La Comisión Ética avala a los consejeros que justificaron las informaciones pagadas
Los miembros del Gobierno que se esforzaron en argumentar y explicar en sede parlamentaria el escándalo de las informaciones pagadas contratadas con dinero público con el Grupo Noticias pueden respirar tranquilos. No han contravenido el Código Ético aprobado por el Ejecutivo de Urkullu en mayo de 2013. El mismo día que se reprobó al lehendakari por este escándalo -investigado por los tribunales a instancias de UPyD ante la existencia de indicios de la comisión entre otros de los delitos de malversación de fondo públicos y prevaricación- toda la oposición apuntó también a los cargos que defendieron la actuación gubernamental, incluido el portavoz Josu Erkoreka.
En concreto, el texto aprobado por el Parlamento el 7 de julio pasado denunciaba la vulneración del artículo 5.3 de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, así como del artículo 11.6 del Código Ético aprobado por el propio equipo de Iñigo Urkullu. Por ese motivo, el Parlamento solicitaba a la Comisión de Etica Pública del Ejecutivo que analizara “la actitud de todos los responsables políticos que han intentado justificar la concesión de dinero público a un grupo de comunicación para la difusión de propaganda con apariencia de informaciones, mezclándola con las prácticas habituales y legales de difusción de publicidad y comunicación institucional”.
Este órgano, presidido precisamente por Erkoreka -que al abordar este tema dejó el puesto a la consejera Arantza Tapia, tal y como está previsto legalmente- ha emitido un acuerdo, fechado el pasado 19 de septiembre, en el que lo primero que deja claro es que esa institución no está mandatada para “dictaminar sobre la legalidad de las actuaciones administrativas” o de la “corrección jurídica de las conductas” denunciadas. Eso es cosa de “jueces y tribunales”, apuntan en la resolución de nueve folios a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es. Tampoco se lo pedía el acuerdo de la Cámara. En cualquier caso, aclara en el acuerdo adoptado que la comisión “en ningún caso podría asumir un proceso probatorio ajeno a su cometido y que solo en sede judicial puede ser sustanciado con las debidas garantías”.
“Desnaturalizar la democracia”
La comisión considera que la acusación contra estos miembros del Ejecutivo en realidad no era por “haber intentado justificar una ilegalidad patente o una actuación consciente y voluntariamente ilegal, sino [por] haber intentado justificar que la concreta actuación llevada a cabo era y es legal, no solo porque encuentra amparo en la norma vigente, sino porque la práctica administrativa llevada a cabo desde la entrada en vigor de la ley [de publicidad institucional] evidencia que ésa ha sido la percepción mayoritaria entre los responsables públicos que se han ocupado de su aplicación”.
“La ética no puede abolir o neutralizar el debate político”, apunta la resolución de la comisión, “la necesidad de observar unas pauta éticas no puede atar de pies y manos a los altos cargos llamados a participar en la confrontación política”. “No hay regla ética válida que autorice a desnaturalizar la democracia”, se sostiene en el dictamen.
Por tanto, la comisión en su acuerdo considera que los altos cargos publicos no han contravenido “el principio de honestidad” y que se han “limitado a participar en el debate político público, defendiendo sus posiciones, en un contexto abierto, plural y democrático, con los recursos argumentales y dialécticos que libremente han elegido para dar forma y credibilidad a su discurso”.
