El comisario de Competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ha mantenido la severa propuesta que carga contra la financiación de los astilleros españoles con fecha a 2005 tras reunirse con las autoridades españolas. La única novedad es que exime de ella a los astilleros y armadores pero persiste a los inversores y entidades financieras, que fueron las intermediarias en el llamado 'tax lease', el sistema de ayudas que recibió el sector naval entre 2005 y 2011 para financiar la construcción de buques. Un solución que no satisface al sector naval, puesto que en las cláusulas de los contratos se establece que cualquier problema con la financiación deberán ser asumida por los astilleros.
La reunión en Bruselas celebrada entre el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, con el ministro de Industria, José Manuel Soria, el lehendakari Iñigo Urkullu y los presidentes de Asturias y Galicia, Javier Fernández y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, no arrojó así lo que esperaban las autoridades españolas. En el encuentro, el ministro Soria planteó que la multa se retrotraiga únicamente a 2011, cuando la Comisión Europea abrió el expediente de denuncia.
Ahora, habrá que esperar al próximo 17 de julio, cuando está prevista la reunión del Colegio de Comisarios de la Comisión Europea que adopte oficialmente la decisión sobre este expediente.
El comisario europeo ha negado siempre que la multa calculada en 3.000 millones de euros tenga impacto directo en el sector, ni en los astilleros ni en los 87.000 empleos directos e indirectos, sino que deberán asumirla los armadores (a los que ha eximido finalmente) y los financiadores de las operaciones. El problema es que el asunto se judicializará y los astilleros, ante la inseguridad jurídica, tendrán muy complicado acceder a contratos de construcción de barcos.
De hecho, en los dos años que ha durado la investigación del tax lease por la CE, la industria naval española ha perdido 50 contratos a favor de sus competidores europeos, como Holanda y Noruega. Y en este conflicto hay un dato que no ha pasado desapercibido en los pasillos de Bruselas: el director de Competencia de la CE, el cargo inmediatamente inferior al de Almunia, es holandés y otros dos altos funcionarios del área de Competencia proceden del mismo país.
Mientras, cerca de 2.000 personas han participado en la manifestación convocada en la Margen Izquierda del Nervión por los sindicatos de los astilleros vascos en protesta por la anunciada multa de la Comisión Europea al sector naval español. La marcha se ha celebrado justo a la misma hora en que tenía lugar la reunión del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, con las autoridades españolas.
Con una pancarta bajo el lema “Sector naval solución”, la manifestación ha partido con puntualidad exquisita, a las 11.30 horas, en la puerta de La Naval en la localidad vizcaína de Sestao para dirigirse al astillero de Zamakona en Santurrzi, dos de los cinco existentes en Euskadi que proporcionan empleo entre la plantilla fija y las contratas a cerca de 3.000 personas. El presidente del comité de La Naval, Manuel Velado (UGT), ha afirmado que la “única solución es cerrar el expediente” abierto por la CE y ha pedido que se retrase la decisión anunciada para el próximo 17 de julio. Velado ha insistido en que trabajarán en el ámbito judicial, “llenándonos de razones jurídicas similares a las utilizadas en Francia” (a cuyos astilleros también financiado con el tax lease no se les impuso multa alguna) pero mantendrán la “contestación social”, en la que están “perfectamente legitimados”.
La marcha se ha desarrollado durante más de hora y media con consignas en defensa del trabajo en el sector naval y pidiendo justicia al comisario Almunia. Miguel Ángel García lleva 38 años trabajando en La Naval, el principal astillero privado de España con una plantilla fija de 238 personas. “Llevo muchas reestructuraciones en el astillero pero esto es lo peor que he vivido. Si se confirma la multa, al que más afectará será al de La Naval, con cerca de 300 millones, lo que haría inviable el astillero”. García lleva trabajando en Sestao desde los 14 años y está my preocupado. “Hemos pasado de todo pero siempre había soluciones. Entonces era el trabajo pero ahora se añade la financiación. Cuando eramos públicos, lo avalaba el Estado pero ahora eso no es posible”. Como los otros trabajadores del astillero de Sestao, les duele que se pueda hundir una empresa rentable, con carga de trabajo suficiente y con una tecnología puntera. “Tengo 52 años y después de trabajar 38 años y cotizar, ¿quién me contrataría ahora? Me quedaría con una pensión de miseria después de tanto trabajo”, se lamenta.