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El Gobierno pierde las formas con las empresas

La consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, junto al portavoz Josu Erkoreka y el lehendakari Iñigo Urkullu.

Alberto Uriona

Bilbao —

El Gobierno vasco nunca ha tenido tantos desencuentros, sobre todo de manera pública, con las empresas de Euskadi. En apenas tres meses, se ha embroncado con la patronal Confebask por el decaimiento de los convenios colectivos, con el mayor grupo empresarial vasco (Mondragón) por la crisis de Fagor Electrodomésticos y Tubacex, el segundo fabricante del mundo de tubos sin soldadura en acero inoxidable.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, se mostró ayer muy molesta con la decisión de Tubacex de instarla una una planta en Cantabria “sin un acuerdo” con el Gobierno vasco. Tapia ha censurado que la empresa de Llodio no haya tenido en cuenta ni la fiscalidad ni la financiación pública para abrir la fábrica en Euskadi. “Ha optado por ser competitivo en base a una bajada de salarios”. La decisión no se ha adoptado, ha asegurado, “desde luego” como fruto de “una política tecnológica”, que ya existe en Euskadi. “Ellos han hecho inversiones en tecnología ayudados por el Gobierno”, ha recordado con un indisimulado reproche. Unas afirmaciones públicas que nunca solían trascender públicamente en la relación entre Gobierno y empresas, siempre con intereses comunes: lograr apoyos y ayudas económicas para las compañías y contribuir a la riqueza del país para el Ejecutivo.

El enojo con Tubacex se produce pocos días después de la abierta crítica hacia el mayor grupo empresarial vasco, Mondragón, por la crisis en Fagor Electrodomésticos, a la que ha concedido ayudas por 40 millones de euros que se han desviado a tapar las deudas de la cooperativa en vez de un plan de viabilidad que no se ha acometido. El mensaje que se lanza es que presente un “plan viable, factible, detallado y ejecutable, que recoja distintos escenarios ante distintas situaciones y que sea, en definitiva, todo lo que los distintos acreedores implicados estamos exigiendo, no sólo el Gobierno vasco, sino también la banca que pretende una refinanciación”, según ha asegurado Tapia.

“Las cosas se podrían haber hecho de otra forma, un poco más cuidada”, ha afirmado la consejera, quien ha vuelto a reclamar una “respuesta por parte del grupo” y que aporte “algunos detalles más” de información hacia el Ejecutivo, en otra velada censura al grupo empresarial.

Mientras, Fagor Electrodomésticos ha emitido un comunicado en el que apenas aporta novedades sobre lo conocido, sobre todo tras las entrevistas concedidas a El Diario Vasco y Euskal Telebista por el director de la cooperativa, Sergio Treviño. El ejecutivo ha anunciado que se necesita una inyección de 170 millones, que existe un nuevo plan de viabilidad desde hace dos meses cuyo contenido se desconoce (el anterior plan contemplaba el cierre de 8 de sus 12 plantas y el mantenimiento de 3.000 de los 5.600 empleos) y que la línea de electrodomésticos se cerrarán, manteniendo productos como calentadores o la cocción. La empresa se ha limitado a señalar que precisa de una financiación “claramente cuantificada y a tiempo”.

La empresa se posiciona por vez primera sobre las polémicas ayudas del Gobierno, que asegura han ido dirigidas a “garantizar la viabilidad de la compañía, manteniendo en primer lugar la actividad productiva y segundo, apostando por la puesta en marcha de un plan estratégico orientado a la restructuración y al crecimiento”.

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