División entre los comisarios de la CE que deciden hoy sobre la multa a los astilleros
El Colegio de Comisarios de la Comisión Europea debate hoy la propuesta de multa contra el sector naval español, que afecta a 19 astilleros, cinco de ellos en Euskadi. El comisario de Competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, propondrá, salvo sorpresa, imponer sanciones a las operaciones realizadas entre 2007 y 2011 mediante el llamado 'tax lease', el sistema de ayudas que recibió el sector naval entre 2005 y 2011 para financiar la construcción de buques.
El sector, desde los sindicatos hasta la asociación de los astilleros Pymar, son pesimistas pese a las gestiones realizadas tanto desde el Gobierno central como los autonómicos afectados (Euskadi, Galicia y Asturias), que han incluido una gestión directa del presidente español Mariano Rajoy ante el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. La fuerte presión ejercida en el último mes ante Almunia ha llevado a que realizara hasta tres borradores diferentes de su propuesta de resolución: en el primero eximía del pago de la multa a los astilleros y la dejaba en armadores y financiadores; en el segundo, realizado la pasada semana, limitaba el pago a los financiadores, y el lunes trasladaba un tercer documento que reducía el ámbito de aplicación de la multa en dos años, desde 2007 a 2011, el ejercicio en que se incoo el expediente de investigación. El Gobierno vasco valora estos “pequeños pasos” aunque admite que “es complicado” que se retire la multa, aseguran portavoces oficiales.
¿Habrá cuarto borrador? Parece complicado, salvo que Durao Barroso intervenga directamente o haya un movimiento contrario significativo entre el resto de los comisarios. Son un total de 28, de los que seis, según las fuentes consultadas por El Diario Norte, son contrarios a la imposición de la multa. La influencia y presión que se haya podido ejercer estos días hacia el resto será determinante en la decisión que se adopte mañana.
Las últimas propuestas del comisario Almunia de eximir a astilleros y armadores y la reducción en dos años del plazo no satisfacen al sector naval, puesto que en las cláusulas de los contratos del tax lease se establece que cualquier problema con la financiación deberán ser asumida por los astilleros.
El comisario europeo ha negado siempre que la multa calculada en cerca de 3.000 millones de euros tenga impacto directo en el sector, ni en los astilleros ni en los 87.000 empleos directos e indirectos. El problema es que el asunto se judicializará y los astilleros, ante la inseguridad jurídica, tendrán muy complicado acceder a contratos de construcción de barcos.
De hecho, en los dos años que ha durado la investigación del tax lease por la CE, la industria naval española ha perdido 50 contratos a favor de sus competidores europeos, como Holanda y Noruega. Y en este conflicto hay un dato que no ha pasado desapercibido en los pasillos de Bruselas: el director de Competencia de la CE, el cargo inmediatamente inferior al de Almunia, es holandés y otros dos altos funcionarios del área de Competencia proceden del mismo país, de cuyos astilleros partió la denuncia investigada por Bruselas.
