El alquiler turístico acecha a las viviendas de protección oficial
El alquiler de pisos turísticos amenaza el parque de viviendas de protección oficial (VPO). Se trata de un fraude que va más alla de la picaresca. Los beneficiarios de cinco viviendas de protección oficial municipales en régimen de alquiler de San Sebastián se enfrentan a un expediente sancionador que podría dejarles sin piso. ¿Por qué? Pues por ofrecer estas viviendas públicas para su arrendamiento o intercambio en portales turísticos de internet.
La colaboración de los vecinos y la labor de investigación en internet realizada por los técnicos municipales ha permitido al Ayuntamiento de San Sebastián descubrir este fraude, según el concejal de Urbanismo y Vivienda, Enrique Ramos.
Los afectados, que se unen a otros dos casos similares que ya fueron sancionados económicamente y privados del uso de las viviendas el año pasado, se enfrentan a multas que podrían oscilar entre los 3.000 y los 20.000 euros, en función de la gravedad, la reiteración, el número de veces que han subarrendado los pisos y el lucro obtenido, entre otros factores.
En caso de que los expedientes abiertos prosperen se resolverán los contratos de alquiler y sus beneficiarios serán privados de las viviendas. El subarriendo irregular está considerado como un incumplimiento grave de la Ley de Vivienda.
Uno de los casos fue descubierto por los vecinos que denunciaron la existencia de mucho trasiego de personas en el portal y la presencia de coches con matrícula extranjera aparcados en el garaje, mientras que el resto fueron localizados por los técnicos municipales en el “peinado” de internet que realizan habitualmente.
25 euros por persona
Uno de los inmuebles se alquilaba por 25 euros por persona y noche y tenía diferentes opiniones favorables de los usuarios en internet. Mientras, otro de los pisos era ofrecido por 30 euros por persona y noche.
Un tercer inmueble estaba disponible para intercambios, y los dos restantes lo eran para intercambio o cesión turística en distintas páginas web. Cuando fue descubierto, uno de los pisos había cubierto todas sus fechas para agosto y septiembre.
Localizar el fraude en estos pisos a través de internet resulta complicado ya que los portales no proporcionan la identidad de los arrendatarios y la localización del inmueble que facilitan es tan sólo aproximada. Además, las fotografías que acompañan a las ofertas son “deliberadamente ambiguas”, según los responsables municipales.
En el caso de los pisos de protección oficial del Gobierno vasco, el pasado mes de enero se detectó el primer alquiler turístico de VPO a través de Airbnb. Al beneficiario de esta VPO se le acusa de dos infracciones graves: no haber vivido nunca en este apartamento cuyas llaves se entregaron en 2016 y ponerlo en alquiler.
El consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, ha asegurado que su departamento actúa con “contundencia” cuando se detectan viviendas de protección oficial que se ofrecen en alquiler como pisos turísticos, y ha dicho que no son infracciones generalizadas.
Infracciones
Ese alquiler turístico de una VPO es uno de los 2.248 expedientes de investigación que ha abierto el Departamento de Vivienda desde 2004 en torno a fraudes en las viviendas públicas. De estos expedientes, 1.354 casos se han resuelto con la imposición de una sanción económica. El importe medio de las multas aplicadas ha sido de 2.182 euros por infractor.
Tres son los motivos que concentran la totalidad de las investigaciones: que los propietarios de la VPO no la hayan ocupado nunca, que no vivan en ella de forma permanente y que la alquilen.
