Adela Asúa: “El peligro de que los derechos queden a la intemperie sigue ahí”
Adela Asúa ha sido durante muchos años catedrática de Derecho Constitucional antes de entrar a formar parte del tribunal que interpreta la Constitución española. Y antes también fue miembro de Gesto por la Paz y de la Asociación pro Derechos Humanos en los tiempos en los que estaba presidida por el magistrado y hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, Juan Luis Ibarra.
Por eso no les debió sonar raro ayer a las decenas de personas que se acercaron a la primera conferencia del ciclo de seis organizado por el TSJPV y el Ararteko para conmemorar los 25 años de existencia de ambas instituciones que Adela Asúa comenzara su intervención citando el título del informe de Amnistía Internacional de 2011: “Los derechos, a la intemperie”. La actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional evitó un discurso catastrofista en relación con el estado de los derechos humanos. Y pese a la sucesión de “claroscuros dramáticos”, “agravios” y “barbaridades” ocurridas en todos estos años, la magistrada hizo un “balance positivo” de los derechos humanos.
Más crítica se mostró con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2007. Una reforma que logró el objetivo que se proponía de acabar con el “atasco” y la “acumulación de recursos” en ese tribunal, pero a costa de obligar a los recurrentes que buscaban su amparo a tener que justificar la “especial trascendencia constitucional” del recurso. Una “carga adicional” para los recurrentes, admitió Asúa, que ha incrementado la ya altísima tasa de inadmisión que arrastraba el Constitucional. Si en 2007 se presentaron unos 10.000 recursos de amparo, el pasado año finalizó con 7.300, unos niveles un poco más altos que los que existía en 2000 (con 6.700 recursos). La magistrada apuntó la necesidad tal vez de “revisar la exigencia de este requisito”, ya que el 60% de las inadmisiones tienen su origen en la no justificacion por parte del recurrente de la “especial trascendencia constitucional” que marcaba la reforma de 2007.
“Rigidez” del tribunal
“Esta rigidez en la práctica del tribunal”, reconoció Asua, “lleva a restringir la entrada de casos importantes” relacionados con desapariciones de la Guerra Civil, niños secuestrados y otro tipo de causas que han tenido un impacto mediático importante. Con todo, reconoció que se había “cumplido el objetivo de descongestionamiento del tribunal. No hay dilación”.
Y al terminar su intervención, ante las decenas de juristas, políticos, parlamentarios, fiscales, magistrados y catedráticos universitarios reunidos en la parte noble del alto tribunal vasco, retomó su preocupación por la situación de los derechos humanos. Y recordó que “el peligro de que los derechos queden a la intemperie sigue ahí”. Le acompañó ayer en la charla el magistrado ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, y durante seis años también catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad vasca, Alejandro Sainz, quien disertó sobre la actuación de ese tribunal a lo largo de sus 50 años de vida.
Sainz defendió que el legislador español apruebe, en la reforma que se tramita ahora de la Ley de Enjuiciamiento, la herramienta legal que defina cómo cumplir las resoluciones del Tribunal de Estrasburgo. “Que el legislador haga lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo” y que las “leyes procesales prevean los cauces específicos de reparación” cuando España sea condenada. Con todo, Sainz recordó que el Reino de España ha sido condenada en 35 años 64 condenas, de las 125 resoluciones dictadas sobre recursos de origen español, una tasa muy inferior a otros países europeos como Francia, Italia o Alemania.
