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Se disparan los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en Euskadi

El fiscal general del País Vasco, Juan Calparsoro, atiende a los medios.

Eduardo Azumendi

Prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Estos son los delitos que más han crecido a lo largo de 2014 en la comunidad autónoma, según los datos de la Memoria Fiscal de 2014 en Euskadi. En total, se registraron 202 procedimientos penales frente a 66 del año 2013, es decir, una subida del 206%. Estas infracciones forman parte del capítulo de delitos contra las administraciones públicas. Además, hay que añadir el relevante número de diligencias de investigación abiertas por las fiscalías por estos delitos: 51.

Y dentro de los delitos económicos contra la administración, el capítulo dedicado a la desobediencia a la autoridad es el más nutrido con un total de 121 procedimientos frente a los 26 de 2013. Eso significa que las instituciones, especialmente ayuntamientos y diputaciones, se mostraron reacias a colaborar en las investigaciones, a enviar un dato, una documentación o incluso a responder a un requerimiento que muchas veces proviene del Tribunal de Cuentas, pero también de otros órganos fiscalizadores.

Las prevaricaciones administrativas han ascendido a 29, mientras que los delitos de malversación de caudales públicos han pasado de 4 (2013) a 27. Para Calparsoro, el aumento de los delitos económicos puede deberse a la mayor “concienciación” por los órganos fiscalizadores que denuncian los hechos.

Pulseras telemáticas

Pulseras telemáticasEn la presentación de la memoria, el fiscal también abordó todo lo relacionado con las pulseras telemáticas (las que se colocan a los maltratadores para evitar la reincidencia) y su mal funcionamiento. Las tres fiscalías han reconocido que constan quejas y que debe abrirse el debate. Por ejemplo, en Álava apenas hay dos en circulación, según expuso el fiscal Josu Izagirre. El dispositivo, que cuesta unos 3.000 euros funciona con una distancia mínima de 500 metros. Por lo general, tanto el maltratador como su víctima suelen vivir cerca y no en todos los casos el supuesto agresor tiene medios económicos, familiares, etc., para poder cambiar su residencia.

En cuanto a los delitos cometidos por menores, se incoaron 260 procedimientos por lesiones, 181 por robo con fuerza, 143 por robo con violencia, 198 por hurto, 120 por delito de daños, 25 por tráfico de drogas, 163 por violencia doméstica y 11 por violencia de género. Así, subieron un 14% los de violencia doméstica, que pasaron de 142 a 163. “Ha habido un incremento relevante, preocupante. Tampoco estamos hablando de cifras escandalosas, pero hay que estar vigilantes”, ha destacado Juan Calparsoro.

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