El Gobierno vasco se retira del 'caso Margüello' y la Fiscalía se queda sola al reclamar 6,8 millones a los acusados

Los cuatro imputados del 'caso Margüello', en el banquillo

El juicio por el denominado 'caso Margüello', en el que se han investigado las posibles irregularidades en la externalización de las listas de espera de Osakidetza durante el período 2006-2009, ha quedado este viernes a las 15.09 horas visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Bizkaia. La última de las vistas, como es costumbre, se ha cerrado dando por última vez la palabra a los acusados. Sólo uno ha hecho uso de la prerrogativa. Ha sido el exresponsable de Sanidad en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, que se ha equivocado al proclamar su inocencia y ha acabado diciendo justo lo contrario: "Éramos una trama organizada". Sólo la Fiscalía sostiene ese argumento y exige penas de prisión contra los cuatro imputados, aunque ha ofrecido a última hora una "alternativa" al tribunal que reduce sensiblemente las penas de cárcel de los 39 años inciales (en conjunto) a unos 23. Mantiene, eso sí, que los procesados deben resarcir con 6,8 millones a la Administración autonómica por el quebranto económico que supuso contratar a una empresa del doctor José Carlos Margüello (Gestión de Servicios Sanitarios XXI) para intermediar en la derivación de pacientes en listas de espera. El directamente afectado, el Gobierno vasco, ha "retirado" cualquier exigencia económica al entender que el perjuicio patrimonial "no ha quedado acreditado en el juicio" porque los pacientes fueron debidamente atendidos y no hubo sobrecostes en el servicio.

Arranca el juicio del 'caso Margüello': 6,8 millones en contratos sanitarios aparentemente irregulares

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El fiscal José Manuel Ortiz, a pesar de que en el juicio ha mantenido un perfil bajo, se ha apoyado en las pruebas del sumario para dar por constatado el fraude de 6,8 millones, que son la suma de los 1,9 de un primer contrato 'a dedo' por el procedimiento de emergencia a Gestión de Servicios Sanitarios XXI y de los casi 5 millones de uno segundo que recayó en la misma mercantil aunque esta vez en UTE con otras sociedades. El nuevo procedimiento se articuló por los reparos legales que se detectaron en el primero.

Según Ortiz, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, como intermediaria y sin tener licencia de clínica privada, "no aportaba nada a la gestión de salud". "Es un artificio, un intermediario que se queda con parte de los fondos", ha enfatizado para remarcar el "carácter innecesario y finalidad fraudulenta" de estas adjudicaciones promovidas por Elorriaga desde la Delegación de Bizkaia. Están imputados también el que fuera viceconsejero de Sanidad Rafael Cerdán, que firmó el primero de los dos contratos, y María Nieves Fernández, admistradora de las empresas de Margüello y a la que se acusa de testaferro del doctor, que era alto cargo del hospital de Cruces y amigo personal del consejero de Sanidad de la época, Gabriel Inclán (PNV). "Ese dinero público nunca debió salir del sistema vasco de salud", ha recalcado el fiscal en sus conclusiones a pesar de aceptar como alternativa a la petición inicial de penas (11 años de prisión excepto para Cerdán, 6) una rebaja de casi la mitad de años de cárcel al acceder que en vez de dos delitos de malversación, prevaricación y fraude, uno por contrato, se produjo solamente uno aunque "continuado" en el tiempo para beneficiar a la trama de Margüello.

Como ya se intuía desde el inicio de las vistas, el Gobierno vasco ha dejado solo al ministerio fiscal en sus acusaciones. Su letrado, Javier Otaola, asume que la "posición" del Ejecutivo es "un poco delicada". Con el PSE-EE en Lakua, fue el propio Departamento de Sanidad el que denunció los hechos ante la Justicia. El exconsejero socialista Rafael Bengoa ha ratificado su creencia en que hubo irregularidades manifiestas durante su declaración en el juicio. Pero la posición del Gobierno actual es que la investigación y el juicio "no han podido acreditar un daño real y efectivo" a las arcas públicas. Según Otaola, la intermediación no hizo que no se atendieran a los pacientes y el servicio se ajustó a las tarifas máximas fijadas para la concertación de servicios. "Esto justifica nuestra retirada y nos retiramos", ha argumentado Otaola. 

El abogado de Margüello, Fernández y Elorriaga, Javier Beramendi, ha interesado del tribunal que preside Alfonso González Guija "una sentencia absolutoria que ponga fin a esta irracionalidad". "Intereso de ustedes que pongan fin a este calvario", ha abundado. A su juicio, "tiene bemoles" que se incrimine en este caso a Margüello cuando era "el último mono" en unas empresas dirigidas formalmente por su socia Fernández. En efecto, Margüello apenas tenía una pequeña participación societaria, pero constaba en el Registro Mercantil que tenía poderes y, además, él firmó con la clínica San Francisco Javier de Bilbao el contrato para derivar los pacientes que recibía Gestión de Servicios Sanitarios XXI de las listas de espera de Osakidetza. Su sobrina era una de las administrativas.

Según Beramendi, el 'caso Margüello' es poco menos que una venganza política del Gobierno del PSE-EE. Ha acusado abiertamente a Bengoa y a su equipo de "inflar" las acusaciones cuando ha quedado patente que había listas de espera en Bizkaia sobre las que actuar, que los pacientes fueron atendidos y que, además, no se produjo "ni una sola queja" por la supuesta mala calidad de la atención.

El único imputado con otro abogado ha sido Cerdán, implicado sólo en el primero de los contratos. Su letrado, Joanes Labayen, ha defendido también la absolución del exviceconsejero porque firmó un contrato que tenía todo los parabienes de los técnicos y cargos políticos que le asesoraban. "Aquí no hay nada reprochable por parte del señor Cerdán", ha remarcado. Igualmente, ve excesivo reclamar que se devuelvan los 6,8 millones que costaron los conciertos sanitarios. En todo caso, habría que haber fijado en el juicio la cantidad concreta que elevó la factura la intermediación de la mercantil investigada o cuánto se pudo haber ahorrado si se hubiera realizado un concurso público y no una adjudicación 'a dedo'.

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