¿Dar prioridad a las rentas más bajas crea guetos en las escuelas públicas?
Injusta. Así califica el sindicato Steilas la normativa que regula la matriculación de los alumnos en las escuelas de la red pública vasca. ¿Por qué? Pues porque no garantiza “un proceso igualitario” de acceso a la escuela pública y concede prioridad a las rentas más bajas, recalca Aitor Idigoras, representante de la central (mayoritaria en la enseñanza pública). Esta circunstancia posibilita, según Idigoras, que se estén creando “guetos en función de la renta familiar”.
Por eso, Steilas reclama que se cambie la normativa para que no se impida el acceso a centros públicos a familias de niveles socioeconómicos más altos. Es lo que le sucedió a N. U., cuando intentó matricular a su hijo de cuatro años en la ikastola pública más próxima a su barrio. “En la delegación de Educación me recomendaron que no lo hiciera porque con mi nivel de renta en ese momento no me iban a admitir. Lo mismo me dijeron con la segunda opción, que también era un centro público. Al final tuve que inscribirle en una ikastola concertada”.
Idigoras recalca que la matriculación en centros educativos de Euskadi no garantiza “una distribución equilibrada” de los alumnos. “Es necesario transformar la forma de selección de los alumnos” cuando la demanda de plazas supera a la oferta en una escuela. En la actualidad, este sistema funciona mediante un sistema de puntos. Según la renta, el Departamento de Educación concede hasta tres (rentas inferiores a 42.000 euros brutos), lo que resulta “excesivo en relación a otras comunidades”, donde generalmente es uno. Para el sindicato, “en muchos casos, ese sistema de baremación dificulta el acceso a centros públicos a familias de nivel socio-económico medio o medio-alto. Hay ciudadanos de renta media alta que quieren acceder al sistema público y no pueden hacerlo. Se les obliga a dirigirse a la concertada”.
Eso facilita que en determinados centros “la concentración de alumnado de familias de extracto socio-económico bajo sea muy elevada, creando guetos en función de la renta familiar”.
Según Idigoras, la situación es cada vez más dramática. “En Vitoria, por ejemplo, hay 17 centros en una situación que se puede definir como no normalizada porque el alumnado de inmigrantes y con necesidades educativas especiales es muy elevada. Ninguna escuela debería pasar del 20% de inmigración”.
El proceso de matriculación para el curso 2016-17 se acaba de abrir en Euskadi. Además de los puntos concedidos por la renta, la normativa también suscita otro tipo de quejas por parte de las familias y los profesionales del sector. En los últimos años, “se han reiterado las denuncias de empadronamientos ficticios o dando por buenas situaciones inadmisibles en el caso de los dos puntos que tienen a su disposición los centros por ser cooperativista, por haber sido antiguo alumno...”.
Aunque la normativa tiene como objeto “garantizar la admisión del alumnado sin más limitaciones que las que derivan de los requisitos de edad y, en su caso, de las condiciones académicas exigidas para el acceso”, el sindicato considera que se dan “razones ideológicas y económicas que impiden en la práctica esa igualdad de oportunidades”.
