Otro de los procesados por corrupción de menores tutelados por la Diputación de Álava en el centro Sansoheta de Arrazua-Ubarrundia, a las afueras de Vitoria, ha confesado este miércoles en el arranque de la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial. Se trata de R., un psicólogo vitoriano que llegó a estar en prisión preventiva por estos hechos. Lo ha hecho tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que el lunes próximo rebajará su petición de pena en el trámite de conclusiones. Según fuentes judiciales, ha aceptado del entorno de cinco años y medio de prisión. Un factor importante es que se le descontará de la ejecución de esa pena su estancia previa en la cárcel, un período iniciado en el otoño de 2016 del que no se conoce la duración precisa.
R. es el cuarto de los diez acusados en admitir que abusaron de los menores, en algunos casos con el grado de agresión incluso. Su caso, eso sí, es diferente a los tres primeros, que pactaron y confesaron antes de iniciarse el juicio. Ellos recibirán penas de uno, siete y trece años, en función de su participación en las prácticas sexuales. Por el contrario, la defensa del psicólogo, que llegó a estar contratado por el Ayuntamiento de Vitoria, donde conoció a los menores tutelados y sus circunstancias, jugó a dos barajas ya que primero intentó anular la causa -concretamente los móviles de las víctimas, donde hay conversaciones que prueban los hechos, o la fotografías que muestran sus rasgos infantiles, ya que alguno de los afectados tenía solamente 13 años- precisamente apelando a los “derechos” de estas personas ahora ya mayores de edad, cuando de lo que estaban acusados los adultos era precisamente de vulnerarlos de manera muy grave y continuada.
El tribunal, compuesto por los magistrados Jesús Poncela, Elena Cabero y Francisco García Romo, pidió un receso para deliberar sobra esta petición y, a su regreso, explicó que resolvería en sentencia sobre la validez de las pruebas cuestionadas y que el juicio habría de continuar. Entretanto, en ese mismo descanso se fraguó un principio de acuerdo para que R. confesara, aunque se pidió posponer su declaración hasta el miércoles para que el afectado “madurara” las condiciones. Mientras, los otros seis acusados declararon y ofrecieron testimonios en los que admitieron conocer a los jóvenes e incluso haber mantenido relaciones con ellos, si bien siempre alegando que desconocían su minoría de edad. R. ha tenido el privilegio de haber declarado a puerta cerrada, a diferencia de los otros nueve procesados. Ha sido así porque la sesión de este miércoles no iba a ser pública porque comparecen las víctimas.
El juicio denominado 'caso Sansoheta' continuará hasta la semana próxima. La asociación Clara Campoamor, personada como acusación, no descarta emprender acciones legales contra la Diputación por su responsabilidad sobre los tutelados en función del resultado de las sesiones, si bien la institución viene recalcando que su actuación fue la adecuada y que la Fiscalía así lo ha acreditado. En el juicio, una abogada representa a la Diputación, aunque el primer día sus interrogatorios fueron mucho más breves que los del ministerio fiscal y los de Clara Campoamor.
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