Diputación de Gipuzkoa analizará el “blindaje” de las normas forales que permiten implantar peajes en carreteras

La Diputación de Gipuzkoa analizará el “blindaje” de las normas forales que permiten la implantación de peajes en carreteras, según ha anunciado la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, quien ha afirmado que “tal y como se hizo con la regulación de las normas fiscales, este paso busca dar seguridad jurídica al proyecto que permite sufragar los gastos del mantenimiento de las vías de alta capacidad como la N-1”.

Oiarbide, ha comparecido, a petición propia, ante la comisión de Infraestructuras de las Juntas Generales de Gipuzkoa y ha explicado que la última sentencia del TSJPV que anula los peajes de camiones en la N-I y A-15 “no se corresponde en absoluto con la directiva europea”.

La diputada ha confirmado que desde su departamento seguirán trabajando con la Comisión Europea a fin de conseguir un pronunciamiento sobre la no discriminación del sistema de peajes planteado por Gipuzkoa y cuyo dictamen ha sido positivo.

Oiarbide ha aprovechado la comparecencia ante la comisión de Infraestructuras Viarias para adelantar que la Diputación está estudiando poner en marcha una iniciativa para blindar las normas forales de carreteras, al igual que hizo anteriormente con las normas fiscales.

“Hoy en día cualquiera puede recurrir una norma foral ante el TSJPV por el contencioso administrativo y esto hace que dichas normas sean vulnerables. Aunque las normas forales tengan carácter reglamentario, en la práctica tienen consideración de leyes, y debemos protegerlas”, ha manifestado.

En ese sentido, según ha recordado, “la competencia de las carreteras es exclusiva, y por consiguiente, la financiación también es exclusivamente nuestra”. “Para nosotros es primordial financiar el mantenimiento de este tramo tan transitado de la red viaria guipuzcoana mediante el cobro a los vehículos pesados. Se estima que diariamente circulan alrededor de 12.000 camiones por esta carretera y lo justo es que paguen todos esos usuarios”, ha añadido.

La diputada de Infraestructuras Viarias ha adelantado que este debate se daría en el Parlamento Vasco, elevando después una propuesta de ley al Congreso de los Diputados. Esta tramitación estará precedida por un informe jurídico que en la propia comparecencia han solicitado los junteros a la Diputación.

TRÁMITE JUDICIAL

Además de explorar esta vía del blindaje de las normas forales de carreteras, la diputada ha precisado que se seguirá con el trámite judicial y la institución foral presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días previsto en la sentencia.

En su exposición, la responsable foral se ha mostrado muy crítica con el sentido de la sentencia y ha remarcado que la citada Norma Foral 6/2018 “fue redactada escrupulosamente, siguiendo la directiva europea que ordena el pago por uso en los ejes transeuropeos y tras obtener los avales pertinentes por parte de la Comisión Europea”.

Asimismo, ha recordado que el proyecto de Norma Foral fue enviado a instancias europeas como paso previo a su aprobación en Juntas Generales y “contó con el plácet de los responsables comunitarios”.

Oiarbide ha negado “rotundamente” que la Norma Foral sea discriminatoria con los transportistas no residentes en Gipuzkoa, como señala la sentencia. “El 70% de los movimientos internos realizados en Gipuzkoa lo realizan transportistas de fuera del territorio, en contra de lo que estima la sentencia, y tal y como demuestran los datos auditados del sistema AT, los guipuzcoanos no sólo hacen trayectos internos, sino que también hacen trayectos mixtos y de largo recorrido”, ha afirmado.

En esa línea, ha considerado que la sentencia “no tiene en cuenta ninguno de los datos aportados por las defensas”, ya que “ni los nombra, ni los analiza, ni los rebate”. La diputada ha finalizado su intervención incidiendo en la “inseguridad jurídica” que crea esta sentencia.