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La construcción de la planta de purines se subcontrató tres veces para el mismo trabajo

Iker Rioja Andueza

Las polémicas en torno al tratamiento de los purines se suceden en Navarra, Cataluña o Murcia. En Bizkaia la investigación penal por la pérdida de 10 millones de euros públicos en la fallida planta del valle de Carranza también avanza con la toma de declaración a los once imputados y con la vista puesta en las sucesivas subcontrataciones que se produjeron.

Si la semana pasada pasó por el juzgado de Balmaseda el cerebro político de la operación, el exdirector de Agricultura Martín Ascacibar (PNV), este martes lo han hecho dos responsables de la empresa Ade Biotec, en la que también tenía interés el político y que fue la compañía seleccionada inicialmente por la sociedad promotora del plan y que recibió las subvenciones, Karrantzako Minda, para liderar la construcción de la infraestructura.

En la sala de la juez instructora, Patricia Navas, han comparecido Xabier Agiriano y Alfredo González Urigoitia, si bien se han acogido a su derecho de no contestar a algunas preguntas y sólo han atendido a las formuladas por sus letrados. Significativamente, la pasada semana Ascacibar atendió también a la magistrada, circunstancia que aprovechó su señoría para hacer suyas algunas cuestiones de las acusaciones (Estado y Ayuntamiento se han mostrado beligerantes) a las que el imputado no había querido contestar.

La sesión judicial ha durado, por este motivo, menos de lo previsto, aunque también por la suspensión de dos declaraciones (que se harán por videoconferencia) y por la no personación de otro imputado, Mikel Aingeru Ibarrondo, que no ha llegado a recoger la citación judicial y que ahora tendrá que ser localizado por la Ertzaintza. Según publicó en su día 'El Mundo', esta misma persona ya tuvo que ser buscada en el monte Igeldo de cara a su personación en el juicio mercantil que ya se celebró sin éxito para las acusaciones, las instituciones que solicitaban la recuperación del dinero.

Los acusados, precisamente, se han remitido frecuentemente en su declaración a la sentencia favorable en lo mercantil para tratar de defender su inocencia en vía penal. No obstante, ambas jurisdicciones son independientes y se valoran distintos elementos de prueba, según recuerdas expertos judiciales.

Según fuentes conocedoras de la investigación, uno de los puntos más llamativos de las comparecencias de este martes ha sido cuando los gestores de Ade Biotec han explicado el entramado mercantil detrás de la construcción de la planta de purines. El proyecto de 10 millones de euros impulsado por las instituciones (estatal, autonómica, foral y local) a través de la entidad Karrantzako Minda fue encomendado a Ade Biotec a una UTE conformada por una compañía catalana (Ahidra) y otra neerlandesa (Colsen) por 9 millones de euros. Uno de los puntos que trata de despejar esta investigación es precisamente qué ocurrió con ese millón de euros que se quedó en el camino. Sin embargo, González Urigoitia ha revelado que realmente esta UTE también subcontrató los trabajos, en este caso a una compañía vizcaína ahora quebrada llamada Construcciones Eder.

Se da la circunstancia de que las primeras ayudas públicas que Ascacibar, como promotor gubernamental del proyecto, liberó para Karrantzako Minda se hicieron a pesar de las solicitudes presentadas en blanco. La pasada semana, en el juzgado, el principal imputado vio como “normal” ese procedimiento y subrayó que la Administración revisaba después los fondos conseguidos.

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