Competencia registra las sedes de consultoras ante la sospecha de que alteran las ofertas
La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha realizado inspecciones en las sedes de varias empresas que prestan servicios de consultoría para administraciones vascas ante los indicios de que “podrían estarse alterando las ofertas que presentan las empresas en beneficio propio y en contra del interés general”.
Las inspecciones, que comenzaron el pasado miércoles, han sido realizdas por funcionarios de la AVC y de la Autoridad Catalana de la Competencia con la asistencia de especialistas informáticos y del cuerpo especializado de la Ertzaintza.
Los registros buscaban encontrar pruebas de concertación, intercambios ilegales de información, acuerdos de reparto de los contratos públicos y alteración de las ofertas presentadas.
Según ha incidido la AVC, la eliminación de la competencia en la contratación pública supone “reducciones de calidad e incremento del precio de los servicios contratados por la administración y genera, por tanto, claro perjuicio a los ciudadanos”.
La investigación realizada requerirá el análisis de decenas de contratos del Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos, así como de sus entes dependientes, que podrían haber sido objeto de “alteración ilegal” por parte de las empresas.
Infracción muy grave
Los acuerdos de reparto de mercado entre competidores son una infracción muy grave de la legislación de defensa de la competencia, que puede suponerla imposición de multas de hasta el diez por ciento del volumen de negocios total de las empresas infractoras.
La investigación de este tipo de prácticas constituye una de las prioridades de la AVC, dada “la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores vascos y el correcto funcionamiento de los mercados en Euskadi”.
Estas inspecciones domiciliarias forman parte de la investigación de una posible infracción de la Ley de Defensa de la Competencia pero su existencia “no prejuzga el resultado de la investigación, ni la culpabilidad de las entidades inspeccionadas”.
Cualquier empresa implicada en las prácticas objeto de investigación en este caso puede beneficiarse de la exención del pago de la multa o de la reducción de su importe si aporta nuevas pruebas.
