Las tres diputaciones han sacado el arsenal fiscal para intentar amortiguar los efectos que la crisis provocada por el coronavirus está teniendo entre las empresas y las familias. Desde que comenzó la pandemia, los tres ejecutivos forales han ido aprobando diferentes medidas para flexibilizar las obligaciones tributarias y mejorar la liquidez, pero la profundidad de la crisis les ha llevado a dar luz verde a más impulsos centrados en IRPF e Impuesto de Sociedades.

Gipuzkoa

La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado un decreto para flexibilizar tratamientos fiscales, ampliando plazos cuando sea necesario. En el caso del IRPF, destaca

el alargamiento de plazos en dos casos relacionados con la compra de vivienda habitual. Por una parte, existe un plazo de cinco años desde la apertura de una cuenta vivienda hasta la compra de un inmueble que, ahora, se alarga hasta final de año para aquellas personas contribuyentes a las que se les acaba el plazo en este periodo de excepción.

Una medida similar se ha aprobado para el caso de reinversiones por compraventa de vivienda habitual. En estos casos, la venta suele estar exenta durante dos años entre la venta de la primera vivienda y la adquisición de la segunda. Ahora, se añade un año más a ese plazo.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, en el caso de las reinversiones de empresas se alargan plazos de exención. En los casos en los que esa exención acabe a final de año, se alarga un ejercicio más.

Álava

La Diputación de Álava prevé una caída de la recaudación de más de 500 millones de euros este año, lo que tendrá una afección en el presupuesto foral de alrededor de 100 millones. A pesar de eso, el plan de recuperación del territorio e el que trabaja va a asegurar el mantenimiento el presupuesto actual de Políticas Sociales y va a mantener también la inversión en obra pública.

En cuanto a las medidas fiscales, este plan prevé mejoras para rescatar los planes de pensiones. Así, la Hacienda no penalizará estos rescates en los casos de trabajadores por cuenta ajena en ERE o en ERTE, y también personas trabajadoras autónomas. Se ampliarán también los plazos para la obtención de beneficios fiscales, como la cuenta vivienda o las deducciones por reinversión tras la venta de la vivienda habitual.

También se ampliarán plazos en el Impuesto sobre Sociedades para la reinversión y materialización de inversiones, como en el caso de Gipuzkoa. Respecto a la situación de las empresas alavesas, al principio de la pandemia ya se aprobaron varias medidas para facilitar la liquidez a las pymes, a los autónomos y a los contribuyentes individuales, que ha tenido un impacto de 180 millones de euros.

Bizkaia

Por su parte, Bizkaia ha aprobado una deducción del 60 % en el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2019 para impulsar la reactivación económica. La podrán aplicar empresas afectadas por la COVID-19 y deberán destinarla a crear empleo, compensar pérdidas o invertir en I+D. Todos los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades se podrán beneficiar excepto las sociedades patrimoniales y grupos fiscales.

En el caso de que la actividad se haya visto reducida por culpa de la pandemia, deberán cumplir dos criterios: que su volumen de operaciones correspondiente al primer semestre del año 2020 sea, como mínimo, un 25 % inferior al volumen de operaciones del primer semestre del año 2019; y que en el ejercicio 2019, tengan un resultado contable positivo, y que el resultado contable correspondiente al primer semestre del año 2020 sea, como mínimo, un 50 % inferior al resultado contable del primer semestre del año 2019.

Los contribuyentes que se acojan a la deducción extraordinaria tendrán que dedicar ese dinero, antes de que concluya el ejercicio 2020, a la compensación de las pérdidas de 2020.

En el ámbito del IRPF, fomenta la actividad de sectores afectados mediante una deducción del 10 % de las cantidades satisfechas por la realización de obras de renovación en la vivienda habitual, con un límite máximo de 1.500 euros; e incentiva la digitalización de la actividad comercial mediante una deducción del 10 % de las cantidades destinadas por personas físicas que realizan actividades económicas a introducir herramientas digitales en sus procesos de comercialización y venta, con un límite de 300 euros.