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Piden dos años de cárcel, expulsión y multa de 2.700 € para un mantero

Concentración ante la Fiscalía del País Vasco en apoyo al vendedor que será juzgado y contra la reforma del Código Penal.

Natalia González de Uriarte

La Fiscalía de Gipuzkoa no ha asumido la reforma de 2010 del Código Penal a juzgar por la pena solicitada para un mantero que fue arrestado por ofrecer a los viandantes 118 CD y 45 DVD. Ha pedido para el detenido, Mbay, un joven de Bilbao, dos años de cárcel, expulsión, multa de 2.700 € e indemnización a SGAE y otras empresas de derechos de autor de otros 500 €. El Fiscal solicita este “desmedido correctivo” tras interpretar como delito el top manta de forma contraria a lo que recoge la Ley.

Desde que entro en vigor la modificación del artículo 270 del Código Penal cuando un mantero es juzgado, se consideraba su acción como una falta. Los cambios introducidos en la norma penal se hicieron con la voluntad de que se tratase como falta y no como delito la actividad de estos vendedores ambulantes y reducir así el paso por prisión de estas personas. Cuando el beneficio no superase los 400 euros se impondría una multa o localización permanente al detenido. “La Fiscalía ha considerado que el beneficio se debe entender no como lo que ha ganado ese vendedor o como el valor de lo que se le incauta sino como el precio de venta al público que alcanzarían los discos originales. Lo cifra en más de 4.000 euros y lo convierte así en delito al superar la barrera de los 400. Por ello pide esa pena tan desorbitada”, explica Patxi de la Fuente, de SOS Racismo.

Ese posicionamiento de la fiscalía de Gipuzkoa, a la que califican como “una de las más intransigentes del Estado en cuanto a los delitos contra la propiedad intelectual” ha generado críticas y denuncias por parte de SOS Racismo y la plataforma de sin papeles Mbolo Moy Doole. “La fiscalía de Gipuzkoa se adelanta así a la reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso y que prevé que el top manta vuelva a ser delito”, reprocha de la Fuente. Las consecuencias de lo dictamine el juez pueden ser fatales e irreversibles, ya que, entre otras medidas, puede acordar la expulsión de esas personas. “A parte de la cárcel, dejan a estas personas, generalmente inmigrantes sin otro modo de vida, con antecedentes penales que no les permiten trabajar y eso les condena a vivir sin papeles. Entran en un círculo vicioso del que no pueden salir. No pueden hacer otro tipo de trabajos que nos sean esos”, detalla el portavoz de SOS Racismo.

El detenido MbAy será juzgado el 25 de septiembre por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Donostia.

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