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La demanda de las nuevas ayudas de emancipación para jóvenes vascos "desborda" al Gobierno

Interior de una vivienda en alquiler

Con el paro y la precaridad como telón de fondo, el problema de la emancipación de los jóvenes es una realidad en Euskadi. La media de edad es superior a los 30 años, cuatro más que en el conjunto de Europa. En ese contexto se enmarca el programa Gaztelagun, una nueva ayuda de hasta 250 euros para favorecer el alquiler de viviendas en solitario o en compañía para jóvenes de entre 23 y 35 años con ingresos no superiores a 15.000 euros brutos anuales y que lleven al menos un año de residencia efectiva en el País Vasco. La iniciativa entró en vigor con las doce campanadas que dieron inicio a 2019 y el Gobierno vasco se dice "desbordado" por el interés que ha generado el programa.

Según datos oficiales del Departamento de Vivienda, en plena Nochevieja, a las 00.52 horas, ya llegó la primera solicitud de la nueva prestación. En total, nueve personas hicieron todos los trámites por Internet ek día de Año Nuevo. Hasta las 16.30 horas de este miércoles, son ya 18 los expedientes abiertos, a los que se suman los que hayan podido tramitarse presencialmente en las oficinas de Atención Ciudadana o de Vivienda de las tres capitales (4 en Vitoria, por ejemplo). El servicio telefónico habilitado expresamente para el programa Gaztelagun ha atendido 74 consultas y 13 personas más se han dirigido por 'email' para recabar información.

El programa fue anunciado a mediados de diciembre y el primer día en que estuvo operativa la 'web' de Gaztelagun acumuló 1.500 visitas. Más de 20.000 personas en total han accedido a esa dirección, donde se ofrece un simulador para que los potenciales beneficiarios puedan conocer si tienen derecho a la ayuda económica. Alrededor de 3.500 de ellos han rellenado todo el formulario hasta el final, más que la demanda inicial prevista para 2019, 2.500 jóvenes, que iban a crecer hasta 4.500 en 2020 y hasta 6.000 en 2021.

La dotación económica inicial del programa es de 5 millones de euros y es finita, es decir, la ventanilla se cerrará hasta 2020 si la demanda agota ese presupuesto. Gaztelagun prevé un gasto total de 54 millones de euros durante toda la vigencia del programa: hasta 2021 se concederán prestaciones de tres años de duración, por lo que los últimos beneficiarios acabarán de cobrar las ayudas en 2024.

Euskadi es pionera en España en haber desarrollado el derecho a la vivienda recomendado como principio rector en la Constitución. Una ley establece la obligación del Gobierno autonómico de conceder una vivienda protegida a todo aquel que cumpla los requisitos o, en su defecto, a abonar una ayuda de hasta 250 euros para poder acceder al mercado libre. Fuentes de Vivienda explican que ante la elevada demanda de este derecho por parte de personas con menos ingresos y más cargas familiares y teniendo en cuenta la inexistencia de pisos suficientes para cubrirla, muchos de los potenciales beneficiarios de Gaztelagun "por baremo se quedarían fuera", por lo que este plan específico puede constituir una alternativa para acelerar la emancipación.

Se plantean algunas restricciones, eso sí, como por ejemplo que el alquiler máximo subvencionable no pase de 750 euros en las capitales, algo menos en el resto de municipios. La normativa permite compartir un piso, aunque para esos casos la prestación no cubrirá más del 60% de la renta. Se da la circunstancia de que lo que se contempla como positivo para los jóvenes se penaliza para los perceptores de la renta de garantía de ingresos. La última reforma propuesta por el Gobierno de PNV y PSE-EE -pendiente de ser tramitada en el Parlamento- incorporaba precisamente como una de sus medidas más importantes limitar el pago a una prestación por vivienda.

Desde el Gobierno indican que anualmente se hará una revisión de la situación económica de los perceptores a través de la declaración del IRPF para comprobar que ninguna exceda de los ingresos fijados o, por el contrario, que no llegue a los mínimos que se entienden básicos para poder hacer frente a una vida independiente. Hay mecanismos antifraude como la prohibición de que el contrato de alquiler subvencionado lo sea con un familiar y la prestación es incompatible con otros programas de Vivienda, sean del Gobierno vasco o de cualquier otra institución.

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Publicado el
2 de enero de 2019 - 21:13 h

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