Calparsoro: “La 'ley Mordaza' será difícil de aplicar porque no responde a la necesidad de la sociedad”
El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, tiene muy claro que la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley Mordaza', y la reforma del Código Penal serán de “difícil aplicación” para jueces y fiscales porque “no responden a las necesidades de la sociedad” en materia de libertad, seguridad y justicia. El Congreso aprobó el pasado 26 de marzo, con los únicos votos a favor del Partido Popular, la Ley de Seguridad Ciudadana, y la reforma del Código Penal normativas que entrarán en vigor el 1 de julio.
En una entrevista concedida a Europa Press, ha recordado que ambas leyes han recibido “profundas críticas de expertos” y “habrá que ver cómo se aplican y qué recorrido tienen”. Calparsoro cree que la criminología “demuestra que resulta un error pensar que con elevar las penas o aumentar los tipos penales se va a solucionar los problemas de delincuencia o seguridad pública”. En su opinión, eso puede “caer” en el “llamado Derecho penal simbólico”, que “proclama disposiciones que puedan calmar a una parte de la sociedad, pero que luego resultan inaplicables”. “Se consiguen mejores resultados con más y mejores planes de prevención, y mejorando la eficacia de los cuerpos policiales y de la justicia”, ha apuntado.
Yihadismo
Respecto al acuerdo cerrado entre PP y PSOE para hacer frente al terrorismo yihadista, ha admitido que los pactos entre los grupos políticos mayoritarios “son importantes y tienen un valor de enorme ejemplaridad publica”. “Además, el peligro que representa para nuestras sociedades el terrorismo 'yihadista' no se debe desestimar”, ha dicho. Por ello, considera que las medidas “dirigidas a prevenir la creación de grupos o células terroristas y las acciones de terroristas solitarios, son imprescindibles”. Además, ha indicado que “se ha demostrado que la propaganda yihadista a través de internet y las redes sociales son el principal instrumento para el adoctrinamiento y la captación en nuestras sociedades de personas con fines terroristas”.
“Siempre hay que garantizar los derechos fundamentales y libertades públicas de todas las personas. De lo contrario, haríamos un gran daño a nuestras sociedades y democracias”. Por eso, ha animado a contar “con los instrumentos legales, procesales y técnicos” para hacer frente a “ese peligro que, además en España, ha demostrado su extrema crueldad y capacidad de destrucción con los salvajes asesinatos del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Investigar y perseguir legalmente los actos de conspiración, proposición y provocación de estos gravísimos delitos en los medios en que se cometen es irrenunciable”, ha señalado.
Calparsoro ha admitido que existen “dificultades objetivas” para perseguir delitos en internet “cuando se cometen desde países lejanos o ajenos la Unión Europea”, pero ha advertido de que “cada vez contamos con más y mejores equipos y finalmente se consigue imputar a un buen número de personas”. “Las redes sociales y las tecnologías del conocimiento y la información”, ha recalcado, “constituyen un medio idóneo para gran número de delitos, de injurias, de acoso menores, de estafas a través de modalidades como el phishing, difusión de pornografía infantil etc. por su capacidad de difusión y la sensación de anonimato o privacidad con los que se pueden cometer”.
