Covite acusa al Gobierno vasco de aprovechar la crisis del covid-19 para “favorecer los intereses” de los presos de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha acusado al Gobierno Vasco de “aprovechar la excepcionalidad” de la crisis sanitaria provocada por el covid-19 para reclamar el acercamiento a cárceles vascas de todos presos de ETA y cerca de un centenar de presos comunes y “favorecer sus intereses”. A su juicio, se trata de una conducta “inaceptable e indecente”.

Covite, en un comunicado, ha recordado que hasta ahora el Ejecutivo de Iñigo Urkullu “cuando exigía el acercamiento de los 'presos vascos' a cárceles de Euskadi, solo se refiriese a los presos de ETA”. En ese sentido, ha opinado que “esto evidencia que no les importa el acercamiento de ese centenar de presos comunes vascos que también cumplen pena en cárceles fuera del País Vasco, puesto que nunca les han incluido en sus demandas”.

“Si los incluyen ahora, es porque han visto una oportunidad, dadas las circunstancias excepcionales, para favorecer el acercamiento de los presos de ETA. Lo disimulan intentando hacer ver que velan por la salud de todos los 'presos vascos'”, ha reprochado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, quien ha insistido en que “en realidad, esta maniobra ha dejado en evidencia que la política de dispersión no es ninguna excepcionalidad, puesto que no solo se aplica a los presos de ETA”.

El colectivo ha criticado que el PNV “siempre se alinee con la izquierda abertzale en materia de política penitenciaria de presos de ETA, habiendo asumido como propia la reivindicación del EPPK de reclamar un acercamiento colectivo de todos los etarras, sin previa exigencia de que rechacen la violencia”.

Ordóñez ha denunciado que la Secretaría General de Derechos Humanos del Gobierno vasco “ha dado un paso más en esta indigna estrategia al abanderar también la campaña de falsedades sobre el supuesto riesgo de contraer el covid-19 derivado de la dispersión”. “Es exactamente la misma táctica que ha utilizado la izquierda abertzale desde que comenzó la crisis sanitaria”, ha censurado.

Asimismo, el colectivo ha reprobado que el Gobierno vasco “esté más preocupado por buscar nuevas excusas para acercar a todos los etarras a cárceles vascas, que por frenar los episodios de violencia callejera y acoso que se están viviendo en el País Vasco y en Navarra en las últimas semanas”.

“Mientras en las ciudades y pueblos de Euskadi continúa la campaña de ataques contra las sedes de partidos políticos -entre ellos el PNV- como muestra de apoyo al etarra Patxi Ruiz, el Gobierno vasco da legitimidad a la izquierda abertzale más radical difundiendo el mismo mensaje interesado de que la dispersión favorece los contagios por covid-19”, ha afirmado Ordóñez, al tiempo que ha preguntado si “acaso cumplir pena en cárceles vascas prevendría a los presos y a sus familiares de contagiarse del coronavirus”.

En esa línea, ha reiterado que “la verdadera responsable” de que siga habiendo una política penitenciaria de dispersión de los presos de ETA “es la izquierda abertzale, y no el Estado de Derecho”. Por ello, ha insistido en que “solo tienen que levantar sus líneas rojas de no arrepentimiento y no delación a los presos para que estos puedan acogerse a las vías de reinserción”.

“La izquierda abertzale siempre ha tenido en su mano el fin de la dispersión, pero prefiere seguir sacando rédito político de los presos de ETA, en vez de permitir a los etarras que puedan rechazar la violencia que han ejercido y así ser acercados a cárceles vascas”, ha sentenciado Consuelo Ordóñez.

“EXIGENCIAS DE LOS TERRORISTAS”

Tras denunciar que la izquierda abertzale y el EPPK “emplazan a los presos a que sigan orgullosos de sus crímenes, se niegan a condenar el terrorismo y la violencia como herramientas políticas y mantienen vivo el discurso totalitario, sectario y dogmático de ETA”, ha considerado que las instituciones “no deben asumir las exigencias de los terroristas orgullosos de su pasado criminal, sino aplicar políticas de desradicalización que hasta ahora brillan por su ausencia en el País Vasco”.

Covite ha insistido en que la competencia de decidir dónde cumplen condena los presos la tiene el Gobierno central, “no los gobiernos autonómicos”, razón por la que ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “no permita que el nacionalismo vasco marque la hoja de ruta en materia de política penitenciaria de presos de ETA” porque el Ejecutivo de Urkullu “solo vela por los intereses de los etarras presos”.

En este sentido, ha reclamado que la “presión” vaya dirigida a la izquierda abertzale para que “condene el acoso y los sabotajes, y deje de presentar a los presos y a sus familiares como víctimas de una supuesta excepcionalidad que no es tal”. “Mientras la izquierda abertzale siga con sus líneas rojas de no arrepentimiento y no delación, la radicalización violenta no va a disminuir”, ha remarcado.

“Acercar a un terrorista orgulloso de su pasado criminal a un contexto en el que se le jalea, no ayuda en nada a construir un futuro libre de violencia”, ha advertido Ordóñez, quien ha asegurado que “este es el principal problema que deben abordar las instituciones vascas y navarras”.