Desmadejar la trama económica de De Miguel, el maratón más largo del juez Roberto Ramos

El juez que investigó el 'caso De Miguel', Roberto Ramos

El magistrado Roberto Ramos González (Vitoria, 1971) fue la persona que dirigió durante cinco años la investigación del mayor sumario de corrupción conocido en Euskadi, el 'caso De Miguel', que ha concluido este martes con una sentencia de 1.186 folios que avala con claridad su trabajo -cuestionado por tierra, mar y aire- y que fija altas condenas a varios exdirigentes y excargos del PNV. Maratoniano enrolado en el equipo del mismísimo Martín Fiz y con una plusmarca nada desdeñable de 2 horas y 47 minutos, Ramos está acostumbrado a carreras de fondo por todo el mundo y a duros entrenamientos, incluso de noche en estos días de invierno. Pero esta causa ha sido sin duda la mayor prueba de resistencia que ha tenido que superar. Y la ha cerrado con una medalla de oro.

Ramos se incorporó a la carrera judicial en 1998 tras especializarse precisamente en derecho económico en Deusto. Empezó en Calahorra (La Rioja) y muy pronto descolló. En el año 2000, un reportaje de 'El País' destacaba que su juzgado fue el primero de toda España en implementar una pulsera para grabar en el interior de un domicilio con garantías judiciales para evitar un caso de violencia doméstica. Luego cambió varias veces de destino (Miranda de Ebro en Burgos y Bilbao ya en Euskadi) hasta tomar posesión en 2007 del Juzgado de Instrucción 4 de Vitoria que centralizó la investigación del 'caso De Miguel' a partir del 17 de marzo de 2010, cuando ordenó el arrestó de Alfredo de Miguel y otros siete acusados.

"Fue un trabajo descomunal para los medios que había", indican fuentes judiciales de Vitoria que conocen aquellos primeros pasos. Ramos, además de la llevanza del mayor sumario de corrupción -los folios apilados podrían llegar al techo de una habitación- no se vio liberado de los asuntos ordinarios y urgentes de un juzgado normal. Ello incluía desde levantamiento de cadáveres, guardias en atentados de ETA como el del cuartel de la Guardia Civil en Legutio, ajustes de cuentas por narcotráfico o juicios de faltas. Los refuerzos que ha tenido la Audiencia Provincial de Álava en la fase final del juicio -la ponente de la sentencia ha estado meses liberada para el caso, por ejemplo- no existieron en su momento. "No había ni una tablet", ironizan desde el Palacio de Justicia. "Para lo que había, lo que se ha logrado es muy importante", se felicitan las fuentes consultadas.

Ramos dirigió un equipo compuesto básicamente por una funcionaria -Arantxa- y un ertzaina -Gorka- y tuvo la colaboración del fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre. No les faltaron las presiones. Tampoco las críticas periódicas de dirigentes del PNV. Incluso se produjeron accesos indebidos al atestado por parte de otros policías cercanos a los acusados. El equipo jurídico de Alfredo de Miguel para su defensa, en los momentos críticos, estaba compuesto por más personas que el equipo investigador. En los pasillos del Palacio de Justicia le recuerdan aún paseando con un carrito en el que trasladaba el inmenso expediente judicial antes de las declaraciones. En un cuaderno tomaba notas y hacía esquemas para desmadejar un trama tremendamente compleja por la opacidad de muchos movimientos económicos y el abundante material. No hubo un solo mes entre marzo de 2010 hasta que finalizó la instrucción en que no hubiera diligencias, como revela la simple comprobación del índice de los tomos.

La operación que nunca ha tenido más nombre que los sucesivos códigos numéricos de las diligencias se puso en marcha el 17 de marzo de 2010. Ramos tomó una decisión que ha sido clave: detener a los principales acusados y registrar sus domicilios y despachos. Ello permitió lograr pruebas que luego se han demostrado fundamentales. Tal es el caso de un cuaderno en casa del dirigente peneuvista Koldo Ochandiano con notas sobre comisiones y dinero negro. Para evitar filtraciones, el asunto se llevó con el máximo sigilo. Sólo el fiscal Izaguirre, que había iniciado una preinvestigación en diciembre de 2009 tras recibir una denuncia de la empresaria Ainhoa Alberdi, conocía el alcance del asunto. La noche del 16 de marzo de aquel año, Ramos vio 'La Traviata' en Bilbao, una ópera coprotagonizada por un personaje llamado Alfredo.

Aquel arranque le ha supuesto duras críticas. Los abogados de los imputados ahora condenados han planteado todo tipo de teorías sobre manipulación de pruebas o rupturas de la cadena de custodia y han hablado de investigaciones "extrasumariales". Gonzalo Susaeta, letrado de De Miguel y recientemente elegido como uno de los mejores de España, llegó a decir públicamente de que la investigación era más paranormal que Cuarto Milenio y extendió sus críticas al fiscal y a la Ertzaintza. "No hay precintos, hay mutaciones, hay evidencias de papel que se han podido alterar, introducir o suprimir y tenemos constatación, que no indicio, de que durante siete meses todas y cada una de las evidencias estuvieron fuera del procedimiento, del control y custodia del secretario judicial", aseveró Susaeta.

Pocas voces han salido públicamente a defender el trabajo de estos funcionarios. Sí lo hizo el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, después de que el portavoz del PNV, Joseba Egibar, denunciara su intencionalidad política. Egibar, que abrazó públicamente a De Miguel, defendió hasta el último momento que su amigo no se había enriquecido y que la investigación no tenía recorrido. "La libertad de expresión cubre eso y muchas más barbaridades", enfatizó Ibarra sobre la "honrada" y "de alta calidad" labor de Ramos.

Ahora también la sentencia del caso deja claro que las "elaboradas elucubraciones de los defensores" no tenían ni fuste ni fundamento. "Se ha contemplado en todo momento el ordenamiento jurídico [...]. Hay que ratificar la labor del juzgado de instrucción", se puede leer en el fallo sobre la investigación judicial de este asunto.

Al poco de finalizar la investigación, en 2015, Ramos cambió de destino. Sin salir del Palacio de Justicia de Vitoria, el magistrado es el titular del Juzgado de lo Penal 2. Celebra juicios habitualmente alejados de los focos. Hubo una excepción esta primavera. Hace sólo unos meses, mientras se redactaba la sentencia del 'caso De Miguel', a Ramos le correspondió analizar la conducción temeraria del presidente de Mercedes-Benz en España y responsable de la fábrica de Vitoria, Emilio Titos. El abogado del empresario era Gonzalo Susaeta. Además, el fiscal del caso era Manuel Pedreira, experto en seguridad vial pero también asistente de Izaguirre en el juicio de corrupción, donde jugó un papel clave en las negociaciones con los acusados para intentar lograr confesiones.

Ramos condenó al cliente de Susaeta por provocar un accidente con un vehículo deportivo de la marca alemana. Y la Audiencia de Álava ratificó recientemente su resolución. El martes, tras tomar un café con sus colegas Pedreira e Izaguirre captado por las cámaras, Ramos subió discretamente a la sala de prensa del Palacio de Justicia. Se sentó en la última fila con la sola compañía de un cuaderno y un 'bic' azul, escuchó la lectura de las condenas y bajó a felicitar a su equipo investigador. Había completado otro maratón, el más largo de su carrera.

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18 de diciembre de 2019 - 23:24 h

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