las clases, puede cogerte los apuntes, por ejemplo, si tú estás imposibilitado para hacerlo. Te facilitará el acceso a un trabajo para apoyarte allá donde no llegues y suplir ciertas carencias. Pero no se nos proporcionan esos medios necesarios para que podamos evolucionar y desarrollarnos plenamente como el resto de las personas. Y esta discriminación tiene un doble efecto negativo, hacia los que la padecemos, nosotros como afectados, a quienes se nos impide crecer y evolucionar y hacia la sociedad que la ejerce, que se ve privada de nuestras potencialidades. Así perdemos todos”, explica Carlos Múgica.

Según revela la presidenta de Eginarez Eginez, sólo hay una persona en todo Álava a la que le han concedido un asistente personal que le permite llevar una vida normalizada. “En Gipuzkoa hay cerca de trescientas que disponen de este servicio. No es una cuestión de dinero sino de voluntad política y de distintas prioridades en la gestión de los recursos. La legislación marcada desde Madrid es la misma para todos, luego depende cómo cada institución la desarrolle. Son injustas las diferencias que existen dependiendo del territorio donde vivas”, sostiene Apodaca, que considera muy rígidos los requisitos exigidos por la institución foral para acceder a esos programas. “No podemos dar un aprobado a la Diputación alavesa porque es una de las provincias que menos desarrolla la Ley de Dependencia, ni siquiera hace cumplir los mínimos marcados por la ley para el colectivo de discapacitados”.

También hay criticado los recortes de las partidas presupuestarias destinadas a la ayuda domiciliaria. “La gente prescinde de este servicio porque ahora, desde el uno de enero, se cobra por horas, es más cara y muchos no pueden pagarla. Antes se abonada por tramos horarios. Para cinco horas semanales establecían un precio, para el doble otro. Era asequible”, revela Múgica.

Durante el coloquio el colectivo de personas con diversidad funcional repasó no sólo los reveses sufridos sino los logros cosechados por el colectivo a los largo de estos años. Los avances se reflejan en los cambios en la terminología empleada para referirse a ellos. De minusválidos se pasó a discapacitados, vocablo con connotaciones peyorativos, que acabo de sustituirse por personas con diversidad funcional. “Al resto de las personas se las mide por lo que saben o por lo que son capaces de hacer y así se suele plasmar en los curriculums. Ahí no se incluye las incapacidades de la gente. Con nosotros pasa lo contrario, sí se nos mide por lo que no podemos hacer”, lamenta la directora de Eguinarez Eguinez, Silvia Apodaca.

En el trato que reciben de otros ciudadanos también han notado cambios favorecidos por el hecho de que “se han acostumbrado ha convivir con nuestras diferencias, ya que, desde hace algún tiempo, somos más visibles aunque no nos tratan de igual a igual”.

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